Esta ley, por primera vez, se pone del lado de los agricultores y ganaderos, del lado de los precios justos.
El sector tiene que sentirse respaldado por la Junta de Andalucía cuando va a negociar los precios, con estudios de costes y precios actualizados que puedan servirles de indicadores.
Todas las administraciones tienen que poner de su parte, el Gobierno estatal lo ha hecho, ¿piensa hacerlo la Junta de Andalucía?