La venta de los suelos de Altadis y las modificaciones urbanísticas asociadas representan un caso paradigmático de cómo las decisiones urbanísticas pueden alejarse del interés público en favor de intereses privados. En este proceso, el barrio de Los Remedios, ya gravemente deficitario en dotaciones públicas, vuelve a ser víctima de un modelo de ciudad que privilegia la especulación sobre las necesidades reales de sus habitantes.
He tenido acceso a un recurso de alzada presentado contra la licencia de obras, y pone de manifiesto graves irregularidades en la tramitación de la Modificación Puntual 54 del PGOU. Al tratar estos suelos como «Urbano Consolidado» y no como lo que realmente son —una actuación de dotación que exige compensaciones públicas claras y proporcionales al incremento de aprovechamiento—, el Ayuntamiento no solo ha incumplido con el principio de participación comunitaria en las plusvalías urbanísticas, sino que también perpetúa la falta de servicios básicos en un barrio que ya cuenta con las peores ratios de la ciudad.
Es inaceptable que decisiones de este calibre se tomen ignorando el déficit estructural de dotaciones que afecta a Los Remedios. En lugar de avanzar hacia un modelo que corrija estos desequilibrios, se refuerzan dinámicas que marginan el interés colectivo, dejando a las vecinas y vecinos sin espacios verdes, equipamientos sociales o infraestructuras que mejoren su calidad de vida.
En este asunto no cabe más que la oposición a esta operación urbanística y exigir la revisión de la Modificación Puntual 54. La transformación de los suelos de Altadis debe estar acompañada de una compensación justa que beneficie a los habitantes de Los Remedios y del conjunto de Sevilla, asegurando cesiones de suelo público para dotaciones que realmente cubran las necesidades del barrio. El urbanismo debe ser una herramienta al servicio de la gente, no un vehículo para la especulación.
El equipo de gobierno debe reconsiderar su postura y actuar con responsabilidad, priorizando el bienestar de la ciudadanía por encima de los intereses particulares. Si no se corrigen estas irregularidades, no solo se estará consolidando un modelo insostenible de ciudad, sino que se estará traicionando el mandato constitucional de planificar en función del interés general.