La madrugada del 3 de enero de 2026 pasará a la historia como uno de los días más graves en las agresiones de Estados Unidos a América Latina. Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, sufrió explosiones y ataques aéreos que estremecieron barrios enteros, mientras habitantes salían despavoridos a las calles ante el estruendo y el paso de aeronaves militares a baja altura. Vecinos reportaron detonaciones cerca de instalaciones estratégicas como el Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota, y testimonios recogidos describieron un clima de pánico y confusión que nadie debería normalizar.
El gobierno venezolano y el mundo responsabilizan directamente a Trump y Estados Unidos por una agresión militar deliberada contra el pueblo y el territorio venezolanos, calificándola de violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y de principios elementales de soberanía y autodeterminación. El ataque no fue un acto aislado, sino parte de un patrón de intensificación que Washington ha venido impulsando desde hace meses, con sanciones, bloqueos, ataques marítimos a barcos, despliegues militares en el Caribe y ahora una escalada que pone en riesgo vidas humanas.
No es exageración histórica afirmar que estamos ante un momento crítico. Se trata de un Imperio que, bajo la administración Trump, ha reafirmado su tradición intervencionista, un Imperio que desde finales de 2025 ha presionado para quebrar la independencia política de Venezuela y poner sus recursos estratégicos —petróleo, minerales y posición geopolítica— al servicio de sus propios intereses hegemónicos. La narrativa de “defensa contra el narcotráfico” y “seguridad hemisférica”, usada repetidamente por Washington, ha sido una máscara para una política de dominación que se remonta a siglos de intervenciones en Nuestra América.
La justificación de Trump y sus halcones no puede disfrazar la brutal realidad: bombardear un país soberano es un acto de guerra. Y aunque la Casa Blanca no haya emitido una declaración oficial detallada ante el mundo, la evidencia de explosiones —al menos siete según múltiples informes— y el sonido de aeronaves militares sobre Caracas son un grito de alerta para toda la región.
Desde cualquier perspectiva democrática y humanista, lo que ocurre es, en esencia, un ataque al derecho de los pueblos a decidir su destino sin injerencias externas. La historia nos ha enseñado —desde las invasiones a Cuba hasta Vietnam, desde Irak hasta Afganistán— que las intervenciones norteamericanas rara vez traen paz, justicia o bienestar a las naciones afectadas. Traen dolor, destrucción y secuelas que duran generaciones.
Hoy, Venezuela no solo es el blanco de un bombardeo; es el símbolo de una resistencia continental que rechaza las políticas imperialistas.
Me sumo al llamamiento a movilizarse, a denunciar ante la ONU, gobiernos y organismos internacionales, un llamado a la solidaridad internacional. Porque la lucha de Venezuela no es solo venezolana: es la lucha de toda América Latina y el Caribe contra las amenazas que buscan dividirnos y someternos.
Para quienes creemos en la paz, en la justicia social y en la autodeterminación de los pueblos, este ataque debe despertar no solo indignación, sino una respuesta firme de solidaridad activa. No podemos ni debemos aceptar que el mundo bipolar del poder hegemónico tolere —sin consecuencias— la violación sistemática de los derechos fundamentales de una nación soberana.
La historia recordará este momento. ¿Estaremos del lado de la autodeterminación y la justicia, o seguiremos siendo meros espectadores del poder destructivo de los imperios? Hoy, más que nunca, la respuesta debe ser clara: paz, no intervención; justicia, no hegemonía; soberanía, no imposición.