Hoy 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, he mantenido, junto a representantes de otros gupos parlamentarios, un encuentro de trabajo con miembros de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de Andalucía (CJA) para abordar las demandas y propuestas en materia de juventud para el próximo periodo de sesiones del Parlamento de Andalucía. Existe un alto grado de coincidencia en el análisis entre el órgano de participación juvenil en materias de empleo, vivienda, educación, salud, transporte, medio ambiente, feminismo… y Adelante Andalucía.
El CJA es una plataforma independiente formada por organizaciones juveniles y que representa a la juventud asociada de Andalucía, que en los últimos tiempos se está encontrando con una serie de trabas que dificulta su labor como órgano de representación y participación juvenil. Y mucho nos tememos que la intención del gobierno de la Junta de Andalucía (PP-Ciudadanos con el sustento de Vox) sea suprimir este organismo silenciando la voz de los jóvenes y desvirtuando el modelo de participación juvenil.
Llamativo es que la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz Domínguez, de quién depende el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) no se haya reunido aún con el Consejo, que según ley es reconocido como legítimo representante de la juventud e interlocutor válido ante las instituciones andaluzas. Nuestros jóvenes asociados ahora se encuentran con una serie de cambios e imposiciones por parte del IAJ, y estoy convencido que la dirección del CJA no se niega a debatir y estudiar con la Administración una posible revisión del modelo que debe regir en el futuro y los cambios que en éste se deben producir para dar un mejor cumplimiento de los fines establecidos para el Consejo de la Juventud, pero dificilmente se puede debatir con quién se niega a reunirse contigo.
Al desentendimiento de la consejera se le une las decisiones políticas tomadas por el director general del IAJ, cambiando a la persona que hasta la fecha se ocupaba de la Secretaría General Técnica del CJA y sobrecargando a este de tareas propias del órgano de gobierno encargado de prestar servicios a la juventud. No cabe pensar, en ningún caso, que el IAJ y CJA puedan ejercer una misma funcionalidad, por tanto, el desarrollo de trabajos para el primero va en detrimento del segundo. A esta situación hay que añadir la no cobertura de bajas laborales del personal funcionarial y laboral.
Las y los miembros de la Comisión Permanente del CJA no reciben remuneración alguna por su labor y encima se ven obligados a adelantar los gastos de desplazamiento o alojamiento que deriven de su participación en foros, reuniones, encuentros… Si tenemos en cuenta la situación general de la juventud andaluza, sin empleo o trabajos muy precarios, contratos temporales, sin o con excasos ingresos… cabe pensar que la intención de esta medida va encaminada a mermar la participación y visualización de las y los representantes de la juventud andaluza. A esto hay que sumarle el recorte que ha sufrido la comisión Permanente en instrumentos logísticos para poder desarrollar su trabajo, dejar a parte de la dirección sin teléfono móvil o dilatar meses la apertura de una simple cuenta de correo electrónico, son algunos ejemplos de ello.
A todo lo anterior hay que añadir la negativa del gobierno andaluz a que el CJA pueda contratar servicios de comunicación y campañas en redes sociales, algo fundamental para que la información llegue a las y los jóvenes de la actualidad.
Por último, los asistentes a la reunión hemos conocido la intención del IAJ de trasladar la sede del CJA a dependencias de la propia Consejería de Igualdad, ejerciendo así un control completo del órgano de participación juvenil. No se ha facilitado información sobre la posibilidad de uso de las dependencias en fines de semana u horarios de tarde-noche, espacios de reuniones… Todo apunta a que la hoja de ruta del gobierno va en la dirección de justificar una duplicidad de organismos, IAJ-CJA, para terminar cargándose el segundo.
Todos estos cambios han sido impuestos unilateralmente por el IAJ, sin que las asociaciones juveniles hayan sido consultadas ni escuchadas acerca de ellos.
Estoy convencido de que nos encontramos ante una eliminación encubierta del único organismo público que sirve de cauce para la participación juvenil y que durante años ha venido representando los derechos e intereses de los jóvenes, defendiendo la mejora de sus condiciones de vida y dando cumplimiento así al mandato del Parlamento de Andalucía en la ley 8/1985 y el propio Estatuto de Autonomía.