El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acaba de aprobar —con 11 votos a favor, 3 abstenciones y la no participación de Argelia— una resolución que renueva la MINURSO y, por primera vez, sitúa el plan de “autonomía” marroquí como base posible para la negociación y la “solución” del conflicto del Sáhara Occidental. No comparto ese giro. Es un error político y moral que ignora la naturaleza descolonizadora de este expediente y que, bajo retóricas de “realismo”, consolida una ocupación. Cuando la comunidad internacional se deja llevar por la comodidad diplomática, la cobardía acaba pariendo crueldad.
Comparto el planteamiento hecho público por el PCE, que denuncia una resolución que perpetúa la ocupación e insiste en el referéndum de autodeterminación; y suscribo también la posición de IU y Sumar, que rechaza el plan de la ONU en la medida en que blanquea la propuesta marroquí y reafirma que solo el pueblo saharaui puede decidir su futuro. No se trata de maximalismo, sino de cumplir el Derecho Internacional y las propias resoluciones de la ONU.
Un supuesto “nuevo consenso” que borra principios históricos (y vigentes)
El relato que se intenta imponer es que, después de medio siglo de bloqueo, hay que ser “pragmáticos”: que la “autonomía” bajo soberanía marroquí es “la salida más factible”. Ese encuadre no es neutral. Desplaza el centro de gravedad desde el derecho a la libre determinación —eje de la doctrina de descolonización— hacia una solución prefijada por la potencia ocupante. No es cierto que el Consejo haya derogado la autodeterminación, pero sí que el nuevo lenguaje la subordina, dando un espaldarazo inédito al marco marroquí. Incluso análisis especializados reconocen que la resolución llama a negociar “tomando como base” la propuesta de Rabat. Eso es un cambio político sustantivo.
Conviene recordar lo esencial: el Sáhara Occidental es un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización. La MINURSO nació en 1991 con un mandato claro: facilitar un referéndum donde el pueblo saharaui pudiera escoger entre independencia o integración. El hecho de que ese referéndum no se haya celebrado no invalida el derecho; denuncia nuestra falta de voluntad para hacerlo cumplir.
No estamos solos: el desacuerdo existe y es significativo
No han faltado voces que, desde dentro y fuera del Consejo, han expresado su rechazo o reservas. Rusia, China y Pakistán se abstuvieron explicando que el texto es desequilibrado y se aparta de las prácticas del Consejo en materia de descolonización. Argelia fue más lejos: se desmarcó de la votación por considerar que la resolución consagra un marco parcial y contrario a los principios de la ONU. Sudáfrica advirtió del sesgo del texto. Incluso declaraciones citadas por la prensa saharaui apuntan a críticas desde Eslovenia sobre la intangibilidad del derecho a la libre determinación. Estas posiciones desmienten la idea de un consenso mundial en torno al plan marroquí.
También el Frente POLISARIO ha sido claro: no participará en ninguna negociación que no respete el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente, y ha presentado propuestas propias —incluida una ampliada el 20 de octubre— para una salida justa y duradera. Puede gustar más o menos, pero es la parte reconocida por la ONU como representante legítimo del pueblo saharaui. Excluir su demanda central del menú de opciones no es negociar: es imponer.
El espejismo de la “estabilidad”
Se nos dirá que la prioridad es la estabilidad regional, que la autonomía “a la marroquí” traería inversiones, orden y paz. La experiencia enseña lo contrario: donde el derecho se aplaza, el conflicto se enquista. Aplazar la autodeterminación ha producido lo que vemos desde hace años: reanudación de hostilidades, frustración acumulada y una juventud saharaui que siente que el mundo le ha dado la espalda. La estabilidad verdadera no se decreta desde Nueva York: se construye con justicia.
Tampoco es cierto que “todo el mundo” respalde la propuesta de Rabat. Es verdad que varios gobiernos occidentales —EE. UU., Francia, la parte socialista del de España, Alemania, Portugal, Bélgica— la han apoyado en distintos grados, lo que explica en parte el resultado de la votación. Pero esa corriente no borra la legalidad internacional ni convierte en obsoleto el derecho a un referéndum. La geopolítica no puede sustituir a los principios.
Qué debería hacer España
España tiene responsabilidades jurídicas, políticas y morales. No puede invocar la “realpolitik” para mirar hacia otro lado mientras se desdibuja el derecho del pueblo saharaui. Mantener una política exterior coherente implica apoyar sin ambages un proceso que culmine en las urnas, con garantías y con todas las opciones sobre la mesa. Eso significa alinearse con el estándar de la ONU en materia de descolonización, no con la agenda de quien ocupa y explota los recursos. Y significa, también, escuchar a la pluralidad política de nuestro país que vuelve a defender con claridad la autodeterminación.
La única salida justa: votar en paz y libertad
No hay atajo que no termine agravando la herida. La propuesta marroquí puede presentarse como “realista”, pero la realidad de fondo es que sustituye un derecho por un arreglo administrativo.
Llamemos a las cosas por su nombre: mientras el sujeto de derecho —el pueblo saharaui— no vote en libertad sobre su estatus, cualquier “solución” será un parche inestable.
Por eso, frente a la inercia y la presión para aceptar lo “menos malo”, reafirmo una convicción simple: la única solución posible —justa, democrática y duradera— es que el pueblo saharaui decida su futuro en paz y libertad, mediante un referéndum de autodeterminación con todas las garantías. No es una consigna; es cumplir lo que la propia ONU marcó como hoja de ruta cuando aún no había cinismo suficiente como para confundir diplomacia con resignación.
Mientras tanto, que no cunda el desánimo entre quienes acompañan esta causa. Hay países que no tragan con el giro, hay sociedad civil alerta y hay un pueblo que, con dignidad, no renuncia a sus derechos. Nuestra obligación es estar a la altura.