La reciente decisión del Gobierno de abordar una condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas debe ser valorada como un avance positivo. Sin embargo, conviene subrayar que se trata de una medida insuficiente para resolver el grave problema estructural de endeudamiento al que se enfrentan nuestras autonomías.
Este endeudamiento no es fruto de una mala gestión coyuntural, sino la consecuencia de dos factores de enorme calado: por un lado, las políticas de austeridad y recortes impuestas por el Partido Popular durante la crisis financiera, que obligaron a las comunidades a endeudarse para poder sostener los servicios básicos; y por otro, un sistema de financiación autonómica caducado desde 2014, que penaliza a determinados territorios y que ningún gobierno se ha atrevido a reformar en profundidad.
Es fundamental recordar que las comunidades autónomas son las responsables de garantizar la inmensa mayoría de los servicios públicos que constituyen el núcleo del Estado del bienestar: sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, vivienda, entre otros. Cuando hablamos de aliviar su deuda, no hablamos de favorecer a “territorios” en abstracto, sino de garantizar recursos para millones de personas que dependen de esos servicios.
Por eso, defendemos y pelearemos en el Congreso por que esta condonación vaya acompañada de medidas de justicia y responsabilidad:
a) Condicionalidad positiva. Ninguna comunidad que se acoja a esta quita de deuda debe poder destinar después sus recursos a rebajar impuestos a las grandes fortunas, como el de Patrimonio o Sucesiones. No podemos permitir que se utilicen fondos comunes para favorecer el dumping fiscal o la creación de paraísos fiscales dentro de España. La solidaridad se construye garantizando igualdad de condiciones, no permitiendo que unos territorios compitan deslealmente contra otros.
b) Atención extraordinaria al País Valencià. La situación del País Valencià exige un trato singular: sus cuentas públicas han quedado gravemente dañadas por los efectos de la DANA, que ha golpeado con especial dureza su economía. Una condonación extraordinaria permitiría a la Generalitat afrontar la reconstrucción y atender a las necesidades de su ciudadanía.
c) Compensaciones bilaterales. Aquellas comunidades autónomas que cuentan con mecanismos bilaterales en sus estatutos de autonomía, como Aragón, deben poder activarlos para demandar compensaciones. Es un derecho reconocido en sus marcos institucionales y un camino para equilibrar las asimetrías actuales.
La reflexión es clara: debemos poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios. Ni los territorios contribuyen, ni son los territorios los que hacen uso de los servicios públicos. Son las personas que residen en ellos quienes sufren las consecuencias de la infrafinanciación, quienes necesitan hospitales, escuelas, residencias y políticas sociales fuertes.
La condonación parcial de la deuda autonómica es, por tanto, un punto de partida, no un punto de llegada. España necesita una reforma profunda del sistema de financiación que garantice igualdad y justicia en el acceso a los servicios públicos. Mientras tanto, medidas como esta deben orientarse a reforzar la cohesión social y territorial, y no a perpetuar desigualdades.
Seguiremos peleando por ello en el Congreso, porque de lo que se trata no es de cuadrar cuentas, sino de garantizar derechos.