«Reclamamos un nuevo decreto de transición, de convergencia de la PAC, creemos que era necesario, pero no era éste el que necesitaban nuestras u nuestros agricultores, se ha hecho con prisas y no ha tenido en cuenta al campo andaluz», ha declarado hoy el parlamentario andaluz Ismael Sánchez quien además denuncia que «Nuestros agricultores han visto afectada la planificación económica que tenían para este año, han realizado importantes inversiones en base a lo que la UE viene dictaminando y contaban con una serie de ayudas que finalmente no van a recibir».
El decreto de transición hacia la PAC de Ministerio de Agricultura establece una convergencia del 70% en 2021 y del 80% en 2022, y consideramos positivo que se equiparen los derechos de los agricultores, aunque hay que advertir de que la propia Comisión Europea no exige que se aplique de forma tan rápida esta convergencia
Además tenemos que denunciar la hipocresía del gobierno andaluz en este tema, ya que desde 2019 se venía trabajando para crear una sola voz en Andalucía, y de forma sorpresiva el presidente de la Junta, el 28 de septiembre del 2020 deja de contar con este grupo, haciendo una declaración institucional.
Hay intereses de que se sigan beneficiando los grandes terratenientes, con un máximo de ayudas que beneficia a aquellos que no cultivan la tierra, “agricultores de sofá”.
Es necesario modificar este Real Decreto, estamos aún a tiempo para este año, y si no es así que se tenga en cuenta para el 2022.
Defendemos otro modelo de PAC, y acusamos de hipocresía al Gobierno andaluz y al Partido Popular que dice una cosa en Andalucía, pero vota otra distinta en Bruselas, no le interesa que se distribuyan mejor los recursos, si no que los acaparen los grandes tenedores de tierra.
Demandamos una política agrícola europea que traiga consigo asentar la población en el territorio, una alimentación sana, el cuidado del medio ambiente, un modelo de agricultura familiar, la incorporación de los jóvenes, la visualización de la mujer, los topes máximos para las ayudas públicas, y queremos medidas de regulación de los mercados porque se imponen precios en origen por debajo de los precios de producción.
No es tarde para modificar este decreto y abrir una mesa de diálogo con las organizaciones agrarias.