En los pasados días 9 y 10 de diciembre (2024) he tenido el honor de participar en la Conferencia Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, celebrada en el Parlamento Europeo en Bruselas. Un espacio de debate y reflexión que, lejos de limitarse al análisis jurídico, ha puesto en evidencia la grave injusticia que se perpetúa sobre el pueblo saharaui y la inaceptable indiferencia de la comunidad internacional, particularmente de la Unión Europea.
La cuestión del Sáhara Occidental no es una mera disputa territorial ni una herencia olvidada del colonialismo. Es una crisis humanitaria y política que afecta a miles de personas despojadas de su tierra, sus derechos y sus recursos. Desde 1975, Marruecos ocupa ilegalmente el territorio saharaui, sometiendo a su población a una constante violación de derechos humanos, mientras explota sus recursos naturales con total impunidad. Todo ello, a pesar de las reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que han dejado claro que Marruecos no tiene soberanía alguna sobre el Sáhara Occidental y que cualquier acuerdo comercial que incluya recursos provenientes de este territorio es ilegal.
En este contexto, mi participación en la Conferencia se centró en denunciar la ambigua postura de la Unión Europea respecto al conflicto. La UE, que se presenta como defensora de los derechos humanos y el derecho internacional, sigue considerando a Marruecos un socio político y comercial preferente, a pesar de su condición de potencia ocupante. Esta contradicción no solo socava la credibilidad de las instituciones europeas, sino que también legitima la opresión y el saqueo que sufre el pueblo saharaui.
En las intervenciones de la Conferencia, muchos de los presentes coincidimos en señalar que esta actitud cómplice responde a intereses geopolíticos y económicos. Marruecos es un actor clave en la contención de la migración hacia Europa y un mercado estratégico para las exportaciones europeas. Sin embargo, esta «realpolitik» no puede justificar el abandono de un pueblo que lleva casi medio siglo esperando justicia.
Durante mi exposición, también quise resaltar el coraje y la dignidad de la resistencia saharaui, tanto en los campamentos de refugiados de Tinduf como en los territorios ocupados. Su lucha es un ejemplo de perseverancia frente a la adversidad, y su voz debe ser escuchada y amplificada. Como representantes políticos y como ciudadanos, tenemos la obligación moral de solidarizarnos con su causa y exigir a nuestras instituciones que actúen con coherencia y responsabilidad.
El Sáhara Occidental no puede seguir siendo un asunto relegado al olvido o a las notas a pie de página de los acuerdos internacionales. Desde Bruselas, regresé con la convicción renovada de que es necesario redoblar los esfuerzos para denunciar esta situación y presionar a la Unión Europea para que asuma un papel activo en la resolución del conflicto. Esto pasa por exigir el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, el respeto al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y el fin de los acuerdos que benefician a la potencia ocupante.
Quiero finalizar este texto recordando que el Sáhara Occidental no es solo una causa jurídica o política, sino una lucha por la dignidad, la justicia y la libertad. Desde Sevilla, desde Bruselas o desde cualquier rincón del mundo, no debemos cesar en nuestro empeño por estar del lado correcto de la historia. El pueblo saharaui cuenta con nuestra solidaridad, y su lucha es también nuestra lucha.