La derecha insiste en presentar cada privatización como una decisión técnica, neutra, casi inevitable. Pero no lo es. Es una opción política e ideológica que responde a un modelo de sociedad en el que las necesidades colectivas se convierten en negocio para unos pocos. Y pocas cosas lo muestran tan claramente como lo que hoy está pasando con la limpieza de los colegios públicos en Sevilla.
En las últimas semanas, el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha la externalización del servicio de limpieza de los 108 centros educativos públicos de la ciudad, mediante un contrato de unos 25 millones de euros ligados a la nueva contrata. Al mismo tiempo, se asegura que “no se va a destruir empleo público”, pese a que sindicatos y entidades sociales alertan de que se trata, en la práctica, de liquidar una vía de empleo estable y digno en la administración local. Un servicio en el que tras la promoción interna, jubilaciones, etc. se irán amortizando plazas. Por no hablar de que nadie podrá, en un futuro, acceder al Ayuntamiento de Sevilla por la vía de estas oposiciones.
No estamos ante un hecho aislado ni ante un simple “cambio de modelo de gestión”. Estamos ante la aplicación, paso a paso, de una hoja de ruta que la derecha lleva décadas ensayando para privatizar servicios públicos en toda Europa.
En la literatura académica sobre privatización de servicios públicos (1) se repiten una serie de patrones: primero se deteriora la gestión pública, luego se exageran sus problemas y, finalmente, se presenta la privatización como única salida razonable. Estudios europeos sobre procesos de privatización evidencian que sus efectos sobre la supuesta “competitividad” son débiles, mientras que el deterioro del empleo y de la calidad del servicio es bien real.
En el caso concreto de la limpieza de los colegios en Sevilla, esta hoja de ruta se ve con claridad:
- No cubrir vacantes y reducir plantilla
En la propia documentación de la Dirección de Planificación del Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento se señala que, uno de los problemas en el servicio de limpieza en lo recogido en la RPT municipal está en las vacantes sin cubrir. Es decir, el servicio no se deteriora “solo”: se deja deteriorar al no reponer personal, al no utilizar la bolsa de empleo, al agotar a la gente que sigue en su puesto. - Aumentar la carga de trabajo y normalizar el deterioro
Menos personas limpiando significa más carga por trabajadora, menos tiempo por aula, menos frecuencia en tareas básicas. Esto afecta a la salubridad de los centros, a la salud laboral de la plantilla y a las condiciones en las que estudian niñas y niños. El deterioro se vuelve paisaje: padres, profesorado y alumnado se acostumbran a que los colegios estén peor, que haya polvo, que los baños no estén siempre en condiciones. - Construir el relato de “lo público no funciona”
Una vez el servicio está suficientemente debilitado, llega el discurso: la gestión directa “no es eficiente”, “no se llega a todo”, “cuesta demasiado”, “no hay personal disponible”. Vemos este patrón en muchos otros ámbitos: desde los servicios sociales hasta la sanidad, donde escándalos como los recientes en la sanidad pública andaluza han puesto de relieve las tensiones entre lógica del beneficio privado y derecho a la salud. - Presentar la externalización como solución técnica inevitable
El paso final es vender la privatización como un gesto responsable: se asegura que no se perderá empleo público, que “todo seguirá igual o mejor”, que lo importante es que “se limpie bien”. En Sevilla, el alcalde José Luis Sanz repite que no desaparecerán puestos municipales, pero el efecto real es que el acceso al empleo pasa de ser mediante oferta pública a depender de una empresa privada, y por tanto se cierran oportunidades de trabajo estable a muchas familias trabajadoras.
Este esquema tiene nombre en boca de sindicatos, AMPAs y movimientos sociales: “dejar morir lo público para justificar su externalización”. No es una frase retórica: está documentada en denuncias de organizaciones sindicales en distintas ciudades, donde se señala que se deja degradar el servicio para, después, alegar que no queda más remedio que privatizar.
En Sevilla, más de 60 AMPAs han denunciado precisamente un deterioro premeditado de la limpieza de los colegios para justificar su privatización, un diagnóstico que encaja con la experiencia de la plantilla municipal y de la comunidad educativa.
La ideología detrás del negocio
La derecha, y en particular partidos como el Partido Popular, comparte una visión muy clara: los servicios públicos no son un derecho a garantizar, sino un coste a reducir y una oportunidad de negocio a explotar. No es una cuestión técnica, es ideológica.
En la sanidad, por ejemplo, años de concesiones a empresas privadas han generado un entramado donde la búsqueda de beneficios se impone sobre la planificación sanitaria, tal y como han puesto de manifiesto sucesivos informes y escándalos en la gestión hospitalaria. En los servicios sociales, el gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Moreno Bonilla impulsa mecanismos de pago por resultados que trasladan la lógica mercantil al cuidado de mayores, personas sin hogar o víctimas de violencia, algo que los profesionales del sector consideran peligroso y excluyente.
Todo este modelo se apoya en una industria de la privatización muy potente a escala europea, con grandes empresas y fondos de inversión especializados en hacerse con contratos públicos de agua, limpieza, energía, sanidad o educación. Informes internacionales han señalado que, lejos de abaratar costes y mejorar servicios, muchas privatizaciones han implicado subidas de tarifas, pérdida de control democrático y precarización laboral, hasta el punto de que cientos de municipios europeos han iniciado procesos de remunicipalización para recuperar servicios que antes habían entregado al mercado.
El caso de la limpieza de los colegios: lo que está en juego
Aplicado a la limpieza de los colegios públicos de Sevilla, todo esto se traduce en consecuencias muy concretas. Diversos estudios y análisis sindicales sobre privatización (2) muestran patrones que encajan con lo que se está anunciando:
– Pérdida de empleo público y de derechos laborales
Aunque se afirme que “no se destruirá empleo”, la realidad es que la externalización implica que, a medio plazo, esos puestos ya no se repongan dentro de la plantilla municipal, sino a través de la empresa adjudicataria. Se pierde una puerta de acceso al empleo fijo, con convenio y estabilidad, y se abre paso a contratos más precarios, con salarios más bajos y peores condiciones.
En un sector feminizado como la limpieza privada, esto significa empeorar la vida de muchas mujeres trabajadoras que ya parten de condiciones de desigualdad. La lógica de la empresa es sencilla: para que el negocio salga rentable, o se paga menos a quien limpia, o se reduce el tiempo destinado a cada centro, o ambas cosas.
– Degradación de la calidad del servicio
La experiencia comparada indica que la externalización de servicios como la limpieza o el mantenimiento suele acompañarse de plantillas ajustadas al máximo, tiempos mínimos y rotación constante, lo que dificulta generar vínculos estables con los centros educativos y un conocimiento profundo de sus necesidades.
Además, la administración pierde capacidad de intervención directa: ya no gestiona a su propio personal, sino un contrato. La respuesta ante problemas cotidianos –refuerzos, sustituciones, incidencias de salud laboral– se vuelve más lenta y opaca.
– Menos control democrático y más opacidad
Cuando un servicio se gestiona desde lo público, hay instrumentos de control político y social: plenos municipales, comisión de control y fiscalización, comisiones permanentes, información pública, negociación colectiva con la plantilla, diálogo con AMPAs y comunidad educativa. Cuando se privatiza, una parte importante de la información se oculta bajo el paraguas del “secreto comercial”, y cualquier cambio se canaliza a través de una empresa cuyo objetivo es maximizar beneficios.
Los sobrecostes, las prórrogas automáticas de contratos, los incumplimientos que no se sancionan… todo eso se ha documentado en múltiples procesos de privatización, en Sevilla tenemos muchos ejemplos, grúa municipal, servicio de ayuda a domicilio… Y los costes extra suelen acabar pagándolos la ciudadanía, no los accionistas.
– Golpe a la escuela pública como espacio de igualdad
La limpieza es una condición básica para que un colegio funcione con normalidad. No es un lujo, ni un servicio accesorio: es salud y dignidad. Convertirla en negocio significa aceptar que esa condición básica se subordina a una cuenta de resultados. En barrios populares donde ya se sufren más recortes y menos recursos, cualquier deterioro del servicio tiene un impacto mayor en las niñas y niños que más dependen de la escuela pública para tener igualdad de oportunidades.
Empleo público fuerte, servicios públicos fuertes
Desde una perspectiva de izquierda, defender la gestión pública directa de la limpieza de los colegios no es una cuestión corporativa ni un capricho sindical. Es una apuesta por un modelo de ciudad en el que lo esencial no se deja en manos del mercado.
Un empleo público fuerte –con plantillas suficientes, estabilidad, derechos laborales y capacidad de planificación– es la mejor garantía de que los servicios se prestan pensando en las personas, no en los márgenes empresariales. La evidencia internacional muestra que muchos municipios que privatizaron servicios como el agua, la energía o la limpieza han tenido que revertir esa decisión ante el encarecimiento, la degradación del servicio y la pérdida de control democrático.
En Sevilla, lo que se discute hoy con la limpieza de los colegios va mucho más allá de quién barre o friega las aulas. Se está decidiendo si la ciudad camina hacia un modelo en el que cada vez más parcelas de lo común se convierten en nichos de negocio para unas pocas empresas, o si se refuerzan los servicios públicos como pilar de igualdad, cohesión social y derechos.
La derecha sabe muy bien lo que hace cuando “deja morir” un servicio para luego privatizarlo. La pregunta es si vamos a permitir que lo haga también con la vida cotidiana de nuestras escuelas, con el empleo de cientos de trabajadoras y con un trozo más del derecho a una educación pública digna. Desde la izquierda, la respuesta sólo puede ser clara: ni un paso atrás en la defensa de lo público.