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Los pequeños agricultores, que en España son la mayoría en número, producen alimentos de excepcional calidad, la mayoría con técnicas tradicionales poco mecanizadas y con menor uso de químicos, siendo los que mantienen la población en el territorio, además de cuidar el medioambiente al mantener cultivos con la importancia que ello tiene en la prevención de incendios, evitando también las consecuencias negativas ante la aceleración del cambio climático en el que estamos inmersos.
Ninguno de los gobiernos actuales o pasados han apoyado decididamente este tipo de agricultura que cumple una función fundamental en la fijación de la población en el medio rural, mantener a la gente en los pueblos de los cuales se está yendo desde hace ya muchos años, la llamada España y Andalucía vaciada, a la que todo el mundo ahora se le llena la boca de tenerla en su agenda política, probablemente porque les suma votos, pero que en realidad siempre se le da la espalda.
Tradicionalmente se ha primado a las grandes explotaciones, ejemplo claro es el reparto de la PAC donde el 80% de las ayudas van al 20% de propietarios, sólo 10 propietarios de tierras se llevan 28.000.000 € en subvenciones, con lo fácil que sería que se pusiesen unos topes por arriba y se reparta más a los propietarios de pequeñas parcelas, y aquí no hay excusa, esa protestad no es de Europa (Europa reparte una cantidad por estado miembro), y es de cada país el que parte de ese cupo puede redistribuirlo de otra forma.
La ofensiva neoliberal de los grandes capitales y multinacionales ha hecho que en España los 6 primeros grupos de distribución de los productos agrícolas concentren el 55 % del poder de compra, esto ataca de lleno al pequeño agricultor que no puede defenderse ante la imposición de precios, dejándolos a merced de Monsanto, Bayer, Dow, DuPont, Syngenta o ChemChina. Consecuencia del abuso del sector de la distribución se está expulsando al pequeño propietario y primando las grandes explotaciones en intensivo controladas por un número reducido de propietarios, basadas en un rendimiento económico a corto plazo aunque ello suponga reventar el débil tejido social que mantiene los pueblos y el propio medioambiente a medio y largo plazo.
Todo ello unido a la liberalización de los mercados hace que estemos en manos de unos cuantos especuladores que están sacando, o mejor dicho robando, el dinero a los agricultores, al que no les salen las cuentas muchas veces siquiera para cubrir costes.
Por todo lo anterior, proponemos someter a votación la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la necesidad de implementar un plan estratégico que refuerce el tejido productivo de los pequeños agricultores y ganaderos que mantienen las pequeñas explotaciones que vertebran el territorio, incidiendo en medidas para que el valor añadido que genere el producto se quede en el territorio.
2.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que a su vez inste al Gobierno de España a que implemente una adecuada Ley de la cadena alimentaria y que vigile su cumplimiento, para que el precio que se paga al agricultor sea justo, evitando la especulación a lo largo de la cadena y sobretodo el abuso del poder de compra con controles estrictos y sanciones ejemplarizantes si fuese necesario.
3.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la implementación de medidas legislativas que impongan mecanismos de transparencia y vigile el acceso de los fondos de inversión y del capital extranjero al sector de la agricultura.
4.- Incentivar, mediante medidas de apoyo económico e incentivos fiscales, por parte del gobierno autonómico el asociacionismo entre pequeños agricultores en cooperativas que sean representativas directas de los intereses de los agricultores.
5.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que a su vez inste al Gobierno de España, ante la inminente negociación con Europa de la PAC, que se incluya en las ayudas acopladas la agricultura tradicional y familiar, pues este tipo de agricultura es la que fija la gente al territorio y lo mantiene en unas condiciones ambientales y de biodiversidad que están en peligro de extinción.
5.- Dar traslado de estos acuerdos a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, y a los representantes de las organizaciones agrarias COAG, UPA y ASAJA.