Adelante propone medidas de ayuda para el sector de la hostelería de ferias.

Ismael Sánchez recuerda que estas pequeñas empresas, normalmente de carácter familiar, sin perjuicio de su estacionalidad generan más de 9.000 puestos de trabajo a lo largo del año.

El diputado por Sevilla Ismael Sánchez ha trasladado al Gobierno autonómico, tras una reunión con empresarios sevillanos del sector de hostelería que presta sus servicios en las ferias y eventos festivos, una batería de propuestas para proteger a este colectivo de forma explícita tras la cancelación de todas las fiestas a causa del Covid-19.

En un comunicado, el parlamentario recuerda que estas pequeñas empresas viven de los ingresos que generan girando por las ferias y fiestas mayores de toda la provincia y que han quedado suspendidas a causa de la emergencia sanitaria y las medidas de protección.

Según explica, el sector emplea a más de 9.000 personas en Andalucía según la base a datos de la Asociación Andaluza de Empresarios de Hostelería de Feria. La suya es una actividad estacional que se concentra en los meses de primavera y verano, en los que se emplean todos los esfuerzos, dedicación e inversión económica para obtener los ingresos que les permiten vivir el resto del año.

Tal y como indica Sánchez, la suspensión de la temporada de fiestas en todo el país les deja sin posibilidad de trabajar, tras haber adelantado inversiones de cara a la temporada, y por tanto en “una situación de vulnerabilidad extrema”, a la que se suma la incertidumbre de no saber cuándo podrán retomar su actividad.

Por ello, el diputado pide a la Junta que se preocupe por las familias que viven del sector y articule mecanismos de ayudas para todos los profesionales que acrediten su dedicación a la hostelería de feria y que como consecuencia de su cancelación se hayan visto abocados a la suspensión de la actividad.

Sánchez solicita también al Ejecutivo de Juanma Moreno, que se siente con el sector y escuche sus demandas para consensuar soluciones como el aplazamiento del pago de impuestos autonómicos, sin ningún tipo de recargos y hasta pasados 12 meses de la vuelta a la normalidad del sector.

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