Las casas han sido compradas, en subasta, por un fondo de inversión por lo que se teme por las familias residentes
El diputado por Sevilla Ismael Sánchez llevará a la Junta de Andalucía la situación de las viviendas de la Calle Estatuto de Autonomía de la localidad sevillana de Écija, cuyos residentes “llevan años viviendo con temor, al estar de alquiler en unos edificios que pertenecieron a la extinta empresa municipal SEDESA, ya que desde que la sociedad local entró en liquidación, ya han sido subastadas en dos ocasiones”. “Se trata de familias con pocos ingresos y en algunos casos en situación de vulnerabilidad, tienen miedo de que se especule con los pisos si se hace cargo de los inmuebles una empresa privada”. Por ello, el parlamentario ha anunciado que demandará a la Consejería de Fomento que ejerza el derecho de retracto para blindar el carácter público de las viviendas.
La Consejería de Fomento, a través de AVRA tiene la obligación de garantizar el carácter público y la función social de estas viviendas, y por ello vamos a registrar una iniciativa parlamentaria instando a ello. “Nos parecería intolerable que estas viviendas finalmente cayeran en manos privadas” ha destacado el diputado por Sevilla en una rueda de prensa junto a Eligio García, portavoz del Grupo Municipal de IU en la localidad, en la que se han anunciado las acciones que se llevarán tanto al Parlamento como al Pleno del Ayuntamiento “en el que hoy se presenta una moción por parte de todos los grupos políticos solicitando esta misma actuación”.
Además, Sánchez Castillo recuerda que desde el grupo parlamentario ya se ha preguntado en anteriores ocasiones a la Consejería de Fomento si la Junta de Andalucía tenía previsto la compra de estas viviendas para garantizar el mantenimiento de los contratos firmados en su día. “Estas viviendas están sujetas a unas condiciones sociales para los inquilinos, personas y familias con rentas bajas, por lo que entendemos que hay que mantener el carácter social de las mismas y por su naturaleza deben ser gestionadas por una entidad pública”.
Tras la reciente compra en subasta por un fondo de inversión, se abre un periodo de dos meses en el que la Junta de Andalucía puede ejercer su derecho al retracto, “por lo que demandamos a la Consejería pertinente que cumpla con el compromiso que dio al Ayuntamiento de Écija en este sentido, señalando que se tenía la voluntad política de proteger a los inquilinos, familias con pocos ingresos, y de velar por el interés social de estas casas” ha finalizado Ismael Sánchez.