El 19 de febrero se produjo un nuevo incendio en un asentamiento de trabajadoras y trabajadores temporeros en Palos de la Frontera, 400 personas damnificadas, que han perdido todo lo que tenían. No es la primera vez que sucede desgraciadamente, ni el primer sitio, ya ha sucedido anteriormente en Almería o en Lucena del puerto.
El relator de las Naciones Unidas que nos visitó recientemente manifestó que las condiciones en que viven estas personas son deplorables, que se vulneran los derechos humanos.
Queremos saber ¿Cuál es el papel de la Junta ante esta situación? Entendemos que la administración andaluza no pude permanecer ajena a esta situación y queremos saber desde, desde su ámbito competencial, qué está dispuesta a hacer para acabar con estas situaciones y garantizar que estas personas, motores de la economía agroalimentario en Huelva, Almería o Jaén, vivan en unas condiciones dignas.