Tras la presentación del Informe del Defensor del Pueblo Andaluz, nos planteamos qué hace la Junta de Andalucía para combatir estas desigualdades.
Nos preocupa la brecha digital en la educación, que se ha incrementado en la pandemia, colocando en situación de desventaja a las familias más vulnerables, así como el alumnado con necesidades especiales, quienes están más expuestos a esta brecha.
Sobre pobreza infantil, los datos son demoledores, un 40.8% de menores de 18 años podrían estar en riesgo de pobreza o exclusión social, superando en 10 puntos la media nacional.
Por otra parte, en vivienda, los cierres de actividad y pérdida de empleos han aumentado los problemas de vivienda en nuestra tierra. A nadie que no pueda pagar la luz o el agua se le debe cortar, o desahuciar a quien no pueda pagar la vivienda.
Nos preocupa así mismo, que en la Junta no se hayan habilitado los mecanismos necesarios para hacer compatibles la Renta Mínima de Inserción Social y el Ingreso Mínimo Vital, dos derechos subjetivos que en nuestra comunidad no son a día de hoy compatibles.
Por último, destacar que una de las consecuencias de la pandemia ha sido las tasas indecentes de desempleo, con un especial impacto en la pobreza que acabará afectando a las y los niños.
Son cuestiones claves por las que hoy más que nunca necesitamos políticas activas por parte de la administración autonómica que vengan a paliar estas situaciones.