De nuestra mayor consideración:
Los abajo firmantes nos dirigimos a Vd. en su condición de Presidente de la Nación Argentina, doctor en Derecho Penal y hombre de derecho, a fin de solicitarle su intervención en la resolución del grave problema que, para la vigencia plena de los derechos humanos, implica la existencia en la actualidad de detenidas y detenidos por causas políticas.
Como es de su total conocimiento, estas detenciones, producidas durante el gobierno anterior, han sido el resultado de procesos penales en los que, además de hacerse un uso abusivo y totalmente arbitrario de la institución de la prisión preventiva se fundó las mismas en pruebas irregularmente obtenidas en base a la indebida utilización del ya controvertido instituto de los “arrepentidos” así como en la instrumentación de campañas mediáticas devastadoras que dieron lugar a condenas anticipadas luego institucionalizadas por el Poder Judicial.
Así las cosas un elevado número de ciudadanos, entre los que asoman más notoriamente la dirigente Milagro Sala, el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, el dirigente social Luis D’Elía y el ex diputado nacional y titular del Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido han sido privados de su libertad encontrándose en la actualidad detenidos en unidades penitenciarias o cumpliendo detenciones domiciliarias con grave afectación de las garantías derivadas del principio de inocencia, fundamentalmente, su derecho a la libertad durante el proceso y conociendo su posición en favor de la plena vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho y en la inteligencia que estas detenciones y limitaciones a la libertad son totalmente incompatibles con los mismos, con la Constitución Argentina y con los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos incorporados a la misma, le solicitamos arbitre las medidas necesarias, en el marco constitucional, para restablecer los derechos vulnerados, la recuperación de la libertad y el pleno ejercicio de sus derechos por quienes hoy resultan víctimas de una persecución política judicialmente implementada en lo que se ha llamado con acierto “lawfare”, una versión ampliada de lo que usted como hombre de derecho ha conocido desde siempre como el “derecho penal de autor” o “derecho penal del enemigo”.
Sin más y a la espera de que nuestra petición sea aceptada lo saludamos con nuestra consideración más distinguida.
Ismael Sánchez Castillo, diputado de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía (España)