Proposición No de Ley ante Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en defensa del Servicio Postal Público y Universal de Correos en Andalucía.
El Servicio Postal Público que presta Correos, con 305 años de antigüedad, contribuye a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal, como autonómico, provincial y municipal, atendiendo diariamente a todas las localidades y municipios del Estado, garantizando la prestación del servicio postal público a precio asequible y de calidad a la totalidad de los núcleos de población al margen de la rentabilidad económica.
Correos es el único operador postal que ofrece cobertura nacional a ciudadanos/as, comercios, empresas y administraciones y como operador designado para la prestación del Servicio Postal Universal favorece la cohesión territorial y el acceso igualitario a las comunicaciones postales en todo el país a través de sus 8.381 puntos de atención al ciudadano/a entre oficinas y servicios rurales y una red de distribución de reparto de 33.619 carteros y carteras, que llega diariamente a los más de 8.000 municipios, 16 millones de hogares (familias) y 3,2 millones de empresas (más de un 99% son Pymes).
Los Servicios Postales, declarados durante el estado de alarma como servicios esenciales, jugaron un papel clave durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, dando una respuesta social a las necesidades del conjunto de la ciudadanía. Además de ser un elemento arraigado en la vida social de los municipios de Andalucía desde la prestación de un servicio público, contribuyendo al desarrollo económico de los mismos, facilitando y dando accesibilidad por derecho a ciudadanos/as, comercios, empresas y administraciones a disponer de un servicio a precio asequible y de calidad.
Mostramos nuestra profunda preocupación por las medidas que está llevando a cabo la Dirección de Correos, que desde el nombramiento del nuevo Equipo Directivo en julio de 2018 se estima una pérdida de más de 8.000 trabajadores -unos 15.000 empleos en lo que llevamos de siglo-, con una tasa de eventualidad actual superior al 23%, recortando servicios rurales, cerrando centros y oficinas y vendiendo patrimonio -como los edificios de Toledo, Barcelona, Valencia, Castellón, entre otros muchos y aquí en Andalucía el de Algeciras y el de Almería-, y trasvasando la actividad a otras empresas, tratando de imponer un nuevo modelo de reparto y carterías rompiendo el binomio cartera/o-sección que perjudicaría en última instancia a la ciudadanía, debilitando, por tanto, el servicio público postal.
Todo ello agravado con unos resultados económicos negativos -las pérdidas de la empresa en el año 2021 (en el año de la recuperación) alcanzará los 150 millones de euros. Su flujo de tesorería es negativo por primera vez en la historia de la entidad, lo que ha obligado a solicitar créditos por valor de 433 millones de euros para atender los pagos a corto, situación sin precedentes en la compañía. Casi 500 millones de pérdidas en la cuenta de resultados de la compañía y un déficit estructural de más de 400 millones de €, con la consiguiente solicitud de sendos préstamos por un montante total de 1.038 millones de € para tapar el agujero-, además de contar con la insuficiente financiación del Servicio Postal Universal (SPU), que afectan directamente al derecho de la ciudadanía a la recepción de correspondencia de forma accesible y asequible al menos 5 días a la semana. En este sentido, tres años después de su llegada al Gobierno del país, el recorte acumulado del SPU es de 460 millones de euros. En la recién aprobada Ley de Presupuestos General del Estado para el año 2022 en el Congreso, incomprensiblemente la cantidad asignada al fondo de financiación del SPU de 110 millones de euros es exactamente la misma cantidad que el año pasado, a pesar de que el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha crecido un 16% respecto del año anterior. Una cantidad totalmente insuficiente para cumplir con los objetivos de recuperación justa y “sin dejar a nadie atrás” planteados por el Gobierno. Y muy alejada -50% menos- de los 220 millones que por acuerdo entre el entonces Ministerio de Fomento y las organizaciones sindicales se enviaron a Bruselas como financiación necesaria para el SPU en 2018.
En las unidades de reparto se está apostando por una remodelación de la organización del trabajo que se parece mucho a la que tienen las empresas privadas de paquetería y distribución. La reorganización consiste, en reconvertir las secciones y distritos de reparto unipersonales -unidad básica de distribución actual de Correos matriz- en sectores sin un titular concreto, con la paquetería como eje de prioridad. Se rompería así la “ecuación” cartera/o-distrito-servicio público-usuaria/o, eje de una buena prestación a la ciudadanía y de su reconocimiento, al priorizar la rotación y la impersonalización productiva, con la consiguiente pérdida de calidad del servicio postal público y el deterioro de la imagen de Correos como servicio público. Hoy, la situación de las carterías no es nada buena, pues la inmensa mayoría no disponen del número suficiente de carteros para tener cubiertas todas las secciones, lo que deriva en que las secciones sin cubrir se reparten entre el resto de la plantilla, sobrecargando a los trabajadores y obligándoles a realizar recorridos mucho más extensos, aumentando así los riesgos psicosociales y las posibilidades de accidentes.
La situación es similar en el resto de centros como las Unidades de Servicios Especiales o los Centros de Clasificación, una tendencia general de disminución de la plantilla que afecta desde los puestos base mencionados a departamentos cruciales como el de reclamaciones, que por supuesto, impactan de forma negativa sobre la calidad del trabajo. Aumento de la polivalencia, de la movilidad funcional, y de la responsabilidad (que asumen los carteros/as del grupo consiguiente del sector para distribuir la carga entre ellos). Más trabajo por menos dinero, ya que la inflación -5,8%- está por encima de la subida del sueldo del 2% propuesta por el Gobierno.
Esta grave situación culminó en numerosas protestas y movilizaciones por parte de las/los trabajadoras/es de Correos en multitud de centros a lo largo del Estado y en la convocatoria por parte de las organizaciones sindicales de Huelga General para los días 5, 7, 10 y 11 de enero, que fue aplazada por los sindicatos, manteniéndola viva sine die e in vigilando, al revertir la empresa su plan del nuevo modelo organizativo.
Como consecuencia del debilitamiento del servicio postal, en Andalucía, Correos se han suprimido 800 puestos de trabajo, cerrado los Centro de Tratamiento Postal de Jaén y Almería, cerrado oficinas y sobrecargando zonas rurales, reduciendo los horarios de atención al público. Asimismo, la empresa pública está llevando a cabo un recorte en la contratación -las organizaciones sindicales lo estiman en un 60%- que está dejando sin cubrir el empleo estructural y cualquier tipo de permiso o licencia de sus trabajadores/as, repercutiendo sobre la prestación del servicio postal público y su calidad.
La actual Ley Postal y otras normas dependientes reconocen sin lugar a duda que:
* Todos los/as usuarios, remitentes o destinatarios de envíos postales tienen derecho a un servicio postal universal de calidad, prestado de forma permanente en todo el territorio nacional y a precios asequibles, al menos cinco días a la semana, conforme a la normativa europea y nacional de aplicación.
* El alcance y la prestación efectiva del Servicio Postal Universal deberán responder a los principios de cohesión social y territorial, no discriminación por razón de cualquier circunstancia o condición personal, social o geográfica, continuidad, eficacia y eficiencia en el servicio, y deberán adecuarse permanentemente a las condiciones técnicas, económicas, sociales y territoriales y a las necesidades de los/as usuarios, en particular en materia de densidad de puntos de acceso y de accesibilidad a los mismos, sin menoscabo de su calidad.
En base a lo expuesto, el grupo parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1.-El Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a que el Gobierno de España refuerce la financiación del servicio público postal, claramente insuficiente, de modo que se asegure un servicio de calidad para el conjunto de la ciudadanía. También para asegurar la cohesión social, económica y territorial.
2.-El Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a que el Gobierno España incluya a Correos, la mayor empresa pública de nuestro país, en el reparto de los Fondos para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, para que juegue un papel clave en la respuesta que, como sociedad, debemos dar a la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID.
3.-El Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a que el Gobierno de España actualice y mantenga las Oficinas auxiliares (rurales) y Unidades de Reparto existentes en las zonas Rurales, claves en la reversión de la “Andalucía Vaciada”. Es la única manera de contribuir a que aquellas áreas geográficas de reparto deficitarias económicamente puedan disfrutar de un Servicio Postal en igualdad de condiciones respecto a la población de los grandes núcleos urbanos.
4.-El Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a que el Gobierno de España refuerce la capilaridad de Correos ampliando el número de oficinas, unidades de reparto y centros de tratamiento con el fin de lograr el mayor acercamiento al ciudadano/a y lograr las condiciones óptimas de accesibilidad marcadas por la Ley Postal y la Directiva Postal Europea.
5.-El Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a que el Gobierno de España refuerce la «ventanilla única de la Administración» en Correos, ampliando acuerdos con nuestra comunidad autónoma y el resto de administraciones públicas, para centralizar y facilitar todas las gestiones que precise la ciudadanía desde el pago de tributos y tasas o la renovación del DNI, a la emisión de certificados sobre documentos públicos o el registro electrónico, aprovechando su extensa red de sucursales y los carteros rurales, con capilaridad en localidades pequeñas donde no hay ayuntamientos o los organismos donde habría que realizar tales gestiones.
6.-El Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a que el Gobierno de España garantice la cobertura de los puestos de trabajo estructurales necesarios, en la actualidad insuficientes, para garantizar un servicio postal público de calidad con empleo y derechos.
7.-El Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a que el Gobierno de España garantice que se cumplen los parámetros de calidad determinados por la Ley Postal y el Reglamento que regula la prestación del Servicio Postal Universal, y, en definitiva, que se aborde de forma eficaz y eficiente el correcto y necesario desempeño de la prestación de los Servicios Postales Públicos, con el objetivo de asegurar a todos los ciudadanos/as de la Comunidad Autónoma andaluza la recepción de su correspondencia, al menos 5 días a la semana como se encuentra también establecido en la Directiva Postal Europea.
8.-El Parlamento de Andalucía dará traslado de los acuerdos alcanzados en esta iniciativa al Gobierno de España y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al Ministerio de Hacienda, con el fin de que se resitúe al Correo público en la agenda del Gobierno para la Recuperación, Transformación y Resiliencia de nuestro país.
Descarga de la PNL:PNLC 96-22 DEFENSA CORREOS