La Junta defendió este 26 de noviembre en Comisión un informe que intenta explicar el grado de cumplimiento de una moción que llevaba como título ‘Política general en materia de función pública’. La moción dice directamente que los acuerdos no se han cumplido. En él se refleja que queda pendiente el plan de igualdad que afectará a todas las consejerías y otras entidades, que se han iniciado los trabajos para la recuperación completa, en 2019, de las ayudas de acción social, pero que no se ha cumplido el acuerdo.
La Junta culpa al Estado, pero la legislación estatal estaba ya vigente cuando se aprobó este acuerdo, en incluso antes de aprobar esta moción. Pasa exactamente lo mismo con el impulso del grupo de trabajo del personal del sector instrumental, pero aquí no se puede echar las culpas al Estado, porque las competencias son exclusivas de las de la Junta de Andalucía. Idéntico es el caso de las pagas adicionales del complemento específico de 2013 y de 2014. Este informe también dice que está pendiente la Ley de Función Pública de Andalucía, o que no se cumplió el objetivo marcado por la moción. En resumen: no podemos votar a favor de este informe.
Y un inciso, porque hay algo grave: la moción habla de que se han garantizado los cupos para personas con discapacidad en el acceso a la función pública en todas las ofertas publicadas, y esto no es cierto. Tenemos el ejemplo claro de los 3.000 vigilantes de la playa contratados este verano, donde el 10% de personas con discapacidad no se cumplió, o los procesos exprés de 24 horas, donde no se han tenido en cuenta esta legislación de obligado cumplimiento. Por todo ello, trasladamos al Gobierno de la Junta el voto negativo por parte del grupo Adelante Andalucía a este informe.