Contrataciones urgentes de personal funcionario interino por parte de la Junta de Andalucía en el marco de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19

Problemática en cafeterías de los Centros de Participación Activa.

Las personas que gestionan concesiones de las cafeterías de los Centros de Participación Activa (CPA) en Andalucía se han visto obligadas a la apertura de las mismas al finalizar el estado de alarma, sin embargo, no hay afluencia de personas mayores a estas instalaciones por ausencia de actividad. A esto hay que sumarle el costo necesario para cumplir con las estrictas medidas de sanidad establecidas por protocolo.

La situación actual es que los ingresos generados, en muchos casos, no son suficientes para cubrir ni siquiera los gastos. Por todo ello preguntamos,

  1. ¿Tiene el Gobierno previsto impulsar algún tipo de medida compensatoria para estas concesiones?
  2. ¿Se prevé el establecimiento de alguna medida de flexibilidad para que las personas concesionarias de las cafeterías puedan establecer un calendario de apertura acorde a la actividad de los Centros?

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PNL en defensa de la agricultura tradicional y familiar

Descarga de la iniciativa: registro 12407 PNLC

Los pequeños agricultores, que en España son la mayoría en número, producen alimentos de excepcional calidad, la mayoría con técnicas tradicionales poco mecanizadas y con menor uso de químicos, siendo los que mantienen la población en el territorio, además de cuidar el medioambiente al mantener cultivos con la importancia que ello tiene en la prevención de incendios, evitando también las consecuencias negativas ante la aceleración del cambio climático en el que estamos inmersos.

Ninguno de los gobiernos actuales o pasados han apoyado decididamente este tipo de agricultura que cumple una función fundamental en la fijación de la población en el medio rural,  mantener a la gente en los pueblos de los cuales se está yendo desde hace ya muchos años, la llamada España y Andalucía vaciada, a la que todo el mundo ahora se le llena la boca de tenerla en su agenda política, probablemente porque les suma votos, pero que en realidad siempre se le da la espalda.

Tradicionalmente se ha primado a las grandes explotaciones, ejemplo claro es el reparto de la PAC donde el 80% de las ayudas van al 20% de propietarios, sólo 10 propietarios de tierras se llevan 28.000.000 € en subvenciones, con lo fácil que sería que se pusiesen unos topes por arriba y se reparta más a los propietarios de pequeñas parcelas, y aquí no hay excusa, esa protestad no es de Europa (Europa reparte una cantidad por estado miembro), y es de cada país el que parte de ese cupo puede redistribuirlo de otra forma.

La ofensiva neoliberal de los grandes capitales y multinacionales ha hecho que en España los 6 primeros grupos de distribución de los productos agrícolas concentren el 55 % del poder de compra, esto ataca de lleno al pequeño agricultor que no puede defenderse ante la imposición de precios, dejándolos a merced de Monsanto, Bayer, Dow, DuPont, Syngenta o ChemChina. Consecuencia del abuso del sector de la distribución se está expulsando al pequeño propietario y primando las grandes explotaciones en intensivo controladas por un número reducido de propietarios, basadas en un rendimiento económico a corto plazo aunque ello suponga reventar el débil tejido social que mantiene los pueblos y el propio medioambiente a medio y largo plazo.

Todo ello unido a la liberalización de los mercados hace que estemos en manos de unos cuantos especuladores que están sacando, o mejor dicho robando, el dinero a los agricultores, al que no les salen las cuentas muchas veces siquiera para cubrir costes.

Por todo lo anterior, proponemos someter a votación la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

1.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la necesidad de implementar un plan estratégico que refuerce el tejido productivo de los pequeños agricultores y ganaderos que mantienen las pequeñas explotaciones que vertebran el territorio, incidiendo en medidas para que el valor añadido que genere el producto se quede en el territorio.

2.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que a su vez inste al Gobierno de España a que implemente una adecuada Ley de la cadena alimentaria y que vigile su cumplimiento, para que el precio que se paga al agricultor sea justo, evitando la especulación a lo largo de la cadena y sobretodo el abuso del poder de compra con controles estrictos y sanciones ejemplarizantes si fuese necesario.

3.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la implementación de medidas legislativas que impongan mecanismos de transparencia y vigile el acceso de los fondos de inversión y del capital extranjero al sector de la agricultura.

4.- Incentivar, mediante medidas de apoyo económico e incentivos fiscales, por parte del gobierno autonómico el asociacionismo entre pequeños agricultores en cooperativas que sean representativas directas de los intereses de los agricultores.

5.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que a su vez inste al Gobierno de España, ante la inminente negociación con Europa de la PAC, que se incluya en las ayudas acopladas la agricultura tradicional y familiar, pues este tipo de agricultura es la que fija la gente al territorio y lo mantiene en unas condiciones ambientales y de biodiversidad que están en peligro de extinción.

5.- Dar traslado de estos acuerdos a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, y a los representantes de las organizaciones agrarias COAG, UPA y ASAJA.

Retraso pago SAD a Diputación de Sevilla

El lunes 1 de junio se aprobó la liquidación del mes de marzo con la Diputación de Sevilla correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio y que para finales de la semana siguiente se procedió al pago de dicho mes.

En el mes de junio se le adeudan, por tanto, dos meses, abril y mayo. El sistema de pago provoca siempre un retraso de dos meses.

Por ello, formulamos la siguiente pregunta:

  1. ¿Prevé la Junta modificar el sistema de pago con Diputación de Sevilla para evitar retrasos de dos meses?

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Mesa de diálogo para negociar las modificaciones de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía

CCOO-A, UGT-A y la Mesa del Tercer Sector (que aglutina a numerosas ONGs) como miembros de la Comisión Autonómica de Coordinación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, han solicitado a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación una mesa de diálogo con objeto de analizar y realizar un documento de propuesta sobre la coexistencia del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inclusión Social de Andalucía y la compatibilidad y/o complementariedad de las mismas.

Por ello, formulamos la siguiente pregunta:

  1. ¿Tiene previsto la Junta de Andalucía atender esta petición?

Construcción de carriles bici en la ciudad de Sevilla.

En abril de 2018 se aprobó el acuerdo marco de colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, para el desarrollo de actuaciones de fomento del transporte en bicicleta y su integración en la movilidad urbana de la ciudad de Sevilla.

Hace un año conocimos que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía habían emitido unos informes contrarios a que la administración autonómica pudiera construir vías ciclistas en tramos urbanos a cargo del Plan Andaluz de la Bicicleta, por tratarse de competencias exclusivamente municipales.

Este supuesto cambio de criterio por parte de la Junta de Andalucía supone la paralización de la construcción de los carriles bici pactados entre la administración autonómica y los Ayuntamientos de Málaga, Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, Almería, Jerez y Algeciras. Según el Ayuntamiento de Sevilla, se trataría únicamente de que los tramos conveniados con la Junta se construyan con cargo al capítulo de subvenciones, en lugar del capítulo de inversiones.

En el anexo del convenio firmado se recogen las actuaciones ya ejecutadas, las previstas a ejecutar en base a dicho acuerdo y, también, otras intervenciones planificadas a futuro.

Por todo ello, formulamos las siguientes preguntas en la Comisión de Fomento:

1. ¿En qué estado se encuentran los siguientes proyectos recogidos en dicho Acuerdo Marco y que dependían de la Consejería de Fomento y Vivienda?

– Vía ciclista de conexión: Valdezorras – Aeropuerto Viejo – Alcosa

-Vía ciclista de conexión Charco la Pava- Cartuja (Av. Expo 92)

-Vía ciclista de conexión metropolitana la Rinconada- San Jerónimo

-Conexión de la barriada Padre Pío con la barriada Palmete

2. ¿Qué inversión ha realizado hasta la fecha la Junta de Andalucía para dar cumplimiento a los objetivos del Acuerdo Marco?

3. ¿Se ha constituido la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco? ¿Quién la constituye?

AQUÍ SE PUEDE DESCARGAR LA INICITAIVA: 11295 Adelante

Recuperación de las urgencias, pediatrías y atención primaria en los centros de salud de la provincia de Sevilla

PROPOSICIÓN NO DE LEY POR LOS DERECHOS LGTBI, solicitud de comparecencia y pregunta sobre el Consejo Andaluz LGTBI

Puede descargarse aquí: 11286 Adelante

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Atravesamos tiempos de cambios, de convulsión y de incertidumbre. Los países en los que se han ido consolidando las conquistas históricas del colectivo LGTBI están en peligro de vivir una involución política, social y económica. Las garantías que nos dan los derechos conquistados y refrendados en legislaciones positivas y cuya consecuencia se refleja en sociedades más tolerantes, justas y diversas, pueden sufrir un revés que nos haga retrotraernos a tiempos más difíciles a los que nunca creímos que corríamos el riesgo de volver.

El auge de los movimientos autoritarios de ultraderecha, el populismo conservador y el fascismo, se abren camino en una sociedad asustada y magullada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la posterior crisis económica y social que se desprende de ésta. Estos movimientos defienden un ideario político que tiene al colectivo LGTBI como uno de sus blancos. En consecuencia, sus derechos están en peligro.

Debemos ser conscientes de que nada de lo logrado en materia de derechos LGTBI es irreversible. Los pasos atrás pueden ser sutiles e imperceptibles, pero una vez iniciado ese camino, la evidencia nos dice que el colectivo LGTBI puede acabar orillado, recluido en espacios cerrados, armarizado socialmente y devaluado, con un estatus de ciudadanía de segunda categoría.

Aunque quede aún un gran trecho para lograr la plena igualdad, la incorporación a la sociedad de la diversidad afectiva y sexual como algo natural y lógico, es necesario, también, asumir y reivindicar lo logrado hasta este momento. Si echamos una vista a los últimos treinta años, los logros de un colectivo que durante tanto tiempo estuvo oculto y fue estigmatizado, como ha sido el colectivo LGTBI, han sido inmensos. Es en esta idea en la que debemos apoyarnos para dar un salto hacia adelante. Lo que se pide es la meta, el horizonte hacia el que avanzar; lo conseguido es el muelle, la fuerza que debe servir de impulso para alcanzar los nuevos objetivos que aún tenemos por delante, sin olvidar que, en esta lucha, hay que dedicar un gran esfuerzo a blindar lo conseguido. El salto adelante significa que hay que evitar, a toda costa, dar ni un solo paso atrás.

Se abre una etapa difícil y muy dura, y más, si cabe, debido a la incertidumbre que planea sobre cuál será el final de esta crisis sanitaria y cómo se resolverá la crisis económica que trae de la mano. Los proyectos que se están desarrollando en materia de igualdad y de visibilidad pueden verse comprometidos por el ascenso al poder de fuerzas contrarias a la dignidad y los derechos humanos, por el fascismo de corte moderno.

El colectivo LGBTI debe tejer alianzas con otros sectores que están o van a ser golpeados por esta nueva versión de las viejas camisas pardas. Buscar los puntos de encuentro, desarrollar solidaridades, compartir luchas, incorporarnos e incorporar a la protesta y a la resistencia a todos estos sectores, contribuir, con nuestro programa concreto, a fortalecer el programa global que arrincone y derrote a las fuerzas reaccionarias, a los grupos de interés involucionistas. Al fin y al cabo, todas las opresiones que vivimos siempre nos afectan más a las obreras. Ser LGBTI afecta a nuestras condiciones materiales, tal y como lo hacen el ser mujer, el ser racializada o el tener diversidad funcional. Es por ello que no podemos olvidarnos de visibilizar todas las opresiones que vivimos como parte del colectivo LGBTI y como clase trabajadora, como la violencia policial racista, el antigitanismo o la xenofobia. Al igual que la lucha de clases, la lucha antirracista debe ser un elemento clave de nuestras políticas y nuestras reivindicaciones. Creemos en un movimiento interseccional, feminista, antirracista y de clase ya que, a diferencia de lo que muestra la imagen mediática de las personas LGBTI, hay personas gais, lesbianas transexuales y bisexuales negras, latinas, magrebíes gitanas, obreras, pobres y con diversidad funcional. Es por ello, que debemos implicar esas voces y esos cuerpos en nuestras reivindicaciones y luchar conjuntamente. Este año se hace más necesario que nunca apoyar la lucha antirracista y antifascista, la lucha obrera, la solidaridad con las personas migrantes, y denunciar el racismo y la LGTBfobia que nos afecta cada día.

Por todo lo anterior, proponemos someter a votación la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

PRIMERO: Contribuir, en las competencias que le son propias a este Parlamento, al desarrollo y aplicación de todas las medidas previstas en la legislación vigente contra toda discriminación por orientación sexual, identidad de género y diversidad familiar, con la finalidad de erradicar de nuestra sociedad cualquier tipo de LGTBIfobia en el ámbito familiar, escolar, laboral, social y/o político.

SEGUNDO: Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a realizar una campaña que visibilice la diversidad de orientaciones e identidades de género no normativas y a que promocione institucionalmente las conmemoraciones principales del movimiento LGTBI: como el Octubre trans, el 17 de mayo (día internacional contra la LGTBIfobia) y el 28 de junio (día del Orgullo y la Liberación LGTBI).

TERCERO: Instar al Consejo de Gobierno para que se dote a las bibliotecas escolares y generales con fondos bibliográficos relacionados con la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad y la intersexualidad desde actitudes de respeto y no discriminación y un enfoque de diversidad y Derechos Humanos.

CUARTO: Simbolizar el firme compromiso de este Parlamento con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI, colocando cada 28 de junio la bandera arcoíris, enseña de la diversidad, en el mástil de la fachada exterior. Rechazo por institucional a comportamientos y discursos homófobos en cualquier debate parlamentario.

QUINTO: Instar al Consejo de Gobierno a poner en marcha programas de formación para el personal de Administración Pública, con especial atención a quien trabaja en contacto con la ciudadanía, y para la Policía autonómica para que cuente con herramientas para prevenir y detectar casos de delitos por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género.

SEXTO: Instar al Consejo de Gobierno a dotar a la Ley 2/2014, de 8 de julio integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía de desarrollo normativo, de promoción y financiación económica para su implantación total.

SÉPTIMO: Realizar una investigación histórica andaluza sobre activistas LGTBI con el objetivo de recuperar la historia de aquellas personas que han sufrido la represión y discriminación en tiempos de la dictadura y la transición y realización de un memorial (hito) que repare a las víctimas.

OCTAVO: Puesta en marcha de inmediato del Consejo Andaluz LGTBI.

NOVENO: Instar al Consejo de Gobierno que rinda cuentas a través de un informe del desarrollo, aplicación, cumplimiento y valoración del funcionamiento de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, y de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGBTI y sus familiares en Andalucía durante los años que llevan aprobadas.

  • También solicitamos la comparecencia de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de ante Comisión  a fin de informar sobre:El desarrollo, aplicación, cumplimiento y valoración del funcionamiento de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, y de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGBTI y sus familiares en Andalucía durante los años que llevan aprobadas. 11288-11294 Adelante-1
  • Y preguntamos sobre la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz LGTBI 11308-11309 Adelante-1-2

Puesta en marcha de CF de Grado Medio de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación en el IES Pablo de Olavide de la Luisiana (Sevilla).

El sector empresarial del pladur y las placas de escayola es uno de los motores económicos de La Luisiana y El Campillo, lo que permite que este sector se proyecte desde un ámbito rural hasta otro nacional e internacional. Sin embargo, existe una traba: del elevado número de operarios con estabilidad laboral que existen a fecha de hoy (en el municipio y en la comarca), ninguno posee la titulación correspondiente de Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación. Esa circunstancia llevó a finales de 2018 a que la asociación ADIPAEX mostrara su interés en que se demandase desde este centro y este municipio un CFGM de Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación en oferta dual para garantizar una formación que diese la respuesta más adecuada a esa demanda.

El grado de implicación de ADIPAEX los ha llevado a garantizar cualquier tipo de apoyo que facilite el éxito de estas enseñanzas en nuestro centro: no solo el desarrollo de las enseñanzas en el seno de las empresas como corresponde a la formación dual o de la FCT, sino que se nos facilitarían en préstamo herramientas y maquinaria hasta que llegase la dotación propia de Consejería para dar respuesta al currículo de la titulación. Desde que surge el proyecto de solicitar este grado medio, ADIPAEX ha mostrado su disponibilidad e interés por agilizar el proceso para contar con técnicos bien formados lo antes posible.

Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad ha habilitado una nave y prevé hacer obras de remodelación en otra para cederlas mediante convenio a la Consejería: esta acción cuenta con el respaldo del pleno. A lo largo de todo el proceso de solicitud, se ha destacado la importancia del trabajo consensuado entre las empresas, el consistorio y el centro educativo. Así, durante la inspección realizada por el técnico de Infraestructuras se alabaron las instalaciones y su idoneidad; del mismo modo, desde la Delegación se ha ido valorando positivamente esa solicitud y la importancia del apoyo económico y material que recibiría el ciclo por parte de la administración local y las empresas.  El último paso fue la aprobación del Proyecto Dual en el que se obtuvo una puntuación de 11,75.

Por todo ello, elevamos las siguientes preguntas:

  1. ¿Contempla la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía poner en marcha el citado CF durante el curso escolar 2020-2021?
  2. En caso contrario ¿por qué motivos?

Descarga la iniciativa aquí: PE 2474-20 CF GM LUISIANA