PNL sobre la problemática de los agricultores y cooperativistas del plan Almonte-Marismas que optaron por la retirada de tierras de cultivos

Hemos presentado una Proposición No de Ley en comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible relativa, a la solución a la problemática de los agricultores y cooperativistas del plan Almonte-Marismas (Subsectores II-13, II-14 y II-16) que optaron por la retirada de tierras de cultivos

El Plan Almonte-Marismas se declaró Zona Regable de Interés Nacional por Real Decreto 1.194 /71 de 6 de Mayo.

En 1.972 (Decreto 2.148/72 de 6 de Julio) se aprobó la primera parte del Plan General de Transformación y en 1.974 la segunda parte (Decreto 2.244/74 de 20 de Julio). El Plan Coordinado de Obras se aprobó por el Ministerio de Agricultura en 1.977.

En el proceso de asentamientos se distinguen dos fases bien diferenciadas: la de asentamientos de colonos individuales, que tiene lugar entre los años 1.977 y 1.983 por el IRIDA y la de entidades asociativas, entre los años 1.986 y 1.989 por el IARA. La primera fase se realiza a través de la Administración central del Estado y la segunda a través de la Junta de Andalucía.

En principio la Administración pensó en la zona regable para fines ganaderos. Después fue preparado para hacer una agricultura extensiva (algodón, remolacha, maíz, cacahuete, etc…) y finalmente se hace entrega del Subsector II-10 a colonos individuales a razón de 24 hectáreas por colono. Una vez entregado, se constata que los cultivos previstos no son adecuados para la zona, por lo que se adapta a cultivos intensivos, reduciendo la extensión de los lotes a 18 hectáreas aproximadamente en el Subsector II-17 y a 13 hectáreas aproximadamente en el Subsector II-9.

Posteriormente, la Administración decide entregar los subsectores II-11, II-13, II-14 y II-16 a grupos asociativos, Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación.

Dado que en la provincia de Huelva no había la suficiente iniciativa para que la formación de grupos asociativos se recurre a ciudadanos de otras provincias de Andalucía (Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén) e incluso del País Vasco y de los Países Bajos, de donde se repatría a emigrantes.

Para conseguir personas suficientes para cubrir el total del Plan, se hacen un sinfín de promesas a través de Ayuntamientos y Centros de Capacitación Agraria, como dotarlos de equipo técnico con campo de experimentación para orientar los cultivos que vayan acordes con la zona y que a su vez sean rentables en el mercado, equipo de profesionales que asesoren en la gestión, comercialización de las producciones, ayudas financieras tanto para las inversiones como para las campañas ya que se exigía en las bases del concurso de acceso a la tierra el ser pobres de solemnidad.

También se prometían viviendas para albergar a las familias de los cooperativistas asentados en la Zona.

Una vez captadas asociaciones suficientes para empezar a poner el proyecto en marcha, se comienza con los asentamientos en los Subsectores II-11, 13, 14 y 16. Esto se produce entre los años 1.986 al 1.989 y se consigue adjudicar un 60% aproximadamente de la superficie transformada. El resto de la superficie fue sacado a concurso público en años posteriores, quedando desiertos al no presentarse ninguna entidad asociativa.

Una vez asentadas las sociedades adjudicatarias, surgen abundantes problemas, motivados por el incumplimiento de las promesas en relación con asesoramiento técnico y comercial, viviendas, financiación, falta de infraestructuras como desagües, cortavientos, caminos interiores, naves-almacén, electrificación. Especialmente grave fue la falta de desagües y cortavientos que motivaron que en los primeros años se perdieran casi la mayoría de las cosechas por encharcamientos y voladuras de arena que producían deformaciones en las frutas.

Durante esos primeros años, los agricultores fueron endeudándose para paliar la falta de infraestructuras prometidas, hasta que el día 20 de septiembre de 1.990, la Junta de Andalucía decide paralizar de forma provisional el Plan Almonte-Marismas, como actuación para la conservación del Parque Nacional de Doñana.

El día 29 de abril de 1.991 se firma un Acuerdo, entre el I.A.R.A. y los Concesionarios del Plan Almonte-Marismas de los Subsectores II-11, II-13, II-14 y II-16 para dar viabilidad a sus explotaciones.

En esas fechas se nombra una Comisión Internacional de Expertos que realizará un estudio que dará lugar en marzo de 1.992 al Dictamen sobre Estrategias para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible del Entorno de Doñana, en el que en síntesis se aconsejaba el alejamiento de los cultivos de ese entorno.

Esto conllevó la paralización de todos los Planes de Inversiones y desarrollo de Proyectos Empresarial-Cooperativos de todas las Sociedades de los Subsectores II-11, II-13, II-14, y II-16, dando lugar a falta de rentabilidad y fuertes daños socioeconómicos para los cooperativistas, quienes mantenían importantes deudas avaladas por el IRIDA y por el IFA, iniciándose en muchos casos reclamaciones judiciales y embargos contra ellos.

Ante esta insostenible situación el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 14, 15 y 16 de febrero de 1.995, aprueba la Proposición no de Ley 4-94/PNLP-003306, relativa a las medidas para resolver los problemas de los colonos del Plan Almonte-Marismas.

Finalmente se firma el Acuerdo de 27 de junio de 1997, que propone dos vías de solución alternativas a la problemática existente en el Plan Almonte-Marismas (subsectores II-13, II-14, II-16 y II-11), o la Retirada de las tierras de cultivo durante al menos 20 años o el acceso a la Propiedad.
En caso de optar por una u otra, los concesionarios debían cumplir distintas condiciones, optando la mayoría de ellos por la Retirada al ser para ellos imposible el cumplimiento de las condiciones para el acceso a la Propiedad, concretamente 21 cooperativas y 11 individuales, que representaban 1.023,16 hectáreas, decidieron acogerse a la opción de Retirada de tierras de cultivo.

Otro grupo menor, concretamente 8 entidades y 21 individuales, optaron por la opción de la Continuidad, representando aproximadamente 445 hectáreas.

No obstante, una vez que cada cooperativa o individual decidió por una u otra opción, fueron alterados unilateralmente por la administración las condiciones para la continuidad, de forma que se permitió dicho acceso sin cumplir la gran mayoría de las condiciones inicialmente pactadas, mejorando claramente dichas condiciones para los acogidos a la continuidad, de forma que de haberse conocido dichas circunstancias, las entidades que se acogieron a la retirada hubieran optado, igualmente, por la continuidad, ya que sí hubieran podido cumplir los requisitos que finalmente les fueron exigidos a los acogidos al acceso a la propiedad.

La mayoría de los acogidos a la continuidad han vendido de forma casi inmediata y siempre antes del transcurso de ocho años que le exigía el acuerdo, concretamente, de las 8 entidades acogidas a la continuidad, han vendido 6 y de los 21 ex socios de entidades a nivel individual, han vendido todos.

Además, el acceso a la propiedad no se hizo de forma inmediata (lo cual era otra de las condiciones), sino que en muchos casos se demoró varios años, continuando los concesionarios en la explotación de las hectáreas inicialmente concedidas o en las hectáreas donde fueron reubicados, sin pagar canon alguno por ello.

Esos incumplimientos y modificación por parte de la administración de los acuerdos inicialmente firmados solamente para los acogidos a la continuidad, ha generado importantísimos beneficios para los acogidos a la continuidad, con el consiguiente agravio comparativo originado a todos los acogidos a la retirada y el perjuicio económico generado a estos.

Ante esa situación, los representantes de Cooperativas e individuales, acogidas a la retirada de tierras de cultivos en los subsectores II-13, II-14 y II-16, del plan Almonte-Marismas, han desarrollado una larga actividad reivindicatoria de aproximadamente unos 16 años.

Dicha actividad reivindicatoria, ha dado lugar a que se hayan debatido y votado en el Parlamento de Andalucía las siguientes seis Proposiciones:

17-06-2009.- Proposición no de Ley 8-09/PNLC-000107, relativa al Plan Almonte Marismas (proponente: Grupo del Partido Popular de Andalucía), rechazada.

23-02-2011.- Proposición no de Ley 8-10/PNLC-000302, relativa a reivindicaciones al Gobierno Andaluz de sociedades cooperativas del Plan Almonte Marismas (proponente: Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía), rechazada

14-03-2013.- Proposición no de Ley 9-13/PNLP-000015, relativa al Plan Almonte Marismas (proponente: Grupo del Partido Popular de Andalucía), rechazada

21-05-2014.- Proposición no de Ley 9-14/PNLC-000119, relativa a la problemática de las Cooperativas de los subsectores II-13, II-14 y II-16 del Plan Almonte Marismas y propuesta de medidas compensatorias, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Aprobada por la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en sesión celebrada el 21 de marzo de 2014:

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno:

1. A poner en marcha las medidas necesarias para, con el máximo respeto a la legislación vigente, proceder de manera consensuada a la ampliación de la concesión de estas tierras a los cooperativistas, cuya fecha de finalización está prevista para el año 2016, así como de las ayudas compensatorias de retirada de cultivos que estos perciben en la actualidad.

2. A que el proceder de manera consensuada, antes indicado, se concrete en la creación de un grupo de trabajo formado por la Consejería, representante de los afectados y un representante de cada grupo con representación parlamentaria.

3. A que dicho grupo de trabajo se constituya a la mayor brevedad y siempre antes de final de 2014.

22-03-2017.- Proposición no de Ley 10-17/PNLC-000111, relativa a la reparación de derechos históricos defendidos por la Comisión de Representantes de Sociedades Cooperativas e individuales del Plan Almonte Marismas (subsectores II-13, II-14 y II-16) acogidas a la retirada de tierras de cultivos durante al menos 20 años, presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos de Andalucía.

Aprobada por la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en sesión celebrada el 22 de marzo de 2017:

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que, en un plazo máximo de cuarenta días desde la aprobación de esta resolución, constituya una comisión de trabajo formada por un representante de cada grupo político con representación parlamentaria, un representante del Consejo de Gobierno, o persona en quien delegue, y dos representantes de los afectados, a fin de buscar una solución definitiva al problema que desde hace años padecen los cooperativistas a los que se refiere la presente resolución.

2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que, en tanto se consigue una solución definitiva a este problema, ponga en marcha las medidas necesarias para proceder de manera consensuada a la ampliación de la concesión de estas tierras a las cooperativas y personas afectadas, cuya fecha de finalización está prevista para septiembre de 2017, así como de las ayudas compensatorias de retirada de cultivos que estas perciben en la actualidad.

El Grupo Parlamentario del Partido Popular de Andalucía, presentó la PROPOSICIÓN DE LEY 10-18/PPL-000010. Relativa a la creación de una comisión de trabajo para solución de la problemática existente en relación a los agricultores y cooperativistas del Sector II, de Almonte-Marismas de Doñana que optaron por la RETIRADA de tierras de cultivo, en los subsectores II-13, II-14 y II-16 de dicho Plan Almonte-Marismas.
Dicha PROPSICIÓN DE LEY, se tramitó en el Pleno del PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, el día 6 de junio de 2.018, y se estructura, en dos artículos y dos disposiciones finales, con el siguiente contenido:

Artículo 1. Objeto de la ley.

Se crea una Comisión de Trabajo para la resolución de la problemática existente en relación con los agricultores y cooperativistas del Plan Almonte-Marismas (subsectores II-13, II-14 y II-16) que optaron por la retirada de tierras de cultivo, en el ámbito de la Consejería competente en materia de agricultura, que deberá estar constituida de forma efectiva en el plazo de un mes desde la aprobación de la presente ley, y estar formada por un representante de cada grupo político con representación parlamentaria en el Parlamento de Andalucía designado de entre sus miembros, un representante de la citada Consejería, y dos representantes de los agricultores y cooperativistas a los que se refiere este artículo.

Artículo 2. Plazos relativos a la Comisión de Trabajo.

1. La Comisión de Trabajo que se constituya conforme a lo establecido en el artículo 1 de la presente ley tendrá un plazo máximo de tres meses para presentar una solución a la problemática a la que hace referencia el objeto de la presente ley, teniendo que contar la misma con el visto bueno de los representantes de los agricultores y cooperativistas del Plan Almonte-Marismas (subsectores II-13, II-14 y II-16) que optaron por la retirada de tierras de cultivo.

2. El plazo máximo señalado en el apartado 1 de este artículo podrá ser ampliado, mediante sucesivas prórrogas de un mes, siempre que cuenten con la aceptación de los representantes de los agricultores y cooperativistas del Plan Almonte-Marismas (subsectores II-13, II-14 y II-16) que optaron por la retirada de tierras de cultivo.
Disposición final primera. Habilitación para desarrollo y ejecución.

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tras la sustanciación de las comparecencias de agentes sociales y trascurrido el plazo para la presentación de enmiendas a su articulado, se publicó el informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,

En sesión celebrada el 28 de septiembre de 2018 Orden de publicación de 2 de octubre de 2018 BOPA Núm. 797, 4 de octubre de 2018.

Por tanto, a dicha LEY únicamente le faltó volver al Pleno del Parlamento Andaluz para su debate y votación, donde previsiblemente hubiera sido aprobada, cosa que no fue posible debido a la convocatoria electoral en Andalucía, anunciada el día 8 de octubre de 2018 por la Presidenta de la Junta de Andalucía, la Sra. Susana Díaz Pacheco, para celebrar las Elecciones el día 2 de diciembre de 2.018 y, por ende, con la consiguiente disolución del Parlamento Andaluz.

Además y teniendo en cuenta, que prácticamente llevamos dos años desde la composición del Gobierno actual de la Junta de Andalucía, y que la Mesa de Negociación que tantas veces han solicitado los afectados tampoco se abre.

Por todo lo expuesto y a requerimiento de los afectados, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1. La creación y puesta en marcha de una Comisión de Trabajo para que, en el plazo máximo de tres meses, determine la solución pertinente a la problemática existente en relación con los agricultores y cooperativistas del Plan Almonte-Marismas (subsectores II-13, II-14 y II-16) que optaron por la retirada de tierras de cultivo, en el ámbito de la Consejería de Agricultura y, que deberá estar formada por un representante de cada grupo político con representación parlamentaria en el Parlamento de Andalucía designado de entre sus miembros, un representante de la citada Consejería, y dos representantes de los agricultores y cooperativistas a los que se hace referencia.

PNLPNLC 75-21 PLAN ALMONTE MARISMAS

Publicado en Iniciativas parlamentarias.

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