El parlamentario de Adelante Andalucía por la provincia de Sevilla, Ismael Sánchez, ha denunciado hoy que la empresa Perea Rojas, encargada de la gestión del servicio de comedor del CEIP Fernando Feliú de Gerena ha despedido a todas las trabajadoras pese a que la Junta garantiza el abono de los gastos salariales de la plantilla, así como el resto de costes.
Sánchez cree que “estos despidos son inadmisibles toda vez que la Junta de Andalucía se ha comprometido a mantener los contratos de concesión y garantizar los pagos a las empresas que prestan servicios externalizados”. “Han despedido a las trabajadoras como si hubiera finalizado el año académico, sin embargo, hay que repartir comidas a aquellos niños que están acogidos al Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria (SYGA) o a buena parte del alumnado que tiene bonificado el 100% de la cuota del comedor.
Desde Adelante se pide al consejero de educación, Javier Imbroda, que no mire hacia otro lado e intervenga de forma inmediata puesto que, a día de hoy, las trabajadoras no han recibido siquiera la liquidación que les corresponde, lo que supone una infracotización en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
El diputado sevillano señala “la precariedad que normalmente sufren las trabajadoras de las empresas que gestionan los servicios de aulas matinales, comedores o actividades extraescolares, algo que es consecuencia directa de la política de privatizaciones que mantiene el Gobierno de la Junta” y denuncia que “si existiera un mínimo control por parte del gobierno respecto de las condiciones de los trabajadores de los servicios educativos externalizados, probablemente estas cosas no pasarían”.
Por si fuera poco, y tal y como ha denunciado el sindicato CC.OO., la empresa aún no ha entregado el certificado correspondiente a las trabajadoras para que puedan solicitar la prestación por desempleo. Tampoco las familias han recibido por parte de la concesionaria la devolución correspondiente de la mitad de la cuota del mes de marzo por los servicios no prestados, tal y como ha hecho público el AMPA ‘Familias en la escuela’ del centro educativo.
Sánchez llevará este asunto al Parlamento y pedirá responsabilidades de no solucionarse el problema, “no vamos a consentir que vayan trabajadoras en la calle cuando la Junta paga por el servicio, ninguna empresa va a aprovecharse de la situación de emergencia sanitaria para sacar tajada económica, así que esperamos que el consejero Imbroda tome cartas en el asunto, porque no hay ninguna justificación para que estos despidos se hayan realizado”, ha sentenciado Sánchez.