Cada vez que se acercan unas elecciones reaparece un viejo conocido de la política española: el llamado «voto útil». Una expresión aparentemente inocente que, sin embargo, esconde demasiadas veces una estrategia perfectamente calculada para condicionar la voluntad de la ciudadanía y concentrar el poder político en las mismas manos de siempre.
El mensaje es sencillo, repetitivo y tremendamente eficaz: «No votes a quien realmente quieres votar, porque tu voto puede perderse». O su variante más habitual: «Aunque compartas las propuestas de otra fuerza política, vota al partido grande para evitar que gobierne la derecha».
Llevamos décadas escuchándolo. Y, curiosamente, quienes más insisten en la utilidad del voto suelen ser quienes más se benefician de que otras opciones políticas pierdan representación.
Lo preocupante es que este discurso no procede únicamente de las grandes maquinarias electorales del bipartidismo. A veces termina penetrando también en nuestras propias filas. Lo escuchamos en conversaciones entre compañeros y compañeras, aparece en debates de organizaciones de izquierda e incluso lo encontramos en publicaciones en redes sociales de militantes de Izquierda Unida que, seguramente desde la preocupación sincera ante un posible avance de la derecha y la extrema derecha, acaban reproduciendo argumentos que históricamente han servido para debilitar nuestro espacio político.
Creo que merece la pena detenernos, reflexionar y explicar algunas cuestiones. No para señalar a nadie, sino para combatir una idea que, de tanto repetirse, hemos terminado aceptando como si fuera una verdad matemática.
Porque no lo es.
¿Qué dice realmente nuestra ley electoral?
Para desmontar determinados mitos conviene comenzar por algo tan sencillo como conocer las reglas del juego.
En España, las elecciones al Congreso de los Diputados se rigen por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Su artículo 163 establece el procedimiento de atribución de escaños mediante el conocido sistema D’Hondt.
Aunque su nombre pueda resultar complicado, el funcionamiento es relativamente sencillo.
En cada provincia se reparten los escaños que le corresponden en función de los votos obtenidos por las distintas candidaturas. Para ello, los votos de cada lista se dividen sucesivamente entre 1, 2, 3 y así sucesivamente, adjudicándose los escaños a los cocientes más altos.
Hay dos cuestiones fundamentales que debemos conocer.
La primera es que el reparto se realiza por provincias, no mediante una única bolsa estatal de votos. Por eso, el tamaño de cada circunscripción importa enormemente. En una provincia que elige pocos diputados resulta más difícil acceder a la representación que en otra que elige muchos.
La segunda es que, en las elecciones generales, las candidaturas necesitan obtener al menos el 3 % de los votos válidos de su circunscripción para participar en el reparto de escaños. Este porcentaje no garantiza representación, porque también depende del número de diputados que se eligen y de los resultados de las demás fuerzas políticas.
En las elecciones municipales, el artículo 180 de la misma ley establece un umbral del 5 % de los votos válidos y aplica igualmente el procedimiento D’Hondt para repartir los concejales.
Estas reglas son importantes porque nos permiten comprender algo esencial: no existe ninguna disposición legal que establezca que votar a una candidatura minoritaria signifique entregar el voto a otra fuerza política.
Si alguien vota a Izquierda Unida, ese voto se contabiliza para la candidatura en la que participa Izquierda Unida. No se transfiere al Partido Popular, ni a Vox, ni al PSOE.
Otra cosa distinta es que, dependiendo de los resultados, ese voto contribuya o no a conseguir un escaño o una concejalía.
Y esa distinción es fundamental.
No obtener un escaño no significa regalar votos a la derecha
Pongamos un ejemplo sencillo, con cifras imaginarias.
Imaginemos una circunscripción que reparte cinco escaños y en la que concurren cuatro candidaturas que superan el umbral legal:
Partido A: 40.000 votos.
Partido B: 32.000 votos.
Partido C: 18.000 votos.
Partido D: 10.000 votos.
Aplicando el sistema D’Hondt, el Partido A conseguiría dos diputados, el Partido B otros dos y el Partido C uno. El Partido D no obtendría representación.
¿Significa eso que sus 10.000 votos han pasado a los demás partidos? Evidentemente, no.
Esos votos siguen siendo suyos. Están contabilizados, expresan un respaldo político concreto y forman parte de la realidad electoral de esa circunscripción. Lo que sucede es que no han sido suficientes para alcanzar uno de los cinco cocientes más altos.
También debemos ser rigurosos: no todos los votos tienen la misma capacidad de producir representación parlamentaria. Nuestro sistema electoral presenta distorsiones, especialmente en las circunscripciones pequeñas, que dificultan la proporcionalidad y que desde Izquierda Unida llevamos décadas denunciando.
Pero una cosa es reconocer las limitaciones de una ley electoral y otra muy distinta es convertir esas limitaciones en una campaña permanente de resignación política.
Porque el discurso del voto útil suele omitir una cuestión decisiva: si una candidatura pierde votos porque sus potenciales electores creen que no tiene posibilidades, sus posibilidades de obtener representación disminuyen realmente.
Es una profecía que termina cumpliéndose a sí misma.
Primero nos dicen que no tenemos posibilidades. Después nos piden que votemos a otra fuerza porque no tenemos posibilidades. Finalmente, cuando perdemos representación, utilizan ese resultado como demostración de que tenían razón.
Un círculo perfecto para perpetuar el bipartidismo.
¿Y si precisamente tu voto es el que falta para conseguir representación?
Esta es la pregunta que casi nunca aparece en las campañas del llamado voto útil.
Se nos insiste constantemente en el riesgo de votar a una candidatura que puede quedarse sin representación. Pero rara vez se explica que una fuerza política puede encontrarse a unos cientos o unos miles de votos de conseguir un diputado o una concejalía.
En esos casos, concentrar el voto en una formación que ya tiene representación suficiente puede impedir que otra fuerza de izquierda consiga un escaño decisivo.
Incluso puede ocurrir que la candidatura mayoritaria reciba nuevos apoyos sin conseguir ningún representante adicional, mientras una candidatura más pequeña se quede a las puertas de obtenerlo.
Es decir, votar al partido más grande no siempre es la opción que permite obtener más representantes de izquierda.
No existe una regla universal que nos permita afirmar que dividir candidaturas sea siempre beneficioso, ni que concentrarlas sea siempre la mejor solución. El resultado depende de los votos, del tamaño de la circunscripción, de las candidaturas que concurren y de cómo se distribuyen los últimos escaños.
Por eso, utilizar una supuesta certeza matemática para exigir el voto a una formación concreta es, cuando menos, una simplificación interesada.
Las matemáticas electorales merecen respeto. No pueden convertirse en una coartada para el chantaje político.
El voto útil también tiene una dimensión política
Pero reducir toda esta discusión a una calculadora electoral sería cometer otro error.
Un voto no sirve únicamente para decidir quién ocupa un escaño. También expresa una preferencia política, mide el respaldo social a unas propuestas y contribuye a definir qué proyectos tienen presencia en la sociedad.
No conseguir representación en una elección determinada no elimina ese respaldo, aunque sus efectos institucionales sean distintos.
El voto también puede ayudar a consolidar organizaciones, fortalecer proyectos, identificar demandas sociales y construir las condiciones para obtener representación en el futuro.
Y esto tiene una enorme importancia para quienes creemos que la política no comienza ni termina en las instituciones.
Izquierda Unida no nació para administrar los márgenes de lo posible que otros nos permiten. Nació para transformar la sociedad, para defender los derechos de la clase trabajadora, para confrontar con los poderes económicos y para construir una alternativa política desde la organización y la movilización popular.
Las conquistas sociales no se explican únicamente por mayorías parlamentarias. Se explican también por la presión de las calles, las luchas sindicales, el movimiento vecinal, el feminismo, el ecologismo, el movimiento por la vivienda y tantas otras expresiones de organización colectiva.
La presencia institucional de una izquierda transformadora permite llevar esas reivindicaciones a los parlamentos y ayuntamientos, condicionando decisiones, modificando prioridades e impulsando avances que difícilmente llegarían por iniciativa de quienes consideran suficiente gestionar el sistema existente.
Por eso, el debate no debería limitarse a quién puede ganar unas elecciones. También debería preguntarse qué políticas queremos que ganen y quién va a defenderlas después de las elecciones.
Porque no basta con cambiar a quienes gobiernan si no somos capaces de cambiar las políticas que se aplican.
El miedo a la derecha no puede ser nuestro único proyecto
Entiendo perfectamente la preocupación que provoca el avance de la derecha y la extrema derecha.
Comparto esa preocupación. No podemos permanecer indiferentes ante quienes cuestionan derechos conquistados, atacan el feminismo, alimentan discursos racistas, niegan la emergencia climática o pretenden convertir los servicios públicos en oportunidades de negocio.
Pero precisamente por esa razón debemos preguntarnos si la mejor manera de combatirlos consiste en debilitar la izquierda transformadora.
Durante años hemos escuchado que determinadas reivindicaciones debían esperar porque había que evitar que gobernara la derecha. Que no era el momento de exigir demasiado. Que había que moderar el discurso. Que debíamos conformarnos con lo posible.
Y, sin embargo, la extrema derecha no ha desaparecido.
Quizá porque la mejor forma de combatir su avance no consiste únicamente en pedir el voto contra ella, sino en ofrecer respuestas concretas a los problemas materiales de la mayoría social.
Garantizar el derecho a una vivienda digna, mejorar los salarios, defender las pensiones, fortalecer la sanidad y la educación públicas, asegurar empleos estables, reducir las desigualdades y avanzar en derechos sociales.
Esa es nuestra principal responsabilidad.
El miedo puede movilizar temporalmente. Pero difícilmente puede sostener por sí solo un proyecto político transformador.
No podemos pedir a la ciudadanía que renuncie permanentemente a votar aquello en lo que cree para evitar algo que teme.
La democracia debería servir para ampliar las opciones políticas, no para reducirlas a una elección resignada entre dos posibilidades.
Una reflexión también para nuestra propia militancia
Quiero detenerme especialmente en una cuestión que me preocupa.
En los últimos tiempos he leído comentarios y publicaciones de compañeros y compañeras de Izquierda Unida que, ante determinados escenarios electorales, parecen asumir como inevitable el discurso del voto útil hacia otras fuerzas políticas.
Sé que en muchos casos esas posiciones nacen de una preocupación legítima. Nadie puede cuestionar el compromiso de quienes llevan años trabajando por construir una sociedad más justa.
Pero creo que debemos ser conscientes de las consecuencias políticas de nuestras palabras.
Cuando desde nuestra propia organización alimentamos la idea de que votar a nuestro espacio político puede ser inútil, estamos trasladando a la ciudadanía un mensaje profundamente contradictorio.
¿Cómo vamos a convencer a alguien de que nuestras propuestas son necesarias si nosotros mismos sembramos dudas sobre la utilidad de respaldarlas electoralmente?
¿Cómo vamos a fortalecer una organización si contribuimos a instalar la percepción de que carece de capacidad para influir?
Y, sobre todo, ¿cómo vamos a construir una alternativa de izquierdas si asumimos que nuestra principal responsabilidad es pedir el voto para otros?
Esto no significa cerrar los ojos ante la realidad electoral ni rechazar las alianzas.
Todo lo contrario.
Soy un firme defensor de la unidad de la izquierda. Pero de una unidad construida desde el respeto, el programa compartido, la participación democrática y el reconocimiento de las distintas tradiciones políticas.
Una unidad que sume fuerzas, no que exija la desaparición o subordinación de unas a otras.
Una unidad para transformar las políticas y no exclusivamente para confeccionar candidaturas.
La unidad puede ser una herramienta electoral muy valiosa. Pero no puede construirse sobre la convicción de que nuestras ideas, nuestras organizaciones o nuestra militancia son prescindibles.
La unidad de la izquierda debe servir para multiplicar nuestra fuerza, no para convencernos de que por separado no valemos nada.
Sevilla también necesita una izquierda que no renuncie a sí misma
Quienes desarrollamos nuestra actividad política en el ámbito municipal sabemos que la presencia de una izquierda transformadora en las instituciones no es una cuestión meramente simbólica.
En Sevilla, defender la vivienda pública, denunciar la turistificación, combatir las desigualdades entre barrios, exigir mejores servicios municipales o reclamar condiciones laborales dignas para las plantillas de los servicios públicos no son debates abstractos.
Son conflictos políticos concretos en los que existen intereses contrapuestos.
Y en los que no siempre basta con que el gobierno municipal cambie de color.
Hace falta voluntad política para cuestionar determinadas prioridades, enfrentarse a intereses económicos y defender propuestas que no siempre resultan cómodas para los grandes partidos.
La representación institucional de Izquierda Unida tiene sentido precisamente porque queremos intervenir en esos conflictos con voz propia, con propuestas y con una posición política reconocible.
No aspiramos a estar en las instituciones por estar. Aspiramos a utilizarlas como una herramienta al servicio de la transformación social.
Y para eso necesitamos una izquierda organizada, con autonomía política, arraigo social y capacidad de movilización.
Entonces, ¿existe el voto útil?
Por supuesto que un voto puede tener efectos estratégicos distintos según el contexto electoral. Negarlo sería tan poco riguroso como afirmar que todos los votos obtienen idénticos resultados.
En determinadas circunscripciones, una candidatura puede tener muy difícil alcanzar representación. En otras, unos pocos votos pueden resultar decisivos. Y en algunas situaciones la concentración electoral puede facilitar un escaño adicional, mientras que en otras puede no producir el resultado esperado.
Pero precisamente porque la realidad es compleja, nadie debería presentar su preferencia política como la única opción matemáticamente válida.
El voto útil no es una categoría jurídica de nuestra legislación electoral. Es una interpretación estratégica que debe analizarse en cada caso y que con demasiada frecuencia se utiliza como instrumento de presión.
Además, conviene desmontar otra falsedad habitual: que votar a una fuerza política que finalmente no obtiene representación equivale a votar por sus adversarios.
No es así.
Los votos de las candidaturas que no alcanzan representación no se redistribuyen automáticamente entre las que sí la consiguen. Otra cuestión es que diferentes distribuciones de los votos puedan producir repartos de escaños distintos.
Confundir ambas cosas no ayuda a comprender el sistema electoral. Solo contribuye a generar miedo y resignación.
La verdadera utilidad de un voto
Para mí, un voto útil es aquel que contribuye a construir el proyecto político y la sociedad que queremos.
Un voto que permite defender derechos, fortalecer la organización popular, respaldar propuestas transformadoras y exigir coherencia a quienes nos representan.
No siempre se traducirá en un escaño. No siempre conseguirá cambiar un gobierno. No siempre producirá resultados inmediatos.
Pero la historia de la izquierda demuestra que muchas de las conquistas que hoy consideramos irrenunciables comenzaron siendo reivindicaciones minoritarias.
Si quienes las defendieron hubieran renunciado a ellas porque no parecían tener posibilidades de triunfar, probablemente nuestra sociedad sería muy diferente.
No debemos confundir el realismo político con la resignación.
Necesitamos inteligencia electoral, capacidad de acuerdo, generosidad para construir alianzas y una lectura rigurosa de cada escenario. Pero también necesitamos convicciones, organización y la confianza de que nuestras ideas merecen ser defendidas.
A los compañeros y compañeras que sienten dudas les diría que es legítimo debatir, discrepar y analizar las distintas opciones. Lo que no deberíamos hacer es asumir sin cuestionarlo el marco político que el bipartidismo ha utilizado durante décadas para reducir nuestro espacio.
Y a quienes creen que la única forma de frenar a la derecha es votar siempre al partido más grande, les invitaría a reflexionar sobre una pregunta: ¿qué ocurriría si esa lógica terminara dejando sin representación a quienes defienden con mayor firmeza las transformaciones sociales que necesitamos?
Quizá la izquierda sería numéricamente más concentrada, pero políticamente más débil.
No hay una respuesta electoral universal. Lo que sí debería haber es un principio democrático irrenunciable: que nadie tenga que votar con miedo a defender aquello en lo que cree.
Porque el voto más inútil para transformar la sociedad puede ser precisamente aquel que emitimos convencidos de que nuestras propias ideas no tienen futuro.
No dejemos que otros decidan qué aspiraciones son posibles y cuáles debemos abandonar.
La izquierda no nació para elegir permanentemente el mal menor.
Nació para luchar por un mundo mejor.
Y esa sigue siendo, hoy más que nunca, su verdadera utilidad.