Exigimos a la Consejería de Fomento que blinde el carácter social de las 91 viviendas de Estatuto de Autonomía de Écija
Ismael Sánchez: “La Junta de Andalucía no puede dejar abandonadas a las 91 familias de Estatuto de Autonomía de Écija”. Tras acudir a la concentración realizada hoy en Sevilla, el diputado exige a la Consejería de Fomento que blinde el carácter social de las viviendas.
Exigimos a la Consejería de Fomento que blinde el carácter social de las 91 viviendas de Estatuto de Autonomía de Écija
El diputado de Unidas Podemos por Andalucía Ismael Sánchez acudía hoy a la concentración que ha tenido lugar a las puertas del Palacio de San Telmo en apoyo a las 91familias residentes en la Calle Estatuto de Autonomía de la localidad sevillana de Écija que han visto cómo sus hogares han sido sometidos a una subasta, privándolos del carácter social que tenían.
Para Sánchez Castillo se trata de “una enorme injusticia cometida con el beneplácito de la Junta de Andalucía, que desde el minuto uno ha dado por perdida la partida, al no ejercer su derecho de retracto, sin ni siquiera intentar mantener el carácter público de estas viviendas, y sin importarle cómo afecta a los vecinos y vecinas”. “Creemos que no es justo que sufran las consecuencias de la mala gestión por parte de las instituciones competentes” ha declarado el diputado sevillano.
Así mismo Ismael Sánchez ha recordado que “desde nuestro grupo parlamentario ya instamos a la Consejería de Fomento a actuar, de forma que se pudieran garantizar las condiciones sociales para los inquilinos: personas y familias con rentas bajas y en algunos casos en situación de vulnerabilidad, que ahora se ven en una crítica situación”.
“Ante esta inacción – destaca el parlamentario- las 91 viviendas sociales han sido finalmente subastadas y compradas por una sociedad, creada meses antes, por 14.000 euros por vivienda, dándose ahora la circunstancia que se las ofertan a los actuales inquilinos por el triple del precio, una actuación inhumana y al más puro estilo capitalista que deja a estas 91 familias en una dramática situación”. “Por ello, ha finalizado, sólo queda la vía de la lucha como único mecanismo para intentar que la Junta de Andalucía dé marcha atrás, rectifique y ejerza las competencias que tiene en materia de vivienda para garantizar el carácter público y social de estas residencias”.