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Eligio García considera, tras el anuncio oficial realizado por el Alcalde, que la adquisición de estas viviendas por parte de un fondo de inversión provoca una grave situación de inestabilidad para los inquilinos por lo que IU apoyará al equipo de gobierno municipal para exigir a la Junta el ejercicio del derecho de retracto que reclamamos hace dos años.
El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Eligio García, compareció ayer en rueda de prensa para anunciar que su grupo político apoyará la petición del equipo de gobierno municipal a la Junta de Andalucía para que ésta ejerza el derecho a retracto de los pisos de protección oficial de la Avenida Estatuto de Autonomía, tras conocerse oficialmente la noticia de que éstos han sido adquiridos por un fondo de inversión por 1,4 millones de euros.
Eligio García ha mostrado su preocupación por el hecho de que, de no ejercer la Junta este derecho, las viviendas de Estatuto de Autonomía acaben finalmente en manos de un fondo privado “que no nos inspira mucha confianza por la situación de inestabilidad que supone para los inquilinos de estos pisos de protección oficial”.
El portavoz de IU considera que esto es una consecuencia directa de la gestión que hizo en su momento el PP, cuando gobernaba junto al PA el Ayuntamiento de Écija, con la liquidación de los bienes de la antigua SEDESA y acusa a este partido de “no haber puesto toda la carne en el asador para garantizar la titularidad pública de estas viviendas”.
García ha explicado que ya en octubre de 2019, tras conocerse que un fondo de inversión había pujado en subasta por las viviendas, su Grupo municipal mantuvo una reunión con sus vecinos acompañado del Parlamentario andaluz, Ismael Sánchez (IU), quien presentó una pregunta por escrito a la Consejera de Fomento, Marifrán Carazo (PP), en relación a si la Junta de Andalucía estaría dispuesta a ejercer el derecho de retracto en el caso de que dicho fondo de inversión las adquiriera. La respuesta llegó en enero de 2020 afirmando que preferían que las viviendas siguieran siendo de titularidad pública, pero sin aclarar si iban a ejercer dicho derecho.
A consecuencia de ello, García plantea “ahora que, por desgracia, se ha dado esta circunstancia y la venta está ahí, que exigimos, como ya hicimos entonces, a la Consejería de Fomento que se pronuncie claramente sobre si va a ejercer este derecho de retracto, que permitiría que en el plazo de 60 días tras efectuarse la compra la Junta de Andalucía pueda quedarse con las viviendas, y pedimos a todos los grupos de la Corporación que unan sus fuerzas, como vamos a hacer desde Izquierda Unida, para impedir que estas viviendas sociales acaben en manos privadas”.