La Junta de Andalucía priva de un derecho a las andaluzas y andaluces al recomendar a las entidades locales dejar de tramitar la Renta Mínima de Inserción Social (RMISA) en aquellos casos de solicitud del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
La normativa autonómica debe adaptarse para garantizar al conjunto de la ciudadanía la compatibilidad de estos dos derechos subjetivos.
Mucho nos tememos, y ojalá nos equivoquemos, que desde la Consejería de Igualdad se ha puesto en marcha un plan para el desmantelimiento de la RMISA.