Exigimos que las administraciones públicas actúen con carácter de urgencia ante la UE y la ONU y que, conjuntamente, protejan a la activista saharaui Sultana y a su familia, en serio peligro y que siguen viviendo asediadas, aisladas y confinadas por las fuerzas de ocupación marroquíes.
Pedimos a España que cumpla con sus responsabilidades como potencia administradora y que exija al gobierno de Marruecos el respeto del Derecho Internacional Humanitario.
Pedimos a la ONU que de manera urgente envíe una comisión médica internacional a la ciudad ocupada de Bojador para asistir y atender a la activista y su familia ante esta fragante violación de los derechos humanos.