Una solicitud que se produce tras la cancelación de la fase de aprobación definitiva y la pérdida consiguiente de la subvención concedida o los perjuicios ocasionados a aquellos que se hicieron cargo con fondos propios.
El diputado por Sevilla, Ismael Sánchez ha registrado hoy una Proposición No de Ley (PNL) sobre la concesión de subvenciones a las corporaciones locales de la provincia de Sevilla para la financiación de la redacción y difusión del PGOU de sus municipios, en la que se destaca la importancia de este instrumento de planeamiento general definido en la normativa urbanística de España como un instrumento básico de ordenación integral del territorio.
Así localidades sevillanas como Arahal, La Puebla de Cazalla y Aznalcóllar, estaban inmersas en estos procesos, ya que, en Sevilla, como en Andalucía, existe un gran número de municipios que no tienen aprobados sus planes generales, debido a la escasa agilidad de la normativa vigente, viendo en consecuencia limitadas sus posibilidades de desarrollo social, ambiental y económico.
“Los datos que nos arroja la Junta de Andalucía es que hay 201 municipios con PGOU en fase inicial y 135 con aprobación provisional y el periodo medio para su aprobación definitiva es de una década.” Señala el diputado en esta PNL, en la que se recuerda que “Dentro del procedimiento de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, los PGOU están sometidos a evaluación ambiental estratégica siendo preceptivo y vinculante obtener de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente un informe previo de valoración ambiental para que establezca las determinaciones ambientales que deben recogerse en el plan y tras la aprobación provisional esta Consejería debe emitir un informe ambiental definitivo que “tendrán carácter vinculante y sus condicionamientos se incorporarán en la resolución que lo apruebe definitivamente”.
Sin embargo, la publicación en el BOJA extraordinario nº 85 el 2 de diciembre de 2020, “de medidas extraordinarias y urgentes en materia de evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos de planeamiento urbanístico”, en su artículo 2, establece que “La Consejería competente en materia de medio ambiente dará por finalizados los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de instrumentos de planeamiento urbanístico tramitados conforme a la Disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal, notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación”.
Esto ha provocado que se han redactado Resoluciones de la Delegaciones Territoriales de Desarrollo sostenible por las que se declaran la finalización del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica relativa al PGOU dejando sin efecto los informes de Declaración Ambiental Estratégica que se han emitido en los procedimientos de evaluación ambiental para los PGOU de los municipios afectados.
“Esta decisión de la Junta de Andalucía de declarar la finalización del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de numerosos planes de Andalucía, suscita una problemática para muchos municipios sevillanos” ha declarado Ismael Sánchez, quien recuerda que se trata de problemas a nivel económico, administrativo y sobre todo temporal ya que la media en la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento es de 10 años, por lo que son muchos años de esfuerzos invertidos que se tendrán que arrojar por la borda”.
Según destaca el parlamentario por Sevilla, “El PGOU cuyo contenido contempla aspectos tan relevantes como el crecimiento demográfico, el diseño del municipio, qué suelos pueden urbanizarse y para qué usos, cuántos parques y equipamientos habrá y donde se localizarán, cuáles serán los viarios principales, cuántas viviendas libres y protegidas se realizarán y dónde… debe regresar a la casilla de salida para volver a invertir esfuerzos, tiempo y, sobre todo, dinero en la elaboración”.
Por ello se presenta esta PNL en la que insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía al pago de los costes derivados de la redacción del PGOU tras la cancelación de la fase de aprobación definitiva y pérdida consiguiente de la subvención concedida para aquellos Ayuntamientos sevillanos que la solicitaron al amparo de la Orden de 8 de julio de 2008 o se hicieron cargo con fondos propios; e insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la publicación de una nueva convocatoria de ayudas extraordinarias en régimen de concurrencia no competitiva, para los Ayuntamientos que se han visto afectados.