Hay noticias que, leídas con atención, dicen mucho más de lo que aparentan. Que el IES Híspalis haya llenado todas sus plazas después de haber estado amenazado de cierre no es solo una buena noticia para su comunidad educativa. Es una respuesta colectiva. Es la demostración práctica de que los barrios de la zona querían su instituto, lo necesitaba y estaban dispuesto a defenderlo.
Durante meses, familias, alumnado, profesorado, personal del centro y vecinos de los barrios colindantes han vivido con incertidumbre el futuro del Híspalis. No hablamos de un edificio cualquiera ni de una ficha más en un mapa de planificación educativa. Hablamos de un instituto público de barrio, con una función educativa, social e integradora evidente, situado en una zona donde cerrar plazas públicas no solo habría sido un error administrativo, sino una decisión profundamente injusta.
Por eso tiene tanta fuerza lo que ha ocurrido. Donde algunos veían un centro a extinguir, la comunidad educativa ha demostrado que hay demanda, arraigo y futuro. Donde se había instalado la idea de que el Híspalis podía desaparecer sin demasiadas consecuencias, la realidad ha dicho lo contrario: las plazas se han llenado y ahora el debate ya no puede ser cómo se cierra, sino cómo se consolida, cómo se mejora y cómo se garantiza su continuidad en condiciones dignas.
El Híspalis ha resurgido porque su comunidad educativa no se resignó. Porque se organizó. Porque levantó la voz. Porque explicó, con argumentos y con afecto, que este instituto cumple una función que no se puede sustituir de cualquier manera. Y porque San Diego, Las Almenas, Las Naciones, Los Arcos, Los Carteros, Campos de Soria, La Corza… como tantos barrios obreros de Sevilla, están cansados de que las decisiones importantes se tomen desde lejos, sin contar suficientemente con quienes viven, estudian, trabajan y sostienen día a día los servicios públicos.
Ahora bien, sería un error celebrar esta victoria parcial y pasar página.
Precisamente porque el Híspalis ha demostrado que tiene presente y futuro, toca hablar del mantenimiento del centro educativo. No basta con mantenerlo abierto. Hay que cuidarlo. Hay que invertir. Hay que garantizar que sus instalaciones estén a la altura de lo que merece el alumnado y de lo que necesita el profesorado para desarrollar su trabajo.
La educación pública no se defiende solo evitando cierres. Se defiende también mejorando aulas, garantizando espacios suficientes, actualizando equipamientos, cuidando patios, instalaciones deportivas, zonas comunes y accesos. Se defiende planificando a medio y largo plazo, no improvisando. Se defiende escuchando a la comunidad educativa antes de que los problemas estallen.
Por eso la reclamación de un edificio anexo debe ser tomada en serio. Si el Híspalis llena sus plazas, si existe demanda suficiente y si otros centros de la zona ya han venido soportando ratios elevadas, la respuesta no puede ser mirar hacia otro lado. La respuesta debe ser reforzar la red pública educativa del distrito Norte y Macarena. Y eso implica voluntad política, coordinación administrativa y recursos.
Unas instalaciones deportivas que deben volver a ser de uso público y social
Pero el debate sobre el complejo de Pino Montano no termina en el instituto. Junto al Híspalis está también la realidad de unas instalaciones deportivas que durante años han tenido un valor enorme para la zona y que hoy necesitan una solución seria: el pabellón deportivo, la piscina y el conjunto de espacios que deberían estar al servicio de la ciudadanía.
La piscina cubierta y el pabellón no pueden ser tratados como elementos secundarios ni como piezas prescindibles dentro de una operación urbanística o patrimonial. Durante años han prestado servicio no solo a residentes universitarios o alumnado, sino también a vecinos y vecinas, clubes deportivos, personas mayores, niños y jóvenes del entorno. Han sido, o deberían volver a ser, infraestructuras públicas de barrio.
Y aquí hay una cuestión de fondo: cuando una instalación pública se deteriora por falta de mantenimiento, la solución no puede ser resignarse a perderla. El abandono no puede convertirse en argumento para justificar el cierre. Si una piscina se cierra, si un pabellón deja de funcionar, si los clubes tienen que marcharse a otras instalaciones más lejanas y dispersas, lo que falla no es la demanda social: lo que falla es la gestión pública.
La zona necesita instalaciones deportivas abiertas, accesibles y con uso social. Necesita piscina pública. Necesita pabellón. Necesita espacios para el deporte base, para la natación terapéutica, para las escuelas deportivas, para los clubes, para las familias, para las personas mayores y para la juventud. Porque el deporte no es un lujo. Es salud, convivencia, prevención, igualdad y derecho a la ciudad.
El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado
En este punto, el Ayuntamiento de Sevilla no puede limitarse a mirar desde la barrera. Es cierto que la titularidad del complejo corresponde a la Diputación de Sevilla y que las competencias educativas corresponden a la Junta de Andalucía. Pero la vida cotidiana de ese equipamiento se desarrolla en Sevilla, afecta a vecinos y vecinas de Sevilla y forma parte de la red social, educativa y deportiva de la ciudad.
Por eso creo que el Ayuntamiento debe implicarse activamente. Y una fórmula razonable sería la firma de un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial para el mantenimiento, gestión y uso público de las instalaciones deportivas del complejo educativo de Pino Montano, incluida la piscina.
Ese protocolo debería tener objetivos claros: garantizar que las instalaciones deportivas se recuperen y se mantengan en condiciones adecuadas; asegurar su uso público y social; facilitar la participación de clubes, entidades vecinales y comunidad educativa; integrar la programación deportiva en la oferta del Instituto Municipal de Deportes; y establecer una financiación y una gestión estables, transparentes y evaluables.
No se trata de una pelea de siglas ni de una disputa competencial estéril. Se trata de que las administraciones colaboren para resolver problemas reales. La ciudadanía no entiende —con razón— que unas administraciones se pasen la responsabilidad de unas a otras mientras un instituto vive con incertidumbre, una piscina permanece cerrada o un pabellón se deteriora.
La Junta debe garantizar la planificación educativa y la continuidad del Híspalis. La Diputación debe asumir su responsabilidad como titular del complejo y comprometer inversiones con vocación de servicio público. Y el Ayuntamiento debe actuar como administración más cercana, defendiendo el interés de los barrios y ofreciendo colaboración para que esas instalaciones deportivas vuelvan a estar vivas.
El caso del Híspalis nos deja una enseñanza muy clara: cuando la comunidad educativa y el barrio se movilizan, cambian el marco del debate. Ya no hablamos de cierre, sino de futuro. Ya no hablamos de pérdida, sino de ampliación. Ya no hablamos de resignación, sino de derechos.
Ahora toca estar a la altura de esa movilización. Toca consolidar el instituto, mejorar sus instalaciones, estudiar seriamente la construcción de un edificio anexo y recuperar el complejo deportivo de Pino Montano para el uso público y social.
Porque la zona no necesita menos servicios públicos. Necesita más. Más educación pública, más deporte de barrio, más mantenimiento, más inversión y más colaboración entre administraciones.
El Híspalis ha resistido. Ahora las administraciones tienen que responder.