Hay momentos en política en los que ya no valen los eufemismos. Y este es uno de ellos. El pacto de gobierno entre PP y VOX en Andalucía no es un acuerdo de gestión, ni un simple reparto de sillones, ni una suma parlamentaria coyuntural. Es un salto reaccionario de enorme gravedad. Es la entrada oficial de la extrema derecha en el corazón de las instituciones andaluzas. Y es, sobre todo, la normalización de un programa político basado en el odio, la exclusión y el recorte de derechos.
Lo más grave no es solo que VOX imponga su agenda. Lo más grave es que el Partido Popular la asuma, la blanquee y la convierta en política de gobierno. Porque aquí ya no estamos ante una derecha supuestamente moderada que “necesita” apoyos para gobernar. Aquí estamos ante una derecha que compra el marco de la ultraderecha, que lo firma negro sobre blanco y que lo mete en la Junta de Andalucía con toda la carga de xenofobia, clasismo, autoritarismo y revancha ideológica que ello implica.
Y entre todas las barbaridades que contiene ese acuerdo, hay una que resume perfectamente su proyecto: la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Conviene decirlo con claridad: esto no es una medida técnica ni administrativa. Es un planteamiento profundamente injusto, discriminatorio y moralmente indecente. Es intentar convertir los derechos sociales en un privilegio reservado para unos y negado a otros. Es enfrentar a pobres contra pobres. Es romper el principio de igualdad para imponer una lógica de exclusión.
La “prioridad nacional” no nace para defender a nadie. Nace para señalar a un chivo expiatorio. Nace para hacer creer a la gente trabajadora que el problema de la sanidad, la vivienda o los servicios sociales no está en los recortes, en las privatizaciones, en la especulación o en las rebajas fiscales a los de arriba, sino en el vecino migrante, en la familia extranjera, en el menor no acompañado. Es la vieja estrategia de la derecha: destruir lo público, generar malestar y después culpar a quien menos tiene.
Porque ese es el fondo del asunto. Cuando el PP y VOX hablan de “defender el bienestar”, mienten. Quienes han deteriorado la sanidad pública, han infrafinanciado la educación, han dejado pudrirse la dependencia y han convertido la vivienda en un negocio no son las personas migrantes. Son precisamente quienes ahora pretenden dar lecciones de orden, de patria y de justicia social mientras rebajan impuestos a las élites, protegen privilegios y debilitan los servicios públicos.
El acuerdo es muy claro en su orientación política. Rechaza la acogida de menores migrantes, plantea planes de retorno y repatriación, persigue a las ONG que trabajan con personas migrantes, quiere reforzar mecanismos de control sobre el padrón y pretende levantar un muro burocrático y político frente a quienes más necesitan protección. No es una política de convivencia. Es una política de persecución institucional del diferente.
Y además introduce un mensaje venenoso: que hay personas que merecen derechos y personas que no. Que hay vidas más dignas de protección que otras. Que la solidaridad es sospechosa. Que ayudar a quien llega huyendo del hambre, la guerra o la desesperación es un problema. Esa lógica no solo degrada la democracia; degrada también a la propia sociedad andaluza, que siempre ha sido tierra de mezcla, de acogida, de ida y vuelta, de memoria migrante.
Pero el retroceso no se queda ahí. Este pacto también apunta contra el feminismo, contra la memoria democrática, contra la cooperación, contra el ecologismo y contra cualquier política pública que no encaje en su cruzada reaccionaria. Ahí está la pretensión de sustituir la memoria histórica por una supuesta “Ley de Concordia”, es decir, el intento de blanquear el franquismo y de vaciar de verdad, justicia y reparación la lucha memorialista. Ahí está también la ofensiva contra las llamadas “leyes ideológicas”, que no es otra cosa que un ataque al movimiento feminista, al colectivo LGTBIQA+, a la educación en valores democráticos y a cualquier avance social que haya cuestionado los privilegios de siempre.
También cargan contra los sindicatos, reducen y ponen en la diana la cooperación internacional y siguen abonando la idea de que todo lo que huela a organización popular, derechos humanos o transformación social es “gasto superfluo”. No es casual. La derecha y la ultraderecha saben perfectamente quién les molesta: les molesta la gente organizada, les molestan los movimientos sociales, les molesta la memoria antifascista, les molesta el feminismo, les molesta la solidaridad y les molesta todo aquello que ensanche la democracia.
Por eso este pacto no se combate solo con una crítica puntual. Se combate con claridad política, con movilización social y con una respuesta democrática a la altura. Porque no estamos ante una anécdota, sino ante un proyecto de sociedad. Un proyecto en el que se castiga al de abajo, se protege al privilegiado y se utiliza el miedo como herramienta de gobierno. Un proyecto en el que lo público se debilita, los derechos se condicionan y el odio se institucionaliza.
Frente a eso, desde la izquierda tenemos una obligación: no normalizar, no rebajar el tono y no aceptar su marco. El problema de Andalucía no son las personas migrantes. El problema de Andalucía son la desigualdad, la precariedad, el desempleo, la especulación, el deterioro de los servicios públicos y décadas de políticas pensadas para unos pocos. El problema no es quien llega sin nada; el problema es quien gobierna para quienes lo tienen todo.
Andalucía no necesita “prioridad nacional”. Andalucía necesita prioridad social. Necesita más sanidad pública, más educación pública, más vivienda pública, más empleo digno, más derechos, más igualdad, más memoria democrática y más solidaridad. Necesita una política que una a la clase trabajadora, no que la fracture. Necesita más democracia y menos odio.
Y por eso hay que decirlo alto y claro: el pacto PP-VOX en Andalucía es un pacto de vergüenza. Un pacto contra los derechos, contra la convivencia y contra la dignidad de nuestro pueblo. Y frente a él no cabe ni el silencio ni la equidistancia. Cabe la denuncia, la organización y la lucha.
Porque los derechos no se mendigan.
Se defienden.