Lo ocurrido en Ceuta no ha sido una crisis migratoria más. Ni siquiera puede explicarse únicamente como una consecuencia de la pobreza, la desesperación o la falta de expectativas que padecen miles de jóvenes al otro lado de la frontera. Es, sobre todo, una crisis política y diplomática provocada mediante la utilización de seres humanos como instrumento de presión contra España.
Durante unas horas, decenas de miles de personas cruzaron una frontera que el régimen marroquí controla con enorme dureza cuando quiere controlarla. Muchas de ellas han regresado ya a Marruecos al terminar la fase más aguda del episodio. Precisamente por eso, porque aquella movilización masiva pudo permitirse y después detenerse, resulta difícil sostener que todo respondió a una concentración espontánea, a la actuación de unas supuestas mafias o a una interpretación interesada de una sentencia del Tribunal Supremo.
Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), pidió analizar lo sucedido con serenidad y sin explicaciones simplistas. Recordó que las llegadas habían crecido antes de la resolución judicial y señaló la concurrencia de múltiples factores: la pobreza, la ausencia de expectativas, el movimiento extraordinario asociado a la Operación Paso del Estrecho y la saturación estructural de los recursos. También advirtió de algo evidente: una concentración humana de semejante magnitud difícilmente podía pasar inadvertida para las autoridades marroquíes. Su planteamiento obliga a separar dos planos que algunos pretenden confundir: las causas sociales que empujaron a aquellas personas y la decisión política que permitió que la frontera quedara abierta.
Marruecos volvió a utilizar a su propia población
El régimen de Mohamed VI convirtió de nuevo a una parte de su población civil, empobrecida y desesperada, en material de presión diplomática. No es la primera vez. Ya sucedió en mayo de 2021, cuando Rabat permitió la entrada de casi 10.000 personas en Ceuta como represalia por la asistencia sanitaria prestada en España a Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Marruecos conoce perfectamente el valor político de la frontera. La abre cuando quiere presionar, la cierra cuando alcanza sus objetivos y presenta después su colaboración como si fuera un favor concedido a España y a la Unión Europea. Esa es una de las consecuencias más graves de haber externalizado la política migratoria europea hacia regímenes autoritarios: quienes deberían ser simples interlocutores terminan administrando nuestras fronteras y utilizando la vida de las personas como moneda de cambio.
Lo sucedido ha tenido una dimensión humanitaria terrible. Ha habido personas que murieron (59 en el momento de la publicación de esta reflexión) tratando de alcanzar a nado la costa ceutí. Miles llegaron sin comida, sin agua, sin un lugar donde dormir y sin los productos más básicos de aseo. Cada una de ellas tiene una historia, una familia y unas razones para haber arriesgado la vida. Ninguna debe ser reducida a una cifra, a una amenaza o a un arma arrojadiza.
Pero reconocer su humanidad no obligaba a cerrar los ojos ante la responsabilidad política de Rabat. Al contrario: denunciar la instrumentalización de la migración es también defender a las personas instrumentalizadas. Quienes fueron empujados hacia la frontera no son los culpables. Son las primeras víctimas de un régimen que les niega derechos, oportunidades y futuro, y que después utiliza su desesperación para enviar un mensaje a España.
Un aviso en un momento muy concreto
La pregunta no es solo qué ha ocurrido, sino por qué ha ocurrido precisamente ahora.
España ha comenzado a recomponer sus relaciones con Argelia, principal rival de Marruecos en el Magreb. Al mismo tiempo, el Congreso avanza en la tramitación de la proposición de ley para reconocer el acceso a la nacionalidad española de las personas saharauis nacidas bajo la administración española y de sus descendientes. La iniciativa, presentada por el Grupo Plurinacional Sumar e impulsada políticamente por Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, con Enrique Santiago entre sus ponentes, ha aprobado ya su dictamen en la Comisión de Justicia y espera la votación definitiva del Pleno.
Nada de eso resulta indiferente para Marruecos.
Tampoco puede separarse este episodio del contexto internacional. España ha venido asumiendo posiciones propias en cuestiones de enorme trascendencia: la denuncia de la masacre y del genocidio en Gaza, la negativa a asumir sin discusión la escalada del gasto militar exigida en la OTAN y el rechazo a sumarse a una nueva guerra contra Irán. Esas decisiones han molestado a quienes pretendían que Europa se limitara a obedecer las prioridades de Washington y Tel Aviv.
Marruecos es, además, un aliado estratégico de Estados Unidos e Israel. Recibe respaldo político, militar y tecnológico israelí, también en su ocupación del Sáhara Occidental y en su guerra contra el pueblo saharaui. Por eso, mi lectura política de lo sucedido es clara: Ceuta ha sido un aviso a navegantes. Un mensaje emitido directamente por el sátrapa Mohamed VI, pero perfectamente funcional a los intereses de Donald Trump y Benjamin Netanyahu.
No afirmo que exista una orden escrita ni una sala en la que los tres decidieran conjuntamente esta operación. Sería irresponsable presentar como hecho probado lo que constituye una interpretación política. Pero las alianzas, los intereses compartidos y el momento elegido permiten entender quiénes se benefician del debilitamiento de una España con voz propia y quiénes desean disciplinar cualquier gesto de autonomía exterior.
El mensaje parece evidente: cada paso hacia Argelia, cada defensa del pueblo palestino, cada negativa al rearme y cada avance en el reconocimiento de los derechos del pueblo saharaui puede tener un coste.
España no puede aceptar ese chantaje.
Firmeza no significaba racismo
Responder con firmeza no consiste en maltratar a quienes han cruzado la frontera. No consiste en devolver indiscriminadamente, impedir el acceso al asilo o negar la protección debida a niños, niñas y adolescentes. Marruecos no puede ser considerado automáticamente un país seguro para todas las personas, especialmente para quienes huían de persecuciones políticas.
Cada situación debe ser examinada individualmente, garantizando el derecho de asilo, la asistencia jurídica, la protección de la infancia y el cumplimiento de la legislación nacional e internacional. La alternativa al chantaje marroquí no puede ser copiar sus métodos ni sacrificar derechos fundamentales.
Firmeza significa defender nuestra soberanía política y exigir responsabilidades al Gobierno marroquí. Significa dejar claro que España no aceptará que se utilicen a seres humanos para condicionar su política exterior. Significa también revisar una relación bilateral construida sobre una dependencia cada vez mayor del régimen de Rabat y recuperar una política autónoma hacia el Magreb, el Sáhara Occidental y el conjunto del Mediterráneo.
Y significa no caer en la trampa de la extrema derecha.
Vox ha utilizado inmediatamente lo sucedido para propagar miedo, racismo y odio. Como siempre, señala a quienes estaban abajo para proteger a quienes mandan arriba. No ha dirigido su indignación contra Mohamed VI, ni contra la pobreza estructural que empujó a miles de jóvenes, ni contra un modelo europeo que ha entregado el control de sus fronteras a gobiernos autoritarios. La ha dirigido, una vez más, contra las personas migrantes.
No es casual. La extrema derecha española comparte alineamiento internacional con Trump y Netanyahu y mantiene una llamativa complacencia con la monarquía marroquí. Mientras el régimen de Rabat abría la frontera, Vox aprovechaba las consecuencias para atacar al Gobierno, cuestionar los derechos humanos y dividir a la clase trabajadora. Era difícil imaginar una actuación más funcional a la provocación marroquí.
Ceuta necesitaba recursos, no propaganda
Durante la emergencia, la prioridad debía ser garantizar la vida, la dignidad y la convivencia. Ceuta necesitaba suministros básicos suficientes: alimentos, agua potable, medicamentos, material sanitario, productos de higiene y medios extraordinarios de limpieza. La acumulación de miles de personas en espacios limitados exigía activar una verdadera contingencia sanitaria, prevenir enfermedades, asegurar la atención urgente y evitar que la falta de recursos derivara en problemas de salud pública.
Era imprescindible reforzar inmediatamente las plantillas sanitarias, los servicios sociales, los equipos de protección de menores, la limpieza, la logística y el personal encargado de la atención humanitaria. No se podía exigir a quienes sostenían los servicios públicos que afrontaran una situación excepcional con recursos ordinarios, turnos interminables y plantillas ya tensionadas.
La coincidencia con la Operación Paso del Estrecho agravaba todavía más el riesgo. Se necesitaba un plan especial de contingencia para impedir el colapso de la ciudad, del puerto y de las principales vías de comunicación. Ese plan debía coordinar al Gobierno de España, la Ciudad Autónoma, las comunidades autónomas y los servicios públicos implicados. Esto no se ha hecho y ahora se deben agilizar los traslados legales a la península, especialmente cuando existan plazas disponibles en el sistema de acogida. Como señaló Mauricio Valiente en una reciente entrevista, «el problema no es únicamente la cantidad de recursos, sino la lentitud para activar de forma coordinada el conjunto del sistema».
Merecen un reconocimiento especial las trabajadoras y trabajadores de la sanidad, los servicios sociales, la limpieza, los centros de acogida, las fuerzas de seguridad, las organizaciones sociales y cuantos sostuvieron la ciudad durante aquellas horas. Frente al caos planificado desde fuera y al odio agitado desde dentro, fueron los servicios públicos y la solidaridad quienes protegieron la convivencia.
Europa también estuvo en la frontera de Ceuta
Ceuta y Melilla no son solamente fronteras españolas. Son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África. Por tanto, aquella emergencia no debía descargarse exclusivamente sobre la ciudad autónoma ni tratarse como un problema bilateral entre España y Marruecos.
La Unión Europea debía aportar recursos económicos, equipos sanitarios, personal especializado y capacidad de acogida. Pero, sobre todo, debe abandonar un modelo migratorio basado en pagar a terceros países para que hagan el trabajo sucio. Mientras Europa continúe externalizando sus fronteras hacia regímenes que vulneran los derechos humanos, seguirá expuesta al chantaje.
Hace falta una política migratoria común, estable y solidaria, basada en vías legales y seguras, protección internacional, cooperación entre Estados y respeto absoluto a la dignidad humana. No una sucesión de alambradas, devoluciones sin garantías y acuerdos opacos con autócratas.
El verdadero mensaje que España debe enviar
La gran mayoría de quienes cruzaron retornó a Marruecos. La fase más crítica terminó, pero el problema político permanece. Porque una frontera que se abre y se cierra a voluntad de un régimen extranjero no constituye una política migratoria: constituye una dependencia estratégica.
España debe responder con serenidad, pero también con firmeza. Sin aceptar chantajes. Sin abandonar al pueblo saharaui. Sin renunciar a sus relaciones con Argelia. Sin retroceder en la defensa de Palestina. Sin someter su política exterior a Trump, Netanyahu o Mohamed VI. Y sin permitir que la extrema derecha utilice el sufrimiento humano para propagar racismo y fracturar nuestra sociedad.
Ceuta fue el escenario, pero el mensaje iba dirigido a todo el país.
Nos dijeron que nuestras decisiones soberanas tendrían consecuencias. Que defender la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional podía ser castigado. Que Marruecos continúa dispuesto a utilizar la pobreza de su pueblo como arma política.
Nuestra respuesta debe ser exactamente la contraria a la que esperan: más soberanía, más servicios públicos, más solidaridad y más derechos humanos.
Porque un país digno no elige entre proteger sus fronteras y proteger a las personas. Hace ambas cosas. Y no permite que ningún rey, por muy respaldado que esté por Washington o Tel Aviv, decida su política exterior utilizando vidas humanas como munición.