Cuántas veces le hemos dicho al consejero de Presidencia que las contrataciones que realizaba no se ajustaban a derecho, que los nombramientos eran ilegales que no se pueden realizar procesos de contratación en 24 horas donde el único criterio sea enviar un correo electrónico, que no se accede así a la administración pública.
Aún así, se han contratado y nombrado ingenieros informativos, técnicos agrícolas de administraciones generales y se ha excluido a mujeres embarazadas, o en lactancia, a mayores de 60 años a personas con patologías, para puestos de trabajo que nada tenían que ver con el combate a la COVID.
¿Cuánto están costando a todos los andaluces y andaluzas los procesos judiciales por una mala decisión de la consejería de Presidencia? Los jueces ya le han dicho que no puede crear grupo de empleados públicos al margen de la norma. Casi 4000 plazas por procedimientos de urgencia obviando los procedimientos de capacidad, mérito y publicidad.
¿Va a sumir el consejero de Presidencia este gravísimo error? ¿Y los perjuicios a las y los trabajadores? ¿va a depurar responsabilidades políticas?