En la presentación del Proyecto de Función Pública de la Junta se anunció el denominado “Genoma del funcionario”, una información que fue recogida, incluso con el vídeo del anuncio, en la mayoría de los medios de comunicación. Le preguntamos al consejero de Presidencia por qué ahora lo desmiente, no querrá insinuar que se han manipulado estas imágenes, le preguntamos si no es verdad que en las pretensiones y en las declaraciones de su Secretaria General de Administración Pública estaba la utilización de medios de Inteligencia Artificial para recabar opiniones y comentarios de los perfiles personales de las redes sociales de los funcionarios.
El Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos en su lógica de desmantelamiento de lo público había anunciado el proyecto del “Genoma del funcionario” lo han anunciado pública y oficialmente. Un nuevo ataque, en esta ocasión, contra las y los funcionarios públicos de Andalucía.
Han querido espiar al funcionariado en su vida personal y ver qué actuaciones realizaban fuera de la esfera profesional, por ello hemos advertido al consejero, una vez más, que se trata de unos hechos de dudosa legalidad, lo que estaban proponiendo es ilegal e indecente.
Si hay algo que hay que poner en valor de la función pública andaluza es la objetividad y profesionalidad de los servidores públicos. Tras el revuelo que se ha formado, la Junta de Andalucía da marcha atrás, y bienvenido sea. Esperamos así no vernos en otra situación como la que hemos visto con las “Contrataciones Express” sobre las cuales están lloviendo sentencias judiciales. Por ello volvemos a preguntar a la Consejería de Presidencia cuánto nos está costando a los andaluces y a las andaluzas todos estos procesos judiciales y todas las costas a las que se están viendo obligados a hacerse cargo.