Los tres centros de día de atención a las adicciones que prestan sus servicios en la ciudad de Sevilla (Macarena, Juan XXIII y Polígono Sur) amanecerán cerrados el próximo martes 3 de enero al finalizar el plazo de adjudicación a la empresa que los gestiona. Así lo ha advertido el candidato de IU a la Alcaldía de Sevilla, Ismael Sánchez, tras mantener un encuentro con una representación de los usuarios de estos centros.
Por este motivo, Sánchez ha solicitado al Ayuntamiento que establezca algún tipo de “fórmula extraordinaria de prórroga” con la empresa prestataria del programa municipal, que se encuentra externalizado, de manera que se garantice su continuidad en tanto se procede a realizar una nueva adjudicación, un procedimiento que puede prolongarse meses durante los cuales los centros estarían cerrados.
El candidato de IU a la Alcaldía ha denunciado que el cese del Programa Municipal de Centros de Día de Atención e Incorporación Sociolaboral de personas afectadas por adicciones supone dejar “tirados” a una serie de sevillanos y sevillanas que necesitan este servicio al tratarse de personas muy vulnerables, por lo que ha insistido en que no haya un parón en la prestación del servicio y ha recordado que la mejor manera de fortalecer los servicios públicos para garantizar los derechos de la ciudadanía es la gestión directa desde lo público.
Los propios usuarios de los centros están llevando a cabo una campaña de recogida de firmas para evitar su cierre, con más de 1.500 apoyos recabados hasta ahora. Argumentan que tanto las consultas individuales a las que asisten con profesionales como los talleres en los que participan les permiten prevenir recaídas y fomentar su reinserción social y laboral, ya que una de las consecuencias de las adicciones es el aislamiento y la desconexión social.
Ismael Sánchez ha criticado que el Ayuntamiento ni siquiera ha informado del cierre de los centros a sus usuarios, cuando en la actualidad suponen el único recurso municipal que ofrece y garantiza la atención integral, psicosocial y laboral que estos enfermos necesitan, por lo que la interrupción en la prestación del servicio puede acarrear consecuencias graves para estas personas, que durante meses quedarán desatendidos poniendo en riesgo su salud.