La legislación estatal vigente establece que la temporalidad en el empleo público ha de estar por debajo del 8 por ciento. Sin embargo, el porcentaje en el Ayuntamiento de Sevilla supera con mucho ese porcentaje, y el índice se dispara en el caso de los servicios sociales municipales. Por este motivo, el candidato de IU a la Alcaldía de la ciudad, Ismael Sánchez, ha reclamado al equipo de gobierno de Antonio Muñoz (PSOE) que establezca negociaciones con los sindicatos con el objetivo de alcanzar la estabilización de los empleados públicos afectados.
Tras mantener un encuentro con los representantes de los trabajadores, Sánchez ha aseverado que el Ayuntamiento “se tiene que sentar con los sindicatos y abrir una negociación para alcanzar de forma urgente un acuerdo para la incorporación de las plazas que se van a perder si no se cubren mediante los procesos selectivos adecuados”, ya que se trata de personas que están ocupando plazas estructurales dentro de la plantilla municipal.
A juicio del candidato de IU a la Alcaldía, “los trabajadores no tienen por qué pagar las consecuencias de un problema que ellos no han generado”, y ha asegurado que se trata de un “sector muy feminizado” con una media de temporalidad muy alta, en muchos casos de más de 12 años, a quienes la Administración local está “condenando a la exclusión laboral después de haber dedicado los últimos años de sus vidas al fortalecimiento de unos servicios públicos cada vez más desmantelados, situación de la que el Ayuntamiento no puede eximir su responsabilidad”.
En este sentido, ha añadido que esta situación de inestabilidad laboral afecta principalmente al área de Servicios Sociales precisamente en un momento de crisis económica: trabajadores sociales, educadores, psicólogos… que gestionan programas de intervención social urgente en los barrios de una ciudad que “no puede permitirse más destrucción de estructura pública”, de la misma manera que los empleados “no merecen este maltrato institucional por parte de la Administración. Se trata de un asunto de justicia social”, ha sentenciado, por lo que ha insistido en reclamar la estabilización de estas plazas al gobierno municipal.
Y no valen excusas. La legislación estatal abre el marco legal para proceder a la estabilización de estos empleados, ya que las plazas afectadas cumplen los criterios establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público en sus disposiciones adicionales sexta y octava.