formula a la Consejería de Interior Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, una pregunta relativa a las Guardias de Violencia de Género en Alcalá de Guadaira.
Nos llegan denuncias sobre una grave discriminación, concretamente apunta la denuncia a una discriminación que viene practicando el Colegio de Abogados de Sevilla con el plácet de la Junta de Andalucía, en cómo se implementan las guardias de violencia de género, en general en la provincia y en particular en el partido judicial de Alcalá de Guadaira.
La denunciante expresa que la guardia de violencia de género que responde a un derecho constitucional del artículo 24, derecho a un proceso con todas las garantías y también la obligación de proveer a aquellos ciudadanos y ciudadanas que no tienen recursos suficientes, del derecho a la asistencia jurídica y al nombramiento de letrado abogado y procuradores; son implementados en el partido judicial de Alcalá de Guadaira y en otros partidos del Sevilla por el Colegio de Abogados de una manera disfuncional.
Son retribuidas de una manera inferior al resto de las guardias y lo que puede suponer una agresión directa del derecho a la igualdad y una discriminación que no tiene ninguna base en ninguna en ninguna norma legal y que se fundamentan exclusivamente en que en el destinatario de esas guardias son mujeres, explica la denunciante que “realmente no hay más fundamento para esa desigualdad retributiva”.
Así mismo, denuncia que esto se hace desde el Colegio de Abogados y la Junta de Andalucía a través de una figura que introducen en la normativa administrativa y que se llama el “fraccionamiento de guardia”, según la cual, la Junta de Andalucía autoriza al Colegio de Abogados de Sevilla a fraccionar aquellas guardias se consideren conveniente. Este fraccionamiento, entre comillas, es un eufemismo que simplemente significa que son guardias que se pagan menos, no significa que tengan menos tiempo de dedicación, ni que se pida una formación diferente, al contrario, se pide más para la violencia de género, y no hay ninguna otra justificación de base por la cual tengan que ser menos retribuidas.
Así entre las diversas guardias que cubre el colegio de abogados, el 98% de ese fraccionamiento y de ese menor pago por parte del servicio público le toca a la violencia de género. “En el partido judicial Alcalá de Guadaira todas las guardias de violencia de género sistemáticamente se pagan a la mitad que el resto de las guardias, que viene fijada en la normativa administrativa esa retribución”.
“Esto no sale en las estadísticas, realmente lo que hace es cargar a aquellos letrados que se preocupan de atender precisamente a los delitos que se cometen contra las mujeres, peor. No tienen más justificación que aplicar el heteropatriarcal y machista pensamiento que dice que el trabajo de las mujeres o para las mujeres no se retribuye o se retribuye menos”, señala la demandante, quien destaca que “las administraciones, la Junta de Andalucía y el Colegio de Abogados de Sevilla deben entender que tienen que cuidar el cumplimiento escrupuloso de los derechos, tienen que ser quiénes nos protegen frente a las discriminaciones y no quienes las apliquen y desarrollen en su propio cumplimiento de los servicios”.
Con ello quieren reivindicar que las guardias de violencia de género se retribuyan con igualdad al resto de las guardias y que se acabe con ese mecanismo del fraccionamiento de guardias, ese eufemismo consistente en pagar menos ciertas guardias, al criterio de los colegios, que lo único que hace es que se provoquen este tipo de discriminaciones y que sean difíciles de controlar. Hay que acabar ya con esta discriminación sin base hacia los servicios que se prestan a las mujeres.
Preguntamos:
¿Es conocedor el Gobierno de la Junta de Andalucía de esta denuncia?
¿Qué opinión le merece?
¿Qué mecanismos ha puesto en marcha para corregir la “discriminación” denunciada?