Desde el inicio de la pandemia, las residencias de ancianos se convirtieron en uno de los principales focos de contagio de COVID-19. El 63,41 % de las muertes notificadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad de personas con coronavirus se ha producido entre mayores que vivían en residencias de ancianos. En esta llamada segunda ola estamos asistiendo con horror a la misma situación de nuevo.
Así mismo, la falta de transparencia y la mala gestión de la información que normalmente hay supone una enorme angustia e incertidumbre a las familias de los residentes, que en muchos casos han conocido el nivel de propagación del virus de las residencias por la prensa.
El modelo de privatización y mercantilización de los cuidados a las personas mayores se ha evidenciado fracasado, algo muy denunciando incluso antes de que llegara la emergencia sanitaria. Ésta no ha hecho más que poner sobre la mesa todos los problemas que se venían sufriendo y denunciando desde hace años: falta crónica de personal, precariedad laboral y escasez de recursos.
Por ello, formulamos las siguientes preguntas:
- ¿Contempla el Gobierno de la Junta de Andalucía realizar una auditoría sobre la gestión que las empresas privadas han hecho durante la crisis sanitaria en cada una de las residencias de personas mayores?
- ¿Qué mecanismos de intervención pública urgente de las residencias privadas en los casos en los que no se pueda garantizar la seguridad y la atención plena a residentes?
- ¿Contempla el Gobierno de la Junta de Andalucía implementar un sistema de residencias 100% público, universal y de calidad?
Descarga la iniciativa: POP 1075-20 AUDITORIA COVID R-MAYORES