Tanto el diputado autonómico, Ismael Sánchez Castillo, como el portavoz municipal, Daniel González Rojas, se han hecho eco de las quejas vecinales instando a Junta, Ayuntamiento y Autoridad Portuaria a buscar una solución
A pesar de que la Autoridad Portuaria aprobó un mapa estratégico de ruidos a principios de 2020, los vecinos y vecinas de Heliópolis siguen denunciando “continuos ruidos por maquinaria y traslado de contenedores, así como la descarga de chatarra durante la madrugada”.
Tanto Sánchez como Rojas se han hecho eco, a través de sendas preguntas registradas en el Parlamento y en el Ayuntamiento de la capital, de las quejas de los ruidos provocados por el Puerto de Sevilla durante las 24 horas del día y que afectan de forma directa a las viviendas de esta zona de la ciudad, que están apenas a 500 metros en línea recta con la dársena del Batán.
Ismael Sánchez recuerda que “cuando, a principios de este año, la Autoridad Portuaria hizo el mapa estratégico de ruidos obvió las denuncias vecinales y optó por negar cualquier problema y afirmar que todo se ajustaba a la legalidad”. Pero, según denuncia el diputado autonómico, “el Puerto sí que admitía ruidos por la noche y afirmó que estaba poniendo en práctica un protocolo de actuación que impedía cargar o descargar piezas de chatarra en horario nocturno y esto último no se ha cumplido en ningún momento”.
El parlamentario exige a la Consejería de Fomento, donde reside la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que se implique en resolver esta problemática “ya que la actividad portuaria tiene que compaginarse con el derecho al descanso y con el bienestar de los sevillanos y sevillanas”.
Por su parte, González Rojas lamenta que el vecindario “sea mareado constantemente por la policía local que escurre el bulto a la Autoridad Portuaria mientras ésta niega la descarga de chatarra y los ruidos por la noche, aunque hay vídeos que demuestran que esta actividad se realiza durante la madrugada”.
El portavoz municipal afirma que “el Ayuntamiento no puede estar al margen de esta problemática y sobre todo cuando Juan Espadas figura como representante de nuestro municipio en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria”. “Si el señor Espadas está allí representando a la ciudad, le exigimos que eleve las quejas y busque una solución urgente en alguna de las reuniones de este órgano y que no esté allí solo para calentar el sillón”, concluye Rojas.
La SOCIEDAD ECOLOGISTA AL-WADI-IRA – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ha presentado con fecha 15 de septiembre de 2020 alegaciones en el trámite de información pública de la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, otorgada a Cementos Portland Valderrivas, S.A., con fecha 5 de junio de 2006, TM de Alcalá de Guadaíra, que tiene por objeto la valorización de residuos no peligrosos como combustible alternativo para el horno de clinker, Expte AA/SE/018/06/M1, en ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 10 de octubre de 2017.
Preguntamos en el Parlamento de Andalucía si la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible muestra su parecer favorable a que el Gobierno inicie los trámites propios para declarar la nulidad y dejar sin efecto los actos administrativos recurridos POC 2396-20 CEMENTERA PORTLAND ALCALA
También hemos presentado una Proposición No de Ley (PNL) que puede descargarse aquí: PNLC 180-20 CEMENTERA PARTLAND ALCALÁ
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La “valorización energética” de residuos es un proceso mediante el cual los vertidos se someten a ciertos tratamientos, de forma que se reduce su volumen y se generan, por un lado, unas pequeñas cantidades de residuos y, a su vez, energía proveniente de los materiales contenidos.
Está demostrado que este proceso produce emisiones a la atmósfera de sustancias con propiedades cancerígenas, mutágenas o que pueden afectar a la reproducción. Además, como se aprecia en el mapa de abajo, la actividad de la cementera afecta de forma directa a Alcalá de Guadaira, Montequinto y Torrequinto (Dos Hermanas) y barrios de la ciudad de Sevilla como Torreblanca, Palmete, Padre Pío o a la Universidad Pablo de Olavide.
Según el informe pericial elaborado en 2016 por Don Carlos Arribas Ugarte, Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y Máster en Detección de la Contaminación Ambiental por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, esta cementera emitió a la atmósfera en cantidades significativas (es decir, superiores al umbral establecido en el Anexo II del Real Decreto 508/2007 que regula el Registro PRTR-ES) en el periodo 2005-2014 sustancias contaminantes cancerígenas o tóxicas para la reproducción sin que existieran Valores Límite de Emisión (VLE) establecidos para ellas en las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) otorgadas en 2006 y 2014.
El informe pericial concluye que la incineración de algunos de los flujos de residuos autorizados en la AAI de 16 de septiembre de 2014, en concreto Neumáticos Fuera de Uso, Fragmentación de Vehículos Fuera de Uso y Plásticos, puede contribuir al aumento de las emisiones a la atmósfera de sustancias peligrosas, cancerígenas o disruptores hormonales. La incineración de algunos tipos de plástico que en principio son considerados residuos no peligrosos generan como Productos de Combustión Incompleta sustancias peligrosas.
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), Número 159, del martes 18 de agosto de 2020, se ha publicado el Acuerdo de 23 de julio de 2020, por el que se amplía el plazo de información pública anunciado en el BOJA número 135, de 15 de julio de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por el que, en ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 10 de octubre de 2017, recaída en el recurso número 374/2015, interpuesto por la Sociedad Ecologista Al Wadiira, contra la Resolución de 13 de marzo de 2015 del Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, expediente AAI/SE/018/06/M1, correspondiente al proyecto de modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de 5 de junio de 2006, otorgada a Cementos Portland Valderrivas, S.A., que tiene por objeto la valorización de residuos no peligrosos como combustibles alternativos para el horno de clínker.
Portland Valderrivas, S.A. pretende utilizar un máximo de 197.000 toneladas año de residuos, entre los que se encuentran: 30.000 t de lodos, 20.000 t NFU (neumáticos), 50.000 t RSU (residuos sólidos urbanos), 20.000 t VFU vehículos fuera de servicio, 12.000 t de papel y cartón, 25.000 t de plásticos, 20.000 t de residuos textiles y 20.000 t de residuos del azúcar y agrícolas, representa en un retroceso en cuanto a la sostenibilidad y el tratamiento integral de los residuos, poniendo en serio peligro la salud de las personas.
La Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, insta a los estados miembros a priorizar la prevención y reutilización, fomentando un reciclado de alta calidad mediante la recogida separada de residuos.
El Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, desarrolla la política de prevención de residuos, conforme a la normativa vigente para avanzar en el cumplimiento del objetivo de reducción de los residuos, configurándose en torno a cuatro líneas estratégicas destinadas a incidir en los elementos clave de la prevención de residuos:
HAY UN IMPACTO CLARO SOBRE LA SALUD DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS.
En 2015 se publicó un estudio epidemiológico alrededor de las fábricas de cemento, yeso, cal y óxido de magnesio en España llevado a cabo por un equipo investigador del Instituto de Salud Carlos III, Centro de Epidemiología de referencia en el Estado Español. Se estudió (García-Pérez et al., 2015) por primera vez en España la posible correlación de residir cerca de esas 67 instalaciones (< 5 km) con el exceso de 33 tipos de cáncer en el periodo 1997-2006. Se utilizaron datos de mortalidad del Instituto Nacional de la Salud y de emisiones del Registro estatal PRTR-ES. Se encontró un exceso de mortalidad en todos los tipos de cáncer alrededor de esas factorías (Riesgo Relativo, RR de 1,04 en hombres y 1,03 en mujeres) y en especial las fábricas de cemento (RR de 1,05 en hombres), respecto a la población restante que vivía alrededor de cada factoría en un radio de 50 km. Se detectó especialmente un aumento en la mortalidad por cáncer de colon-recto (RR de 1,07 en ambos sexos).
Los resultados de este estudio ecológico más relevantes indican que existe un exceso de riesgo de 8 % de mortalidad por cáncer colorrectal en el entorno de las industrias cementeras en el total de la población. Este riesgo se da tanto en hombres como en mujeres, por lo que posiblemente se trate de un problema derivado de una exposición ambiental. Por otro lado, también se encuentran excesos de riesgo de mortalidad únicamente en hombres por cáncer de vesícula biliar, vejiga, pleura y peritoneo en municipios con industrias cementeras en su entorno; excesos de riesgo de mortalidad por melanoma en los hombres que viven en municipios cercanos a industrias productoras de yeso y excesos de riesgo de mortalidad por cáncer renal, encéfalo y vulva y vagina en mujeres que viven en municipios con industrias productoras de cal en su entorno. Dado que estos hallazgos no se dan en ambos sexos a la vez, posiblemente estemos, en algunos casos, ante un problema relacionado con exposiciones en los trabajadores de esas industrias.
Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía a petición de Marea Blanca y de la plataforma ‘Barrios Hartos’, viene a proponer, para su discusión y aprobación la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez llevará al Parlamento una Proposición No de Ley para que la institución manifieste oficialmente su oposición al proyecto para la instalación de una incineradora por parte de la cementera de Alcalá de Guadaira.
Ayer finalizaba el plazo de información pública del proyecto que, impulsado por la cementera Portland Valderrivas S.A., prevé la instalación de una incineradora con capacidad para quemar 197.000 toneladas de residuos con el propósito de obtener energía. Para Sánchez está demostrado que este proceso, conocido como “valorización energética”, produce emisiones contaminantes a la atmósfera de sustancias con propiedades cancerígenas, mutágenas y que pueden afectar a la reproducción.
Sánchez Castillo ha alertado que “la actividad de la incineradora afecta directamente a Alcalá de Guadaira, Torrequinto y Montequinto y a barrios como Torreblanca, Palmete, Padre Pío o incluso a la Universidad Pablo de Olavide” y, por ello, cree que “el Parlamento andaluz no puede permanecer ajeno a un proyecto claramente perjudicial para la ciudadanía”. Por ello, el diputado, haciéndose eco de las demandas de plataforma vecinal Barrios Hartos, de Marea Blanca y de la propia Plataforma contra la incineración en Los Alcores, ha anunciado que “Adelante presentará una iniciativa parlamentaria, en forma de Proposición No de Ley, en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.”.
Sánchez se ha mostrado preocupado ante “las emisiones contaminantes de zonas industriales como las existentes en Alcalá de Guadaíra” y recordado que la salud está por encima de cualquier interés económico e insta al Gobierno de la Junta a apostar por alternativas limpias basadas en el reciclaje, que además suponen la creación de más empleo”.
Por último, el parlamentario ha recordado que a pocos metros de donde se ubica la cementera hay un barrio residencial y un colegio de infantil y primaria y que “el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya declaró nula la utilización ambiental integral de la cementera Portland Valderrivas S.A., al faltar un informe imprescindible como el de compatibilidad urbanística.
Debate de una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía sobre la necesidad de realizar un refuerzo de profesionales de la sanidad pública andaluza frente a la segunda oleada de COVID-19.
“Si entramos en colapso sanitario no habrá recuperación económica posible”
El diputado autonómico, Ismael Sánchez, y los concejales de la capital andaluza, Daniel González Rojas y Sandra Heredia, han mantenido un encuentro con la Asociación Centro Cultural de Personas Sordas “Torre del Oro” de Sevilla
En la reunión mantenida entre los representantes de Adelante y la asociación se ha puesto de manifiesto cómo han crecido las barreras para las personas sordas por culpa de la crisis sanitaria.
Según Ismael Sánchez, “el uso de mascarillas dificulta la comunicación con las personas sordas ya que los movimientos de la boca son fundamentales”, por lo que considera que “hay que garantizar que estas personas puedan acceder a la comunicación y a la información a través del servicio de intérprete de lengua de signos, presencial o a través de aplicaciones telemáticas, en hospitales, colegios y otros servicios públicos y adaptando todo tipo de información emitida desde la Junta de Andalucía”.
En este sentido, ha instado a las autoridades sanitarias “a trabajar para homologar mascarillas transparentes que favorezcan la lectura labial, ya que las condiciones que impone la crisis sanitaria y las que ha puesto la propia Junta, dificultan que este colectivo pueda comunicarse de forma adecuada”.
El diputado solicita también al Gobierno andaluz que contemple alguna fórmula para paliar esta situación y establezca medidas extraordinarias que permita solucionar la problemática generada y que pasan por dotar de un servicio de interpretación para facilitar la autonomía de la comunidad sorda en centros educativos, sanitarios y dependencias públicas. “Es una verdadera odisea la que atraviesa, desde el inicio de la pandemia, una persona sorda cada vez que tiene que acudir a un centro de salud o a un hospital y ahora en los centros educativos tras el inicio del curso escolar”, ha concluido el diputado.
Por su parte, los concejales de Adelante Sevilla han vuelto a manifestar su apoyo a la comunidad sorda y se han puesto a disposición de la asociación “para arrimar el hombro y que de una vez las diferentes administraciones garanticen el derecho a la accesibilidad universal”.
Rojas y Heredia han exigido al gobierno municipal que “mejore el servicio de información ciudadana del 010, porque la atención que se da al colectivo de personas sordas es más que insuficiente en este momento”. Por parte de los integrantes del Grupo Municipal se insiste en “que en todas las oficinas o ventanillas donde se atiende a los sevillanos y sevillanas por parte del Ayuntamiento hay que garantizar la accesibilidad universal, poniendo los medios necesarios para ello y eliminando las barreras comunicativas que existen en este momento”.
“Son muchas la mociones aprobadas por el Pleno de Sevilla para mejorar el día a día de las personas sordas, pero el incumplimiento es casi nulo” denuncian Rojas y Heredia, que también instan al equipo de Juan Espadas “a resolver las deficiencias de la actual sede la asociación, cedida por el Consistorio, en la calle Santiago y a que se garantice la seguridad vial en el entorno, pues las personas sordas que acuden a la asociación se ponen en riesgo por culpa del paso de coches en una calle tan estrecha”.
Pedimos a la Junta de Andalucía que cumpla con los acuerdos de la PNL aprobada en el Parlamento y preste asistencia y asesoramiento legal a las víctimas del accidente en el hotel Fun 100% de Tarifa que costó la vida a dos trabajadoras y provocó heridas de gravedad a otras seis.
El Gobierno no puede fallar en el cumplimiento de sus competencias. Sería imperdonable que un accidente así volviera a ocurrir.
Denunciamos el fuerte recorte de la convocatoria de subvenciones dirigida tanto a asociaciones como a entidades locales para la realización de programas de acción social, en materia de solidaridad y garantía alimentaria, así como para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias.
El parlamentario de Adelante Andalucía por Sevilla, Ismael Sánchez (IU), ha mantenido una reunión de trabajo con el concejal de Adelante San Juan de Aznalfarache, Daniel Navas, quien ha trasladado al grupo parlamentario su total rechazo a la posible adjudicación por parte del Ayuntamiento del servicio de limpieza a una empresa privada, lo que afectará enormemente a la calidad del empleo y a la prestación del servicio.
Desde Izquierda Unida se considera, y así lo viene defendiendo en esta legislatura el representante de IU en el Ayuntamiento, “que este servicio debe ofrecerlo el consistorio de manera directa, con el consiguiente ahorro para las arcas municipales y como garantía de dar una mejor prestación”, añadiéndose desde la formación de izquierda que “en concreto, plantea crear una empresa pública, como hay en muchas localidades, para la gestión”. Asimismo, los dirigentes de IU recuerdan que “las privatizaciones históricamente siempre han sido conflictivas, ya que todas las empresas que se han hecho cargo de las concesiones han tenido posteriormente problemas por el incumplimiento de los pliegos de condiciones”.
Tanto Sánchez como Navas piensan que “es un despropósito plantearse la privatización de una gestión pública que terminará afectando a las condiciones de los trabajadores y cuyas consecuencias terminarán pagando la ciudadanía”.
El parlamentario andaluz, Ismael Sánchez, ha señalado que el plan Andalucía en Marcha “no es un plan extraordinario de reactivación económica ni para Andalucía ni para Sevilla, no representa la puesta en marcha de nuevos proyectos, sino que son deudas históricas con nuestra provincia, compromisos del Gobierno de la Junta que el propio presidente Juanma Moreno anunció iban a estar desarrollados en el primer año de legislatura y que, dos años después, solo son humo y que beneficiará a empresas privadas”.
Sánchez ha incidido en que este plan “tampoco representa un esfuerzo económico extra” ya que, ha dicho, “estamos hablando de infraestructuras que estaba ya planificadas, algunas de ellas con proyectos en marcha para su licitación, y que ahora se agrupan, se les pone un lazo y se venden como si fuera un plan nuevo”.
Ha recordado que el plan contempla algo menos de 3.500 millones de euros y “el esfuerzo inversor de los presupuestos de la Junta de Andalucía en un solo año es de 7.000 millones de euros, con lo cual, este plan se quedaría muy corto teniendo en cuenta que es para tres años”.
De igual modo, Sánchez ha criticado, en un comunicado, que “hablar de que Andalucía está en marcha porque se vayan a poner, precisamente en marcha, las obras del hospital de Osuna, la Ciudad de la Justicia o centros educativos y venderlos como nuevos es un absoluto despropósito cuando no se incluye una financiación extraordinaria, proyectos y necesidades nuevas, así como proyectos que no tengan una huella en el empleo más allá de la construcción”.
“No se puede hablar de un plan que es un auténtico ejercicio de marketing y de autobombo del gobierno de la Junta de Andalucía, intentar hacer ver lo contrario es un insulto a la inteligencia de los sevillanos y sevillanas”, ha apostillado.
Es más, ha agregado que “muchas de estas infraestructuras van a estar ligadas a la financiación a través de la colaboración público-privada, un modelo a través del cual, la Junta cede el terreno a una entidad privada, le permite construir, y después es la misma Junta, con el dinero de todos la que tendrá que pagar durante 30 o 40 años un alquiler totalmente abusivo por el uso de esas instalaciones, resultando el costo al final más de tres veces superior que habiéndolo construido directamente bien con fondos propios, bien a través de financiación”.
A su juicio, “este modelo de colaboración lo han seguido ya otras comunidades en las que el resultado final ha sido la privatización de estos servicios por llevar a cabo un sistema de construcción de infraestructuras totalmente insostenible”. “No queremos una Sevilla que hipoteque su futuro a este modelo”, ha concluido.