ELECCIONES PRESIDENCIALES 2022
Vitoria, 9 de septiembre de 2022
Presentación de la Misión
El Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia se constituyó el 18 de octubre del 2021 con el objetivo principal de trabajar conjuntamente para apoyar y facilitar la construcción de Paz en este país, desde una perspectiva que presta especial atención a la garantía de los Derechos Humanos y a las personas que los defienden. Hasta el momento se han sumado 51 parlamentarias y parlamentarios del Congreso de los Diputados, del Senado, del Europarlamento y de diferentes Parlamentos Autonómicos.
Entre los propósitos expresados en el acto de su constitución se encontraba el de garantizar la observación internacional del ciclo electoral de 2022. A este fin, se puso en marcha la formación de la Misión de Observación Electoral del Interparlamentario por la Paz en Colombia, finalmente compuesta por dieciocho personas del Estado Español, trece de ellas parlamentarias (ver Anexo).
Para preparar el ejercicio de observación se celebraron varias sesiones de formación, tanto de contexto con las plataformas de DDHH, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Plataforma Colombiana Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, así como de contenido más técnico sobre observación electoral con la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Misión se desplazó al país con el objeto de observar la transparencia y limpieza del proceso electoral en su conjunto, del proceso de votación y los resultados en los comicios presidenciales, tanto en la primera vuelta del 29 de mayo, como en la segunda vuelta celebrada el 19 de junio de 2022, en la que volvieron a participar siete de sus miembros. Todos las personas que conformaron la Misión obtuvieron acreditaciones como observadores internacionales por parte del CNE. Se visitaron Buenaventura, Cali, Medellín y Bogotá, realizando observación directa en más de cincuenta centros de votación de las últimas tres ciudades.
Para conocer el contexto en el que el proceso electoral se producía hemos mantenido reuniones con el CNE, la MOE, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Comisión de la Verdad, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, las Alcaldías de todas las ciudades visitadas, con miembros de tres de las campañas electorales que se presentaban, con organizaciones y plataformas de Derechos Humanos, organizaciones sociales: campesinas, sindicales, juveniles, de mujeres, colectivos de abogados, con autoridades de consejos comunitarios de comunidades afrocolombianas y de cabildos indígenas.
El presente informe es fruto tanto de la observación directa como de la información obtenida en estas reuniones.
Notas generales de la Observación en las dos jornadas electorales
Las jornadas electorales observadas transcurrieron en líneas generales y en términos procedimentales de manera correcta. Esto se debe, en nuestra opinión, en gran medida al estudio de los errores señalados por la MOE y otras instancias en las últimas legislativas de marzo y la consecuente corrección por parte de la Registraduría de muchos de los aspectos señalados. En ese sentido, la valoración que se hace desde la Misión de Observación Electoral del Interparlamentario por la Paz en Colombia es positiva y se entiende que el transcurso de las jornadas fue tranquilo y funcional.
Cabe apuntar que la participación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2022 ha sido la más alta en medio siglo, con un 54,98%, de un total de 39.002.239 personas registradas, y la más alta de los últimos veinte años en segunda, donde se alcanzó el 58,17%. Se podría decir, sin embargo, que el porcentaje de abstención sigue siendo elevado y deberían volcarse esfuerzos a favorecer una mayor participación.
Los resultados de las elecciones presidenciales certificados por la Registraduría situaron en primera vuelta a Gustavo Petro y Francia Márquez del Pacto Histórico, con un 40,34%, y a Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, con el 28,17%, siendo las candidaturas que se disputarían la segunda vuelta, en la que ganaría el primer tándem con el 50.44% de los votos, frente al 47,31% del segundo. Estos resultados no fueron contestados por ninguno de los candidatos que se presentaron en las dos vueltas. Se puede concluir, por lo tanto, que fueron la traslación correcta de lo votado, salvo algún posible fallo excepcional.
No obstante, queremos señalar la existencia de condiciones estructurales y malas prácticas que representan un serio limitante del ejercicio libre del sufragio activo y pasivo, como se ha podido comprobar en los meses previos a la cita electoral. En este informe nos ocuparemos más adelante de los fuertes condicionantes que la violencia política y social, la injerencia institucional, las diferentes fórmulas de constreñimiento y compra de votos o la parcialidad en los medios de comunicación representan a la hora de garantizar que los resultados finales sean la fiel expresión de la voluntad popular.
Baste adelantar en este apartado que, ante la multitud de errores e irregularidades detectadas en las elecciones legislativas de marzo, varias instituciones incluidas la MOE y el mismo CNE, se pronunciaron sobre la necesidad de realizar una auditoria internacional a todo el proceso y específicamente al software utilizado en sus diferentes etapas, del que se cuestionaba su transparencia e idoneidad. A pesar que el Ministerio de Hacienda anunció el 2 de mayo que tenía disponible una partida presupuestaria para la contratación de la Auditoría, esta nunca se realizó por decisión en última instancia de la Registraduría.
Evidentemente nuestra Misión no tenía entre sus competencias, ni tampoco la capacidad de, verificar el correcto funcionamiento de los programas y procesos informáticos utilizados, a los que varias entidades e instituciones apuntaban como presunta fuente principal de irregularidades o incluso de un posible fraude electoral, por lo que en toda honestidad no podemos certificar de forma fehaciente los resultados finales.
Por lo que se refiere a la observación directa llevada a cabo en los diferentes colegios electorales, queremos destacar que en todos ellos se cumplieron los horarios previstos de apertura y cierre, estando los elementos y materiales dispuestos adecuadamente, con personal disponible para facilitar la entrada y salida e información y los jurados de mesa (ya fueran los titulares o, en algunos casos, sustitutos) atendiendo perfectamente el desarrollo de las votaciones. Hay que dejar constancia que, en la gran mayoría de los casos, observamos una gran disposición de las personas miembros de las mesas para que el proceso se desarrollara con todo éxito.
No obstante, queremos apuntar que el hecho de que las mesas hayan estado conformadas por las mismas personas en la primera y segunda vuelta, que en principio puede tener un efecto positivo en lo que se refiere a experiencia y empoderamiento de los jurados, puede al mismo tiempo dar lugar a que se les pueda identificar y que puedan ser objeto de presión o compra.
En ninguno de los colegios en los que se realizó la observación se detectaron incidentes de seguridad u orden público reseñables y esta parece haber sido la tónica general en todo el país. Sólo hay que anotar y condenar el asesinato en la jornada electoral en primera vuelta de Nelly Bedolla, jurado de mesa en la vereda Nueva Colombia de Vista Hermosa, en el departamento del Meta.
Los equipos para las identificaciones biométricas, que han sido valoradas positivamente como herramienta garantista de prevención de fraude, se encontraron en muy pocos puestos de votación y además se constataron problemas de funcionamiento en algunos de ellos y ralentización del proceso.
Otra de las cuestiones destacadas tiene que ver con los testigos. Resulta reseñable la escasa presencia de estos, especialmente fuera de Bogotá, y se nos reportaron dificultades en la acreditación por parte de algunas candidaturas. Preocupa también que en diversas ocasiones comprobamos que estos no estaban debidamente identificados. El tema de los testigos es quizás uno de los que necesite mejorarse de forma más evidente, ya que es esta una de las figuras más importantes de salvaguarda ciudadana de la garantía del proceso democrático.
Creemos que un aspecto también a mejorar es la necesaria claridad sobre en qué puesto de votación va a votar el jurado de las mesas. Si van a votar en la mesa de votación en la que están registrados deberían anularse del censo de votación de la mesa en la que están ejerciendo labores de jurado o viceversa.
Un elemento que nos parece de suma importancia señalar es la falta de privacidad de los cubículos, a causa de un diseño excesivamente abierto y, en algunos casos, a cómo se habían dispuesto, lo que dificultaba la garantía del secreto de voto. En este sentido, también queremos anotar que en muchos casos se observó que las diferentes mesas estaban dispuestas a escasa distancia, de forma que se generaban aglomeraciones, confusiones y mayores dificultades para garantizar la privacidad en el voto.
Nos preocupa también la fuerte presencia comúnmente observada de elementos de la fuerza pública, claramente visibles y armados, en las inmediaciones y también dentro de los colegios electorales por el efecto intimidatorio para parte de la población que esto pudiera tener.
Sin duda, cabe colocar esfuerzos en procesos futuros en la garantía de accesibilidad universal. Se detectaron colegios sin accesibilidad para las personas con movilidad reducida y fuimos testigos de las grandes dificultades que algunas de ellas tuvieron que arrostrar para poder ejercer su derecho al voto. Además, en la mayoría de colegios se detectó que el kit de discapacidades sólo incluía la lectura en braille.
Se nos reporta la escasa atención que se le hace al enfoque diferencial étnico, tanto en lo que se refiere a las condiciones geográficas de las comunidades y las dificultades que ellas pueden suponer para el acceso a los centros de votación, como en lo que se refiere a la diversidad cultural y lingüística. A pesar de ello, podemos dejar constancia de la gran movilización sin precedentes que se produjo en la segunda vuelta entre las comunidades indígenas y afrocolombianas.
Tras el recuento en cada mesa, nos preocupa lo observado en algunos colegios, donde se centralizaba en un sólo punto la entrega de la documentación (sobre con votos emitidos y formulario E14), correspondiente recepción por parte del representante de la Registraduría y entrega posterior a los jurados de los certificados de participación. Es comprensible que, tras tantas horas de jornada, las personas que han ejercicio labores de jurado quieran acabar cuanto antes. Las aglomeraciones que se producían y el hecho de que las bolsas no estén cerradas en ese momento pueden suponer un riesgo para la debida custodia de los votos
Condicionantes para el libre ejercicio democrático
1- La violencia y sus consecuencias en las comunidades
La Defensoría del Pueblo emitía en febrero de este año una alerta temprana por “riesgos contra los mecanismos de participación democrática, en medio del conflicto armado que se vive en el país” con ocasión de los comicios convocados para el 2022. En los posteriores informes de seguimiento elevaba a 290 municipios, uno de cada cuatro en Colombia, aquellos en los que se valoraba un riesgo alto o extremo de que los ciudadanos se vieran restringidos en su posibilidad de elegir y ser elegidos. Se apuntaban entre otras causas a la persistencia de la violencia política hacia líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y colectivos, así como personas en proceso de reincorporación de las antiguas FARC; las barreras de acceso a puestos de votación y el déficit de cedulación en áreas rurales dispersas o la altísima polarización política generada por los cambios nacionales y territoriales con ocasión del Acuerdo de Paz.
En este sentido, la MOE advertía en un informe de 11 de mayo que “el período preelectoral de los comicios legislativos del 2022 se consolidó como el más violento de los últimos 12 años en Colombia”, siguiendo con la tendencia negativa observada desde el 2019. “Esta violencia se produce en un contexto de reconfiguración del conflicto, caracterizado por una consolidación de grupos armados ilegales, que han aprovechado el vacío dejado por la extinta guerrilla de las FARC”. “En comparación con el periodo preelectoral de 2018, para las elecciones legislativas de 2022, las agresiones contra los distintos liderazgos aumentaron en un 109%”.
La violencia política selectiva se ha mantenido durante el periodo previo a las elecciones presidenciales. Desde comienzos de año y hasta el 19 de junio del 2022, fecha de la segunda vuelta de las elecciones, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) registraba 90 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de DDHH (un 14% más que en el mismo periodo del año anterior), 21 asesinatos de personas firmantes del Acuerdo de Paz y 47 masacres cometidas por grupos armados, en las cuales han sido asesinadas 171 personas.
Esta situación tuvo uno de sus momentos álgidos durante el paro armado decretado por el grupo paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por cinco días a comienzos de mayo, afectando al menos a 98 municipios de 11 departamentos del país. . Durante este periodo este grupo demostró su control territorial absoluto sobre amplias zonas del norte del país, mediante el bloqueo de vías, incineración de vehículos y asesinatos de líderes y ciudadanos en general, provocando el confinamiento forzoso y el terror entre la población. Cabe reseñar que las autoridades no ofrecieron respuesta destacable a esta demostración de fuerza.
La actuación paramilitar tuvo una repercusión previsible en la interrupción de los actos de campaña electoral y fue leída por algún analista como una advertencia respecto al sentido del voto y a las posibles represalias que pudieran derivarse en el futuro. En diversas reuniones mantenidas en los territorios y con organismos del Estado se nos traslada que se tiene detectado la orientación y constreñimiento de voto efectivo en aquellos territorios controlados por las AGC.
El desplazamiento forzado es una de las acciones violentas que tiene una repercusión más grave en las comunidades. Mediante el uso de la violencia y las amenazas los grupos armados provocan el desplazamiento para hacerse con el control de los territorios, primordialmente para la explotación de las tierras en monocultivos, especialmente cultivos de uso ilícito, y para la extracción minera o petrolera.
El desplazamiento forzado afecta gravemente el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos y, de manera específica, la libertad de participar como candidatos o votantes en procesos electorales. Los ciudadanos desplazados no tienen garantías para ejercer el derecho al voto en las zonas de las cuales fueron expulsados y tienen grandes dificultades para registrarse para votar en las ciudades en las que se refugian.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en el 2021 hubo un 181% más de personas desplazadas en Colombia, con una cifra de al menos 73.974 personas, en su mayoría en Valle del Cauca, Magdalena, Arauca, Chocó y Nariño. Justo antes de la segunda vuelta de las elecciones, este organismo reportaba que en lo que iba de año se habían registrado 36.510 personas víctimas de desplazamiento forzado, mientras que otras 61.925 eran víctimas de confinamiento forzado.
El departamento más afectado por los desplazamientos es el Valle del Cauca, en el Suroeste del país, donde 3.237 familias, conformadas por 10.097 personas, tuvieron que abandonar sus casas en “26 eventos de desplazamiento masivo”. En un informe específico de OCHA de febrero de 2022 se registraba que sólo en la cuenca del Bajo Calima 5.000 personas que habían sido desplazadas y/o confinadas en el primer mes del año. Durante los seis meses previos, el municipio de Buenaventura había sido receptor de 13 desplazamientos masivos lo que había generado la incapacidad de las instituciones locales para dar respuesta a estas emergencias humanitarias. Hasta el momento la alcaldía municipal está atendiendo al menos 31 comunidades desplazadas desde el 2021 en el casco urbano de Buenaventura.
Miembros de la Misión de Observación Electoral se encontraron en Buenaventura con líderes de las comunidades desplazadas, los cuales transmitieron que sobre un millar de personas se encontraba en situación de hacinamiento y en condiciones de grave dificultad, con la imposibilidad del retorno a sus territorios. A pesar de que, con el apoyo de Defensoría, se había solicitado a la Registraduría que se trasladaran las mesas de votación a la cabecera municipal de Buenaventura para poder ejercer su derecho al voto, ya que las comunidades en su totalidad habían sufrido el desplazamiento, esta posibilidad fue desestimada por dicho organismo.
En la región del Pacífico se evidenció la imposibilidad o las grandes dificultades de acceder a los centros de votación en territorios poblados por comunidades indígenas, afrocolombianas o campesinas, lo que ha sido reportado en diversas reuniones a esta Misión, a causa del control de las vías de los grupos armados o simplemente por las grandes distancias a cubrir.
2- Violencia y represión contra la oposición política y social
En relación a la violencia como un grave condicionante al libre ejercicio democrático, queremos señalar particularmente la persistencia de la violencia y la represión ejercida contra militantes de partidos políticos o miembros de organizaciones sociales alternativas y de oposición, como uno de los factores que siguen vulnerando el derecho fundamental a la participación política en condiciones de seguridad y libertad.
La gran polarización política percibida en las campañas electorales y hasta la jornada de segunda vuelta de las presidenciales, aunada a amenazas y otras acciones violentas, han lesionado el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y coartando las garantías para la oposición política recogidas en el Acuerdo Final para la terminación del Conflicto Armado y en la propia Constitución Política.
A quince días de la primera vuelta de las presidenciales, la Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe en el que se afirma que, tradicionalmente, la violencia es un mecanismo más de competencia electoral en el país. Entre las víctimas registradas se encuentran mayoritariamente miembros de la Coalición del Pacto Histórico, seguidos por miembros del Partido Liberal y del Centro Democrático
Además de las numerosas denuncias que se realizaron en diversos territorios de amenazas y hostigamiento a integrantes o simpatizantes del Pacto Histórico, cabe destacar el asesinato de dos militantes de este partido: Ersaín de Jesus Ramírez Ospina, defensor de derechos humanos del municipio de Patía y Roberto Carlos Rivas, miembro de la Junta de Acción Comunal del municipio de Guapi, ambos en el departamento de El Cauca.
Durante la jornada electoral de la segunda vuelta, la Defensoría del Pueblo recibió la denuncia por ataques a miembros de la Primera Línea en el municipio de Nechí, departamento de Antioquia. Fue el mismo Defensor del Pueblo quien declaró que pese a estos hechos, las jornadas electorales se habían adelantado con relativa normalidad y tranquilidad, manifestando así mismo que se garantizó la voluntad de la ciudadanía.
Sin embargo, la Misión fue informada de los riesgos asumidos por personas miembros de las candidaturas electorales, quienes denunciaron públicamente y ante organismos de control y seguridad la existencia de actos intimidatorios y amenazantes semanas antes de la jornada electoral. De acuerdo con sus declaraciones, estos hechos tuvieron como principal consecuencia la cancelación de actos de campaña, como sucedió a comienzos de mayo en la zona del eje cafetero, por el temor a que se atentara contra la vida e integridad del candidato del Pacto Histórico. Su campaña señaló, mediante comunicado público, que los responsables de estos hechos serían miembros de la estructura paramilitar conocida como “La Cordillera”, que opera en esta zona. La decisión de cancelar su agenda responde, entre otras cosas, a los antecedentes de asesinatos a candidatos de oposición en periodos electorales anteriores.
Por otra parte, Juan Diego Gómez, el Presidente del Congreso en ese momento, hizo declaraciones públicas que relacionaron a la candidata Francia Márquez con la guerrilla del ELN. A partir de esas declaraciones, el análisis de riesgo contra la vida e integridad de la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico aumentó considerablemente, endureciendo los protocolos para la realización de la campaña. De hecho, el 22 de mayo tuvo que abandonar un acto electoral al ser hostigada, durante el pronunciamiento de un discurso, con un rayo láser de larga trayectoria dirigida hacia ella desde una distancia de 290 metros.
Así mismo, para la jornada electoral desarrollada el 19 de junio, los dos candidatos a la presidencia denunciaron amenazas en contra de su vida e integridad.
Respecto a la represión contra los movimentos sociales y sus liderazgos, queremos aquí dejar constancia en especial de la detención, en el marco de una serie de operativos policiales en varias ciudades del país, como Cali, Bucaramanga o Medellín, de un gran numero de jóvenes y de líderes sociales a los que se vinculó a la protesta social en el marco del Paro Nacional y se les acusó de terrorismo.
El día 15 de junio de 2022, a solo cuatro días de la celebración de las elecciones presidencial en segunda vuelta, se comenzaron a recibir denuncias de la captura de 32 jóvenes relacionados con las jornadas de protesta e integrantes de lo que se conoció como Primeras Lineas, que surgieron como grupos de defensa de las personas que ejercieron su derecho a la protesta social, ante el uso excesivo de la fuerza por parte de la los cuerpos de seguridad del Estado. En total se registraron 267 detenciones efectuadas desde el estallido del Paro Nacional. Las medidas de detención fueron emitidas por la Fiscalía, que adujo indicios de nuevas manifestaciones sociales que pudieran darse frente a posibles fraudes electorales o discrepancia con el resultado electoral.
De acuerdo con el sentir de las organizaciones sociales que denunciaron dichas detenciones y las calificaron como arbitrarias y graves por la envergadura de los cargos que se les imputaron a las personas detenidas; igualmente manifestaron que las medidas de privación de libertad respondía a una estrategia para impedir, desestimular y obstaculizar el ejercicio de participación política, en consonancia con el ejercicio de sus liderazgos políticos, sociales y/o comunales. Es por esto que diferentes organizaciones sociales nacionales e internacionales hicieron un llamado al gobierno colombiano para que se implementen medidas efectivas encaminadas a la protección de la vida y la libertad de los jóvenes, líderes y lideresas que participaron en el Paro Nacional.
Queremos dejar constancia en este informe que lo anteriormente descrito plantea una particular preocupación a esta Misión de Observación respecto al hecho de que a muchas de estas personas no se les garantizó el derecho ciudadano al voto, a pesar de encontrarse en prisión en calidad de sindicados, es decir, el proceso judicial no ha sido resuelto en su contra. Si bien es cierto que, de acuerdo a la legislación vigente, las personas que están en prisión sin haber recibido condena (más de 23.000 en Colombia) tienen garantizado ese derecho, lo cierto es que este no siempre se cumple. Este fue el caso de todas las personas recientemente ingresadas en la cárcel, cuya inscripción en el censo electoral carcelario no se llevó a cabo dada la premura misma del desarrollo de los comicios.
También queremos señalar la muy difícil situación en la que la población privada de libertad se encuentra en Colombia. Se nos reportaron graves problemas de hacinamiento, sanitarios, de acceso al agua o a una alimentación adecuada, entre otros, hasta el punto de que la Corte Constitucional ha declarado en varias sentencias la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario (T-153 de 1998; T-388 de 2013; T-282 de 2014, entre otras, y sus informes de seguimiento). A esta situación hay que añadir la denegación del derecho al voto a la que están sometidas todas aquellas personas condenadas por cualquier delito, mientras que sirven su pena, lo cual es una prescripción desproporcionada y contraria a los estándares internacionales.
Finalmente, anotamos que diversas organizaciones sociales, a lo largo de la campaña electoral, manifestaron el temor por el riesgo relacionado a las labores de apoyo a determinadas candidaturas en medio de acciones armado, especialmente en aquellas zonas en el que el conflicto sigue siendo persistente, como ocurrió en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca.
También se advirtió de la necesidad de contar con protocolos de atención a la agresiones basadas en genero contra las mujeres que ejercen o aspiran a cargos de elección popular. En diversos informes sobre la situación de derechos humanos se percibe el aumento de estas agresiones contra las mujeres pertenecientes a movimientos políticos y sus familias.
3- Injerencia Institucional
La Misión ha tenido conocimiento de actuaciones consideradas como injerencias institucionales que ya venían presentándose desde la campaña de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, manteniéndose también en la segunda vuelta. Estas injerencias, consideradas en la legislación electoral colombiana como actos de vulneración a la libertad en el ejercicio de los derechos políticos, constituyen violaciones a los artículos 127 y 219 de la Carta Constitucional, así como de las leyes 734 de 2002 y 996 de 2005, normas que establecen la prohibición a servidor público de intervenir en política electoral, utilizar su cargo para realizar acciones proselitistas y emitir opiniones controvertidas acerca del planteamiento de grupos o movimientos políticos que participen en la contienda electoral.
Por parte de la Procuradora General de la Nación, fueron reportadas 95 quejas durante la jornada electoral de segunda vuelta, en su mayoría, por presunta intervención en política y posible coacción en el elector por parte de funcionarios públicos. Una cifra menor a la que dia a conocer el MOE para la primera vuelta, en la que se reportaron 207 denuncias.
Los hechos con más repercusión y que revistieron mayor gravedad estuvieron directamente relacionados con las actuaciones y declaraciones de representantes de importantes instituciones gubernamentales, con cargos de influencia sobre el electorado.
Desde el mes de abril de 2022, por medio de las redes sociales, el Comandante del Ejército Nacional de Colombia, General Eduardo Zapateiro Altamiranda hizo declaraciones políticas no permitidas a las fuerzas militares, especialmente contra el candidato Gustavo Petro, lo que ameritó que la Procuraduría General de la Nación abriera diligencias preliminares por incurrir en participación política. Las organizaciones sociales manifestaron que estas declaraciones son una interferencia en las elecciones y podían constituir un mensaje a la fuerzas armadas para no respetar el posible resultado de las elecciones presidenciales en caso de ganar la candidatura alternativa. El impacto de estas declaraciones influyó en la segunda vuelta, en tanto no se adelantaron procedimientos de rectificación por parte de el General Zapateiro y éste se encontraba aún al mando durante la jornada electoral del 19 junio de 2022.
Durante la campaña, el mismo Presidente Iván Duque Márquez, manifestó en repetidas ocasiones abiertamente opiniones sobre la contienda electoral y en especial criticó públicamente las posiciones del candidato Gustavo Petro, por lo cual fue denunciado. Un acto que provocó bastante alarma pública fue la convocatoria hecha por el Presidente a la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) el 21 de abril en Cartagena, a la que asistieron 800 alcaldes y a los que únicamente pudo dirigirse el candidato presidencial Federico Gutiérrez. Varios de los ediles mostraron públicamente en ese acto su apoyo a este candidato.
Otra acción que se calificó como injerencia institucional fue la decisión del Presidente de citar, 48 horas antes de la celebración de las elecciones, a funcionarios de todo el país, con funciones de escrutadores en las elecciones, a una reunión oficial de ultima hora. Esta citación fue entendida por sectores de la sociedad civil como una conducta que atentaba contra la transparencia electoral y la tranquilidad del electorado en la imparcialidad de los funcionarios escrutadores.
Finalmente, las medidas de suspensión de cargos de elección popular a alcaldes y funcionarios de varias ciudades por parte de la Procuraduría General de la Nación, especialmente el caso de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, bajo el cargo de participación indebida en política, se cuestionaron por no respetar los procedimientos de la ley electoral para el reemplazo de cargos de elección popular, lo que generó preocupación en la ciudadanía ante la falta de credibilidad en los estándares de transparencia para la jornada electoral que pudieran garantizar los nuevos cargos electos.
4- Parcialidad de los medios y odio en las redes sociales
La Ley 130 de 1994, artículo 27, sobre garantías en la información y artículo 28, sobre el uso de servicio de la radio privada y los periódicos, ordena garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la imparcialidad de los medios de comunicación. En el mismo sentido, la Ley 996 de 2005, conocida como la ley de garantías (artículos 22 al 28) y la Ley Estatutaria 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, (artículos del 35 al 38) reglamentan el comportamiento mediático a favor de la pluralidad y la calidad de la información en periodos electorales en Colombia.
A pesar de este amplio marco normativo, el tratamiento mediático en igualdad de condiciones no se ha llevado a la práctica. Desde la observación realizada por esta Misión se pudo comprobar un desequilibrio informativo (igualmente reseñado por otras misiones, como la del Centro Carter), no solo en términos de tiempo concedido a cada candidatura en los medios, sino en la calidad y veracidad en el manejo de la información. Dicha parcialidad de los medios, sobre todo aquellos que forman parte de monopolios mediáticos, se dirigió en mayor medida en detrimento de las candidaturas de la coalición política Pacto Histórico.
Igualmente, en artículos de opinión y editoriales, que gozan de cierta libertad para expresar preferencia o no por uno grupo político y sus candidatos, se tendió a abusar de dicho formato para confundir a los lectores con afirmaciones que si bien podían ser opiniones personales, no se fundamentaban en hechos o información veraz. A modo de ejemplo, valga reseñar la columna de opinión de la periodista Ana Cristina Restrepo, el 11 de mayo en El Colombiano, titulada “La reina Isabel”, en la cual presenta a los miembros del Movimiento Ríos Vivos como sujetos manipulados por la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien fue presidenta de dicho movimiento.
Por la misma vía, se identificó que medios informativos de gran audiencia fueron altavoces de críticas racistas y clasistas respecto a Francia Márquez. Esta práctica se dio en diferentes escenarios de la producción editorial, tanto en aquello que involucran la participación de sus propios periodistas (los comentarios de Paola Ochoa y Néstor Morales de Blu Radio son un ejemplo de ello), como la cobertura a los realizados por personajes famosos (sirvan para ilustrar este hecho las afirmaciones de Maureen Belky Ramírez, Marbelle), esto a través de artículos que no cumplen estándares de noticiabilidad en una contienda electoral.
Así mismo, sirvieron de altavoces para replicar ataques dirigidos contra el candidato Gustavo Petro. Uno de los ejemplos más llamativos fueron el artículo aparecido en el periódico El Tiempo el 9 de mayo en el que se le intentaba relacionar con el grupo paramilitar del Clan del Golfo y la portada de la revista Semana a un día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se leía “Elecciones ¿Exguerrillero o Ingeniero?”, poniendo en escena un uso tendencioso del discurso, mediante el empleo de una contraposición que, entre otras cosas, obvia el título del candidato Gustavo Petro como Economista y establece el foco de atención de la audiencia sobre un pasado que se presupone negativo y que es, en últimas, lo que le define más allá de sus estudios; por otro lado, la definición con la que se compromete el medio frente al candidato, Rodolfo Hernández, fija la atención de las y los lectores en el título de Ingeniero, sentando como precedente su formación universitaria.
Según informe del Consejo Nacional Electoral, presentado el 26 de mayo a las delegaciones de observadores internacionales, en base a los datos reportados hasta el momento de su elaboración por los diferentes medios de comunicación, en cumplimiento del artículo 25 de la ley 996 del 2005, se constaba que “el candidato que recibió mayor cobertura mediática fue Federico Gutiérrez con 76.482 segundos, seguido por Rodolfo Hernández con 51.421 segundos, Gustavo Petro con 47.046 segundos, Sergio Fajardo con 43.540 segundos, Enrique Gómez con 39.805 segundos, y John Milton Rodríguez con 26.887 segundos”. Anotamos aquí que los datos enviados por los propios medios no habían sido fiscalizados, ni contrastados. Tampoco creemos que un análisis que exclusivamente refleje el tiempo contabilizado puede estimar correctamente el equilibrio informativo, si no se tiene en consideración la calidad y rigurosidad de la información.
En nuestra opinión se pueden identificar dos causas fundamentales que originan dicha disparidad en el tratamiento mediático a las candidaturas electorales, factores que precisamente por ser estructurales necesitan de una atención urgente, ya que limitan la sana democracia que se fundamenta en la pluralidad de la información y el equilibrio informativo en general. Las causas a las que nos referimos son:
– La concentración de la propiedad de los medios. En el informe “¿De quién son los medios en Colombia? realizado por FECOLPER (Federación Colombiana de Periodistas) y Reporteros Sin Frontera en el 2015, tres grupos empresariales (Santo Domingo, Ardila Lülle y Sarmiento Angulo) concentran el 57% de la audiencia en radio, internet y prensa. Los mismos son propietarios de las tres cadenas privadas de televisión con mayor audiencia (Caracol Televisión, RCN y City TV, respectivamente). En enero del 2022, el medio digital La Silla Vacia actualizaba la información, confirmando la concentración de los medios en manos de las familias más ricas del país.
– La histórica tendencia de estos medios a discriminar propuestas políticas alternativas, ya sea con la invisibilización de sus propuestas o bien, a construir representaciones sociales de estas que conducen a la estigmatización, y consecuente polarización, con la creación de asociación de sus propuestas con grupos ilegales o subversivos, el comunismo, expropiación, Venezuela, entre otros.
Se puede afirmar así que medios como El Tiempo, Semana, El Colombiano, RCN, Caracol, entre otros, han favorecido en su cobertura a grupos políticos más afines ideológicamente, en detrimento de otros con propuestas políticas más sociales e inclusivas, lo cual ha contribuido a generar desconfianza entre el público.
Como bien lo indica el informe anual del Instituto Reuters: “La confianza general en las noticias ha descendido tres puntos porcentuales desde el 40% registrado en el informe anterior. Además, la confianza en las noticias que cada persona consume ha bajado 6 puntos porcentuales (del 45% al 39%), un dato muy probablemente relacionado con la creciente polarización de los medios por las elecciones presidenciales y legislativas”.
En cuanto a las Redes Sociales (RRSS) se constató una degradación del discurso político relegado a tácticas de marketing y manipulación emocional, propias de estos medios cada vez más influyentes. El formato de las RRSS al no facilitar la argumentación, elemento fundamental para transmitir contenidos políticos, ha sido clave para la estrategia de campaña de algunos candidatos, como fue el caso de Rodolfo Hernández, que optaron por la influencia de las emociones más que por la razón.
Contrario a lo indicado por la citada Ley 996 de 2005, que en su artículo 24 prohibe que las propagandas electorales puedan contener mensajes alusivos a otros candidatos, ni a los distintivos y lemas de sus campañas, se identificó que las RRSS se utilizaron por parte de algunas candidaturas para atacar a los contrincantes. Según la investigación realizada por el medio digital La Silla Vacía se demostró el pago de cifras millonarias para contratar publicidad engañosa orientada a menoscabar la imagen pública del candidato presidencial a la primera vuelta Sergio Fajardo y con mayor fuerza contra el candidato Gustavo Petro.
Dicho trabajo investigativo, además de confirmar un uso “irresponsable” de tácticas de influencia emocional orientadas no solo a la crispación sino a la desinformación, muestra que se incurrió en acciones en contra de la normativa estatal sobre la propaganda electoral. Con lo cual se recomienda una investigación penal sobre quiénes son los responsables de este tipo de acciones ilegales.
De todas las campañas, quien más sacó renta de las RRSS ha sido la del candidato Rodolfo Hernández, quien basó toda su comunicación política en una estrategia de publicidad limitando el debate razonado hasta el punto de negarse a participar en el debate televisivo para la segunda vuelta. Hasta el día de la redacción de este informe no se tiene conocimiento de las consecuencias de su no acatamiento a la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se obligaba a ambos participantes a participar en el debate.
Igualmente, en las RRSS se pudo comprobar el racismo estructural que permeó la escena pública con ataques contra la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez, no solo por parte de un sector de la ciudadanía, sino de algunos personajes de la farándula y figuras políticas, lo que resulta especialmente grave, por su impacto en la opinión pública y la exigible responsabilidad que ello conlleva.
5- Compra y constreñimiento del voto
La campaña electoral no solo transcurrió en un contexto de intranquilidad social debido a los factores de violencia, sino que además tuvo que realizarse dentro de un debilitado marco legal que previniera y evitara prácticas corruptas por parte de responsables de la administración pública.
Con el argumento de fortalecer la reactivación económica en las regiones, aprovechando en octubre del 2021 el trámite de aprobación de los presupuestos del 2022 y apoyándose en su bancada mayoritaria en el congreso, el gobierno introdujo reformas a la Ley 996 de 2005 -Ley de Garantías- la cual prohíbe a las entidades locales, departamentales o estatales celebrar contratos en la modalidad directa durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha en la cual el Presidente de la República sea elegido.
La mencionada reforma permitió que el Estado pudiera celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación en 2022, lo que fue interpretado por observadores y expertos como una clara apertura para que ocurrieran prácticas clientelistas, que direccionaran el voto en las regiones.
De hecho, mientras se esperaba el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que finalmente se produjo el 5 de mayo de 2022 declarando inconstitucional la mencionada reforma, se firmaron más de 600 mil contratos por un valor aproximado a los 840 millones de dólares, lo que probablemente significó un importante deterioro en las garantías de igualdad e imparcialidad que debieron ofrecer las administraciones locales a todas las fuerzas políticas participantes en los comicios. Aunque la Corte Constitucional obligaba a la suspensión de los contratos efectuados gracias a esta modificación y a la devolución del dinero desembolsado, lo cierto es que los efectos perniciosos en el normal desarrollo de la campaña electoral que se pudieran haber ocasionado ya era irreversibles.
De otro lado, el derecho al voto fue amenazado reiteradamente por parte de empresarios, líderes gremiales y funcionarios de gobierno que buscaron intencionadamente coaccionar a la ciudadanía para que desistiera de votar en favor del candidato que representaba la alternancia al poder y en cambio optara por el continuismo defendido por el partido de gobierno.
Hubo varias denuncias documentadas sobre la forma en que directivas de empresas y centros productivos reunieron a sus plantillas para advertirles sobre las consecuencias negativas que conllevaría un triunfo de la izquierda para la conservación de sus puestos de trabajo o que directamente obstaculizaron el ejercicio de su derecho a votar, contraviniendo los artículos 57 y 59 del Código sustantivo del Trabajo. También se amenazó con el despido a aquellas personas que decidieran votar por el candidato Gustavo Petro constituyendo una flagrante violación al artículo 387 del Código Penal que tipifica el delito de constreñimiento al sufragante.
Se nos ha informado de la persistencia de la práctica ilícita de compra de votos en muchas regiones del país. Durante las jornadas electorales, fueron sorprendidas personas en inmediaciones de los centros electorales portando altas sumas de dinero junto con listas impresas de votantes. Igualmente se denunciaron masivos e imprevistos cobros de giros en efectivo en establecimientos de Cali, justo dos días antes de que se habilitara el acceso a las urnas. Nuestra Misión pudo comprobar al menos un caso de entrega de alimentos por parte de una campaña junto a un colegio electoral en Bogotá y se nos reportaron comportamientos por parte de ciertos individuos en las inmediaciones de otros colegios que parecían indicar práctica de compra de votos.
Esta práctica de transacciones alrededor del voto, que aún parece muy arraigada en la forma de gestión de algunas fuerzas políticas, permanece como un factor de riesgo importante para la obtención de unos resultados que reflejen con mayor veracidad la opinión de la ciudadanía.
Otro problema que se nos reportó en numerosas reuniones es la falta de un control efectivo de la financiación de las campañas electorales. El CNE es la institución encargada de esta tarea, pero se ve limitada porque por un lado las campañas no están obligadas a reportar en tiempo real sus ingresos y gastos, si no a realizar un informe posterior a las elecciones y en segundo lugar por la poca capacidad de inspección y confirmación de datos que este organismo tiene.
Recomendaciones finales
A partir de la observación realizada y de la información que se nos ha compartido en las reuniones mantenidas, realizamos las siguientes RECOMENDACIONES Y PETICIONES:
- Instamos a las autoridades electorales colombianas y al conjunto de las instituciones del país a atender las recomendaciones hechas públicas por la MOE, y especialmente las presentadas el 29 de julio pasado, para mejorar la calidad de los procesos electorales.
- Instamos a las autoridades colombianas a implementar todas las medidas a su alcance para garantizar el libre ejercicio del voto, tanto en lo que se refiere a la mejora de las condiciones del proceso de votación, como las que se refieren a los condicionantes arriba expresados.
- En aras a favorecer una mayor participación, recomendamos promover prácticas de educación y formación ciudadana para fortalecer la cultura electoral. También recomendamos habilitar un sistema de votación más descentralizado, flexible y seguro, para evitar los largos desplazamientos de algunas comunidades hasta sus centros de votación, así como la imposibilidad de ejercer su derecho por haber sido desplazadas forzosamente.
- Recomendamos a las autoridades electorales a realizar un ejercicio de transparencia del funcionamiento de los sistemas informáticos utilizados, sometiéndolos a una auditoría externa y especializada.
- Recomendamos que se facilite la acreditación de testigos electorales por parte de las diferentes candidaturas en liza, así como el reconocimiento público de su labor como garantes de la rectitud del proceso en la jornada electoral.
- Recomendamos mejorar las condiciones de los colegios electorales, asegurar su accesibilidad universal, garantizar la privacidad del ejercicio del voto y eliminar la presencia de fuerza pública armada en su interior.
- Instamos al nuevo gobierno a hacer esfuerzos especiales para eliminar la violencia sobre las comunidades y la represión y amenazas hacia las organizaciones sociales y políticas y sus líderes. Le instamos a la implementación plena del Acuerdo de Paz con las FARC del 2016, a adelantar gestiones para restablecer el proceso de negociación con el ELN y a adoptar un compromiso firme con el proceso de construcción de Paz en su conjunto.
- Instamos a las autoridades colombianas a atender las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, respondiendo a ellas de forma integral, más allá del despliegue de pie de fuerza policial y militar, con políticas públicas que tiendan a mejorar las condiciones de vida y el acceso a la justicia de las comunidades.
- Instamos a las autoridades colombianas, especialmente a la Fiscalía, a acabar con las prácticas de criminalización y judicialización de la protesta social y de la oposición política o social. En particular, instamos a anular todas las causas que se siguen contra participantes del Paro Nacional. Instamos al nuevo gobierno a implementar políticas que garanticen unas condiciones dignas de las personas privadas de libertad en las cárceles del país.
- Instamos a las autoridades colombianas a abstenerse de cualquier injerencia en las campañas electorales, manteniendo su papel de neutralidad y equidistancia ante las distintas candidaturas que se presenten a los comicios.
- Instamos a los medios de comunicación y al conjunto de las formaciones políticas a desarrollar una política de información electoral equilibrada, veraz y alejada de las campañas de odio y de discriminación, especialmente en lo que se refiere a personas en situación de vulnerabilidad y/o racializadas. Recomendamos que el incumplimiento de estos principios tenga un efecto jurídico y penal.
- Recomendamos una legislación específica para el uso de la Redes Sociales en periodo electoral, por parte de las diferentes campañas y los medios, de modo que estas tengan un marco normativo acorde con el resto de vías de información y propaganda.
- Instamos a las autoridades colombianas a atajar de forma efectiva la práctica de la compra del voto, mediante una legislación y una actuación policial más contundente. Recomendamos un control efectivo sobre la financiación de las campañas electorales, mediante el reporte en tiempo real de sus ingresos y gastos.
ANEXO
INTEGRANTES de la Misión de Observación Electoral del Interparlamentario por la Paz en Colombia
Diputadas y diputados
- Álvaro Sanz Remón, Diputado de las Cortes de Aragón (G.P. mixto – Izquierda Unida).
- Ana Mª Miranda Paz, responsable del BNG en el Europarlamento (Grupo Verdes/Alianza Libre Europea).
- Antón Gómez-Reino Varela, Diputado por A Coruña en el Congreso de los Diputados (G.P. Confederal de Unidas Podemos – En Comú Podem – Galicia en Común).
- Carmelo Barrio Baroja, Diputado del Parlamento vasco (G.P. Vasco Popular-Ciudadanos). Miembro del Intergrupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia del Parlamento Vasco.
- Gorka Elejabarrieta Díaz, Senador por Guipuzkoa (G.P. Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu).
- Iñigo Iturrate Ibarra, Diputado del Parlamento vasco (G.P. Euzko Abertzaleak – Nacionalistas Vascos). Miembro del Intergrupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia del Parlamento Vasco.
- Iñigo Martinez Zatón, Diputado del Parlamento vasco (G.P. Elkarrekin Podemos – Izquierda Unida). Miembro del Intergrupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia del Parlamento Vasco.
- Ismael Sánchez Castillo, Diputado del Parlamento de Andalucía (G.P. Unidas Podemos).
- Miren Gallástegui Oyarzábal, Diputada del Parlamento vasco (G.P. Socialistas Vascos). Miembro del Intergrupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia del Parlamento Vasco.
- Oihana Etxebarrieta Legrand, Diputada del Parlamento vasco (G.P. EH Bildu). Miembro del Intergrupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia del Parlamento Vasco.
- Roser Maestro Moliner, Diputada por Valencia en el Congreso de los Diputados (G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común).
- Serigné Mbaye Diouf, Diputado de la Asamblea de Madrid (G.P. Unidas Podemos).
- Sofía Fernández Castañón, Diputada por Asturias en el Congreso de los Diputados (G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común).
Asesora Parlamentaria
- Esther Miranda Zapata (Política Internacional de Podemos)
Miembros de organizaciones no gubernamentales que participarán también en la Misión:
- Carolyn Phippard Elliott, miembro del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África (CEDSALA).
- Guylaine Roujol Perez, presidenta de AYDENCO.
- Javier Moya Equiza, miembro de CEDSALA y del Espacio de Coordinación de Plataformas y Organizaciones de Solidaridad con Colombia del Estado Español.
- María Villar García Monreal, miembro de CEDSALA.
